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El caso Cancún
Esto no lo han querido reconocer los promotores de proyectos turísticos ni las autoridades que han avalado la depredación en este sitio y otros ubicados a lo largo de la Riviera Maya. Ellos han seguido un criterio inmediatista sin pensar en lo que se perderá a mediano y largo plazo, sin considerar que al destruir un entorno como los humedales de manglar están condenando a morir a otros ecosistemas como los arrecifes coralinos y los pastizales marinos.
La normatividad vigente que debería regular los proyectos de desarrollo en esta región hoy son letra muerta. Abundan los casos plagados de irregularidades, como el muelle de Xcaret, que fue autorizado cuando el promotor de la obra no había entregado toda la documentación indispensable para evaluar el impacto de dicha obra.
Peor aún es el caso del hotel Mayan Palace Cancún, que en principio tergiversó las coordenadas de ubicación para eludir restricciones de construcción. Así, en vez de edificar un máximo de 699 habitaciones (las permitidas para ese sitio) la empresa promotora pudo contruir 2,800. A ello se suma la omisión de una larga lista de estudios que la normatividad hacía obligatorios y no fueron realizados, incluidos aspectos técnicos como flujos de aguas, aprovechamiento de acuíferos, mecánica de suelos (esto último propició la muerte de cuatro trabajadores al hundirse parte de la obra en una caverna), arribo y deshove de tortugas, afectación de manglares. Asimismo, se violaron disposiciones específicas al construir sobre dunas y no proteger las zonas inundables.
En el caso del Hotel Riu Cancún, se triplicó la densidad de cuartos autorizados originalmente, bajo el argumento de que los lotes vecinos permanecían sin construir. De esta manera se transgredió lo dispuesto en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio. Por si fuera poco, cuando las obras llevaban un avance del 80% la empresa promotora aún no había presentado la manifestación de impacto ambiental, requisito indispensable cuando apenas está en evaluación el permiso de la obra, antes de poner siquiera la primera piedra.
La actual postura de las autoridades de la Semarnat quedó ejemplificada con el hotel Playa Real. Fue promovido por Fernando García Zalvidea, hermano del edil de ese municipio, Ignacio García Zalvidea. Nuevamente, las obras comenzaron antes de que la dependencia federal diera respuesta a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Debido a esto la Semarnat ordenó la cancelación del proyecto el 21 de enero de 2004. Sin embargo, días después, el 29 de enero, la delegación estatal de la Profepa suscribió un convenio mediante el cual García Zalvidea obtuvo la autorización para proseguir con las obras a cambio de un millón 200 mil pesos, recursos que fueron destinados a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Usos de la Biodiversidad (Conabio).
Tierra sin ley
Irregularidades como estas se siguen presentando en la actualidad.
El 23 de febrero de 2004, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ricardo Juárez, autorizó la tercera etapa del proyecto Costa Cancún (promovido por Fonatur). Este desarrollo pretende destruir 377 hectáreas de manglar destinadas a la conservación de la vida silvestre, las cuales sólo podrían utilizarse para actividades turísticas con "altas restricciones ecológicas".
Esa restricción fue abiertamente ignorada, pues el proyecto en cuestión incluye un campo de golf profesional de 36 hoyos con dos pistas, una casa club, un centro comercial, un fraccionamiento para uso hotelero y residencial, un hotel y un club de playa, entre otras obras. Es decir, se trata de un mega proyecto convencional.
Así, la autorización de la Semarnat contravino diversas disposiciones oficiales como la Norma Oficial Mexicana 022 relativa a la protección de los humedales costeros en zona de manglar y el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Corredor Cancún-Tulum.
Por ello, varias organizaciones civiles interpusieron una queja que al ser desestimada por las autoridades respectivas amplió la lista de infracciones cometidas por la Semarnat, pues ahora ignoró lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que garantiza el derecho de todo interesado a proponer medidas de prevención y mitigación a la manifestación de impacto ambiental, el artículo 35 de dicha ley que obliga a la Semarnat a asegurarse de que los proyectos a los que dará autorización cumplen con la propia LGEEPA, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas vigentes, así como el reglamento de esta ley sobre Evaluación del Impacto Ambiental, que dice que la Secretaría debe responder a las observaciones hechas por la sociedad.
Ricardo Juárez se limitó a afirmar que "el proyecto cuidará y rescatará las especies de fauna silvestre". Y añadió algo que resulta inquietante por venir de una autoridad ambiental: "Sólo con programas turísticos como éste puede asegurarse la conservación y rescate de las zonas naturales, debido a los escasos recursos de la dependencia para cumplir estas tareas".
Por todo lo anterior, el 18 de marzo de 2004 las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Defenders of Wildlife y Greenpeace impugnaron la autorización otorgada por la Semarnat y exigieron que sea declarada nula.
Aclararon que al preocupante grado de ilegalidad que acompaña esta autorización, se suma un elevado impacto ambiental, pues se estima que los manglares proporcionan a México, solamente en servicios ambientales para la pesca, alrededor de 14 mil 850 millones de dólares al año.
De acuerdo con diversos estudios, por cada hectárea de manglar destruido se pierden al año 757 kilogramos de camarón, además de otras especies de importancia comercial. Por esto, se calcula que el servicio proporcionado por cada hectárea de manglar tiene un valor anual estimado que va de 10,000 dólares a 16,750 dólares. Además, los manglares son barreras contra la erosión y actúan como zona de amortiguamiento y resguardo, lo cual protege a los pobladores de la costa contra huracanes y tormentas.
Estas son algunas de las razones por las que Greenpeace sigue luchando en defensa de los manglares y exigiendo que se aplique cabalmente la NOM-022, así como todas las disposiciones legales que protegen este ecosistema y garantizan que su aprovechamiento sea ambientalmente sustentable.
