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Activistas de Greenpeace escalando la chimenea de una térmica de carbón para pedir más energías renovables y menos CO2.
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Una herramienta clave para el cumplimiento de Kioto es el comercio de emisiones, que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2005 en el ámbito europeo, y a escala internacional dará su primer paso en 2008. Este sistema aplica un precio a la contaminación por CO2 con el objetivo de internalizar los costes medioambientales debidos a las emisiones de gases de efecto invernadero en las actividades industriales. Los gobiernos tienen derecho a regalar unas cuotas de contaminación (derechos de emisión) a los sectores afectados (generación de electricidad, refinerías, coquerías, parte de la cogeneración, cemento, cerámica y vidrio; siderurgia; papel-cartón y pulpa de papel) con el objeto de paliar la supuesta imposibilidad de estos sectores de pasar al precio del producto el aumento de costes de producción debido al pago de sus emisiones de CO2.
En el Plan Nacional de Asignación (PNA), el Gobierno establece cuántos derechos de emisión va a regalar a cada sector y a cada instalación.
El primer PNA (2005-2007) de todos los países europeos asignó tantos derechos de emisión que resultaron superiores a las emisiones reales de los sectores afectados, generando así una caída abrupta del precio del CO2 en el mercado de emisiones haciéndolo caer de unos 30€/tonelada de CO2 a pocos céntimos de €.
El factor más importante del mercado de emisiones es que se logre un precio muy alto de la tonelada de CO2, para que cada vez resulte más rentable al sector industrial invertir en renovar sus instalaciones y su forma de producir a una forma más respetuosa con el medio ambiente, frente a pagar sus emisiones.
Greenpeace ha estado aportando durante el último año, en la Comisión Nacional de Clima, a la elaboración del PNA2 (2008-2012) español para que garantizara el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Sin embargo Greenpeace considera que el PNA2, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 20 de julio, permitirá a la industria aumentar sus emisiones un 28% sin pagar. Esto significa una subvención extra a la industria por valor de 230 millones de euros al año para que excedan el límite marcado por Kioto. De hecho el PNA2 considera que tan sólo conseguiremos reducir nuestras emisiones hasta alcanzar un 37% de aumento de emisiones, sobre los niveles de 1990. Greenpeace opina que es inadmisible apuntar a tan poca reducción de emisiones por que no contribuye a cumplir con el propósito de Kioto, que lo que pretende es reducir las emisiones, no que se paguen por ellas a través de sumideros de carbono y mecanismos de desarrollo limpio.
Es por lo tanto imprescindible que el reparto de los derechos de emisión se haga de manera compatible con el cumplimiento de Kioto y que se asegure el necesario cambio de tendencia en estos sectores para reducir sus emisiones, pero en ningún caso es aceptable el pago con dinero público de las emisiones en caso de que estos sectores no cumplan con los objetivos que se les asigne, ya que escaparían de sus obligaciones de reducción.
La Directiva que establece el comercio de emisiones contempla una fase piloto para el período 2005-07 y otra para el período 2008-12, y cubre los sectores antes mencionados, que son responsables de un porcentaje estimado entre el 45% y el 50% de las emisiones de CO2 correspondientes al año 2001 en España. Esta misma establece los criterios que han de aplicarse para asignar los derechos de emisión a estos sectores.
Más información.-
- El Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión (PNA)
- Estrategia Española para cumplir Kioto
- La política energética española: tendencia al incumplimiento
- El modelo eléctrico español
- Centrales térmicas y proyectos
- Compañías eléctricas españolas
- Como salvar el clima
En el Plan Nacional de Asignación (PNA), el Gobierno establece cuántos derechos de emisión va a regalar a cada sector y a cada instalación.
El primer PNA (2005-2007) de todos los países europeos asignó tantos derechos de emisión que resultaron superiores a las emisiones reales de los sectores afectados, generando así una caída abrupta del precio del CO2 en el mercado de emisiones haciéndolo caer de unos 30€/tonelada de CO2 a pocos céntimos de €.
El factor más importante del mercado de emisiones es que se logre un precio muy alto de la tonelada de CO2, para que cada vez resulte más rentable al sector industrial invertir en renovar sus instalaciones y su forma de producir a una forma más respetuosa con el medio ambiente, frente a pagar sus emisiones.
Greenpeace ha estado aportando durante el último año, en la Comisión Nacional de Clima, a la elaboración del PNA2 (2008-2012) español para que garantizara el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Sin embargo Greenpeace considera que el PNA2, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 20 de julio, permitirá a la industria aumentar sus emisiones un 28% sin pagar. Esto significa una subvención extra a la industria por valor de 230 millones de euros al año para que excedan el límite marcado por Kioto. De hecho el PNA2 considera que tan sólo conseguiremos reducir nuestras emisiones hasta alcanzar un 37% de aumento de emisiones, sobre los niveles de 1990. Greenpeace opina que es inadmisible apuntar a tan poca reducción de emisiones por que no contribuye a cumplir con el propósito de Kioto, que lo que pretende es reducir las emisiones, no que se paguen por ellas a través de sumideros de carbono y mecanismos de desarrollo limpio.
Es por lo tanto imprescindible que el reparto de los derechos de emisión se haga de manera compatible con el cumplimiento de Kioto y que se asegure el necesario cambio de tendencia en estos sectores para reducir sus emisiones, pero en ningún caso es aceptable el pago con dinero público de las emisiones en caso de que estos sectores no cumplan con los objetivos que se les asigne, ya que escaparían de sus obligaciones de reducción.
La Directiva que establece el comercio de emisiones contempla una fase piloto para el período 2005-07 y otra para el período 2008-12, y cubre los sectores antes mencionados, que son responsables de un porcentaje estimado entre el 45% y el 50% de las emisiones de CO2 correspondientes al año 2001 en España. Esta misma establece los criterios que han de aplicarse para asignar los derechos de emisión a estos sectores.
Más información.-
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