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El Gran Bosque de Agua (corredor biológico Ajusco-Chichinautzin), una 
región prioritaria para el DF, Estado de México y Morelos.

El Gran Bosque de Agua (corredor biológico Ajusco-Chichinautzin), una región prioritaria para el DF, Estado de México y Morelos.

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Cada día, el Gran Bosque de Agua pierde una superficie equivalente a nueve canchas de fútbol. Esto significa que cada año se pierde irreversiblemente el 2 por ciento de este bosque. Si no se toman medidas urgentes para revertir esta situación, en las próximas cinco décadas este corredor biológico podría desaparecer completamente, lo que representa una seria amenaza para la viabilidad del centro del país.

Los incendios forestales, la conversión del bosque en zonas de cultivo y potreros, la extracción de suelo, la cacería furtiva y la introducción de especies exóticas son algunos de los factores que comprometen la biodiversidad y la existencia del Gran Bosque de Agua. Sin embargo, sus principales amenazas son el acelerado y descontrolado crecimiento de las zonas urbanas y la tala desmedida que se da en algunas regiones de este magnífico bosque.

A pesar de que con las áreas naturales protegidas (ANP) se busca garantizar la integridad biológica y ecológica de la región, el Gran Bosque de Agua desaparece a un ritmo de 2 mil 400 hectáreas por año. La existencia de parques nacionales como el Miguel Hidalgo-La Marquesa, el Desierto de los Leones, el Ajusco, las Lagunas de Zempoala, el Tepozteco, y otros esquemas de protección como las reservas forestales del volcán El Pelado y el volcán Tláloc, así como el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin, no han logrado revertir esta situación. De hecho, en algunos casos, es precisamente dentro de las ANP donde los problemas se presentan de manera más aguda.

La principal amenaza que enfrenta el gran bosque de agua es el avance de la mancha urbana, particularmente en el Distrito Federal. A pesar de que en la actualidad todavía el 59 por ciento del territorio de la Ciudad de México corresponde a zonas rurales y forestales destinadas a la conservación ecológica, este porcentaje está cayendo rápidamente. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), en los últimos 60 años la zona urbana ha crecido alrededor de una hectárea al día.

De acuerdo con el INEGI, la población del Distrito Federal y su zona metropolitana pasó de 1 millón 654 mil habitantes en 1940, a 17 millones 787 mil personas en 2000. Este aumento en la población se refleja en el crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México y su zona conurbada, la cual aumentó 8.5 veces su tamaño en el mismo periodo y pasó de ocupar una superficie de 57 mil 660 hectáreas a 492 mil 500 hectáreas.

Si únicamente tomamos en cuenta el territorio del Distrito Federal el efecto es aún más dramático ya que, entre 1940 y 2000, la zona urbana de esta ciudad aumentó más de doce veces su tamaño. Aunque inicialmente este crecimiento se dio hacia los municipios conurbados, en la década de 1960 la mancha urbana comenzó a extenderse hacia el sur y el poniente, sobre las delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco y, posteriormente, a Milpa Alta. A partir de la década de 1970 la mayor parte del crecimiento urbano del Distrito Federal se dio sobre el suelo de conservación, afectándolo irreversiblemente y comprometiendo la existencia del bosque.

Este crecimiento urbano ha desbordado a las autoridades, quienes no han sido capaces de contener la expansión de los pueblos hacia áreas rurales ni el establecimiento de asentamientos irregulares, de desarrollos inmobiliarios de clase media y alta y los megadesarrollos comerciales. Esta situación se ve agravada por el hecho de que el único territorio disponible para que el Distrito Federal continúe creciendo es justamente la zona rural y forestal.

La existencia de las autopistas México-Cuernavaca y México-Toluca, de las carreteras Picacho-Ajusco, camino a los Dinamos, la que atraviesa Desierto de los Leones, Ajusco-San Miguel Xicalco, Topilejo-Milpa Alta, México-Oaxtepec, México-Cuernavaca, México-Santiago Tianguistengo y México-Toluca, aunadas a una red de más de 400 kilómetros de terracerías (sólo en el DF) ha facilitado la transformación de zonas rurales y forestales en áreas urbanas. Actualmente hay 804 asentamientos irregulares que albergan a más de 59 mil familias en una superficie de 2 mil 400 hectáreas localizadas, principalmente, en las delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco, es decir, donde se ubica la mitad del suelo de conservación del Distrito Federal.

De acuerdo con información del INEGI, hasta el año 2000 dentro del Gran Bosque de Agua habían 206 localidades, en las que viven más de 56 mil personas, principalmente concentradas en cuatro poblados: Huitzilac, Tres Marías, Tepoztlán y Santa Catarina.

El crecimiento de la mancha urbana sobre las áreas rurales y boscosas implica un cambio irreversible. Los asentamientos irregulares se establecen, principalmente, en las áreas destinadas a la agricultura y los pastizales. Esto obliga a los campesinos a transformar las zonas boscosas en tierras aptas para la introducción de cultivos. Así, en el Distrito federal, entre 1994 y 2000, las zonas urbanas ubicadas en zonas boscosas y rurales tuvieron un incremento de 7.3 por ciento, mientras que las áreas agrícolas aumentaron 0.5 por ciento y los bosques disminuyeron a un ritmo de 400 hectáreas por año. Es decir, el crecimiento de las zonas urbanas presiona a las áreas agrícolas, las cuales se ven obligadas a avanzar sobre el bosque.

Al transformar las áreas forestales en tierras agrícolas y pastizales, y éstos en zonas urbanas, se pierden irremediablemente la biodiversidad y los beneficios ambientales que el bosque brinda. Esto cobra mayor relevancia debido a que el crecimiento urbano se da principalmente en barrancas y áreas de gran importancia para la recarga de los acuíferos, actualmente sobreexplotados. Hasta ahora no existen estudios que evalúen a fondo la pérdida de la capacidad de recarga de los mantos freáticos ocasionada por la urbanización del bosques, sin embargo, se estima que por cada cien hectáreas de zonas forestales y rurales que se urbanizan, se pierde una captación de agua equivalente al consumo anual de 2 mil 400 viviendas.

Con la urbanización del bosque se incrementa la erosión del suelo causada por la pérdida de la cobertura vegetal y por el establecimiento de áreas de cultivo en zonas de gran pendiente y poco aptas para esta actividad. La erosión ocasiona el azolvamiento de arroyos, ríos, lagos, presas y drenajes, lo que incrementa el riesgo de inundación en las zonas bajas y las áreas urbanas.

No sólo los recursos naturales son afectados por el crecimiento de la mancha urbana. También las comunidades y los ejidos que poseen estos bosques han sido perjudicados por la expansión de la ciudad sobre sus tierras. De las 54 mil 400 hectáreas que constituían las tierras comunales en el DF hoy quedan menos de 34 mil hectáreas. La presión es tal que actualmente hay 22 ejidos y comunidades que existen legalmente pero carecen de tierras. Esto amenaza el modo de vida campesino que históricamente ha existido en este Gran Bosque de Agua.

En este contexto, resulta sorprendente que se planteen proyectos para construir carreteras en el corazón de este bosque. Es el caso de la carretera Fierro del Toro-El Capulín-Xalatlaco, planeada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y promovida por los gobiernos de Morelos y Estado de México. De ser construida, esta carretera tendría una longitud de 21 kilómetros y pasaría por el área natural protegida del Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin, a menos de un kilómetro de una de las zonas núcleo. La construcción de este proyecto carretero afectaría directamente zonas boscosas y de pastizales que son el hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción como el conejo zacatuche y el gorrión serrano. Este nuevo camino promovería el crecimiento urbano sobre una de las zonas de mayor importancia para la captación de agua y recarga de los mantos freáticos. Estas razones por sí solas bastan para no seguir adelante con ese proyecto.

Amenazado por la tala ilegal


La tala ilegal en México es una actividad común y descontrolada. Esto se evidencia con el hecho de que, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cada año se producen y comercializan entre 5 y 7 millones de metros cúbicos de madera ilegal, que se suman a los 8 millones de metros cúbicos de madera que se producen legalmente.

Como en el resto del país, la tala clandestina está presente en el Gran Bosque de Agua. Por un lado, la falta de opciones y de empleos obliga a quienes viven en esta región a cortar árboles para obtener algunos recursos adicionales a los que obtienen por la siembra de avena y otros cultivos. Sin embargo, también operan en esta zona grupos organizados, dedicados a cortar árboles para su venta de manera sistemática.

Aunque no existen estudios que evalúen el impacto de esta práctica en la región, resulta significativo que la propia Profepa considere que 4 de las 15 zonas del país que concentran el 60 por ciento de la tala clandestina se encuentran dentro del Gran Bosque de Agua: Lagunas de Zempoala, Corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, Desierto de los Leones-La Marquesa y los Dinamos.

Más aún, dos de estas áreas, Zempoala y Ajusco, están consideradas entre las 9 regiones que la Procuraduría considera con problemas de ingobernabilidad, debido a la violencia de los grupos de taladores que "impiden" que las autoridades ambientales lleven a cabo sus labores de vigilancia y protección de los bosques.

Una de las zonas del Gran Bosque de Agua más afectadas por la tala clandestina es el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Ubicado en el límite de los estados de México y Morelos y de los municipios de Ocuilan y Huitzilac, este parque ha sufrido las consecuencias de la falta de claridad en los límites estatales y el conflicto agrario entre comunidades.

Especialmente grave resulta el caso del paraje El Jaral, ubicado dentro del parque nacional Lagunas de Zempoala. Esta colina, que se encuentra en las tierras de la comunidad de San Juan Atzingo, Estado de México, estaba cubierta hasta hace pocos años por un denso bosque de oyamel. Talamontes de otras comunidades cortaron los árboles para vender la madera en los mercados de Morelos y el Distrito Federal, deforestando casi por completo más de 90 hectáreas, prendiéndole fuego y abandonando más de 7 mil metros cúbicos de madera en rollo. Pese a los esfuerzos de la comunidad de San Juan Atzingo este paraje no se ha podido recuperar y la tala continúa en la zona.

La degradación del bosque y la deforestación por la tala ilegal amenazan la biodiversidad del bosque debido a la pérdida del hábitat, ocasionan la erosión del suelo y afectan su capacidad de captación de agua. Además, las zonas taladas son más susceptibles de ser convertidas en tierras de cultivo o potreros y, dependiendo de dónde se localicen, eventualmente pueden ser transformadas en zonas urbanas.

A menos que se tomen medidas urgentes para generar fuentes de empleo para los habitantes de la zona y que se promuevan y apoyen proyectos de aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales por parte de las comunidades y ejidos dueños de estos bosques, el Gran Bosque de Agua pronto desaparecerá.

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