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Un ecosistema fundamental para gran cantidad de especies marinas, que 
además protege a las poblaciones costeras ante fenómenos 
meteorológicos.

Un ecosistema fundamental para gran cantidad de especies marinas, que además protege a las poblaciones costeras ante fenómenos meteorológicos.

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Cinco ambientalistas que participaron el 5 de junio en una marcha en Manzanillo en defensa de la Laguna de Cuyutlán, denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fueron detenidos violentamente por escoltas del gobernador Silverio Cavazos Ceballos, acusados de haber “ofendido” al mandatario (Agencia APRO, Proceso).

Acompañados por dirigentes del grupo ecologista Bios Iguana, narraron que permanecieron más de seis horas encerrados en celdas de la Procuraduría General de Justicia, donde sufrieron agresiones verbales, maltratos físicos y vejaciones, mientras les preguntaban quién era su líder.

Dijeron que, después de participar en una marcha por el Día Mundial del Medio Ambiente, grupos de pescadores, restauranteros y vecinos de comunidades aledañas a la Laguna de Cuyutlán, junto con integrantes de Bios Iguana, llegaron al jardín ubicado junto al malecón, en el centro histórico, donde Cavazos y el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, presidían el acto de develación del monumento dedicado a los marinos.

En ese lugar lanzaron consignas contra la ampliación del puerto de Manzanillo y la construcción de una planta regasificadora sobre terrenos de la Laguna de Cuyutlán.

Durante la protesta, Yuridia Guadalupe Trejo Bataz, una de las activistas, abordó al gobernador Cavazos y le entregó un paquete de volantes que simulaba ser un fajo de dólares.

--¿Este es el precio de la laguna? –le preguntó la joven, de 21 años de edad, en alusión a los proyectos industriales que, a juicio de los ambientalistas, amenazan la sobrevivencia del vaso lacustre.

--No, esto apenas alcanza para comprarte a ti… --respondió Cavazos.

--Yo no estoy en venta, pero lo que usted está haciendo sí es querer vender la laguna –replicó Yuridia, integrante del grupo Bios Iguana.

--Mira, mejor retírate y no me obligues a usar la fuerza, ni a tratarte mal o hacer cosas que no quiero –dijo el gobernador.

Este episodio fue narrado, en entrevista, por Margarita Bataz Navarro, madre de la joven, quien al escuchar el diálogo entre su hija y el gobernador, no imaginaba que en menos de una hora se cumpliría la advertencia de Cavazos.

De acuerdo con el testimonio de Bataz, poco después de las nueve de la noche concluyó el evento y se retiraron los manifestantes. Ella y sus hijas Yuridia Guadalupe y Janet Eugenia –esta última de 16 años de edad— salieron del lugar en una camioneta, junto con sus compañeros Benjamín y Rodolfo López Larios, para cenar en la población de Santiago.

Sin embargo, sobre el boulevard Miguel de la Madrid Hurtado, a la altura de la unidad deportiva 5 de Mayo, fueron alcanzados por la comitiva del gobernador, quien viajaba en una de las camionetas oficiales, mientras que un vehículo que iba detrás del mandatario, cerró el paso a los manifestantes.

“Se bajaron los escoltas y nos ordenaron bajar de la camioneta. Nosotros preguntábamos las razones; que nos dijeran qué delito cometimos”. “Los escoltas empezaron a jalarnos, a golpearnos y como no nos podían bajar, llamaron patrullas de judiciales, que a golpes nos bajaron, dañaron la camioneta de mi compañero Benjamín y lastimaron a mis hijas.

“Cuando llegamos al Ministerio Público, nos dijeron que si sabíamos por qué estábamos detenidos. Yo les contestaba que no, y uno muy prepotente dijo que era orden del gobernador, porque lo ofendimos, cuando todo eso es falso. Nosotros en ningún momento ofendimos al gobernador. Si manifestarnos es ofenderlo, pues lo sentimos mucho, pero tenemos que proteger nuestro lugar de origen, que es la comunidad de Campos, la Laguna de Cuyutlán y el mangle que hay a nuestro alrededor”, señaló.

Dijo que, luego de su llegada a las oficinas del Ministerio Público, los detenidos fueron separados.

“A mí me metieron en una celda oscura, llena de agua, donde hacía mucho calor. No me dejaban ver a mis hijas. Yo les decía que, por favor, me dejaran hacer una llamada para pedir que cuidaran a mis otras dos hijas más chicas, pero decían que no teníamos derecho a ninguna llamada”, afirmó.

De acuerdo con Margarita Bataz, los agentes que los mantuvieron detenidos les advirtieron que si no decían quién era el líder, o quién los dirigía, no los iban a dejar salir, hasta que reunieran cinco mil pesos por cada uno y cinco mil pesos más por daños, que en total eran 30 mil pesos, y que si no los tenían, ahí se iban a quedar.

“Yo les decía que había sido ilegal la detención, porque no tenían orden de aprehensión, no habíamos cometido ningún delito y no tenían por qué habernos bajado así. Ellos decían que no tenían porqué informarnos a qué horas nos iban a detener ni cuándo nos iban a detener; que a todos nos iba a pasar lo mismo.

“Nos trataron horrible. A mi compañero le rompieron su camiseta. La camioneta quedó dañada. Nos arrastraron, nos patearon y nos trataron peor que delincuentes, asesinos, narcotraficantes. Creo que, por proteger el medio ambiente, no tiene por qué tratarnos de esa manera, porque no es ningún delito. Cuidamos nuestro ambiente, nuestro oxígeno y la vida de todos nosotros y de nuestros hijos, de toda la comunidad en general”, añadió.

Dijo que Cavazos se proclama a favor de los derechos humanos y de la mujer, cuando “realmente creo que, como mujeres, como ambientalistas, no nos merecíamos ese trato”.

Señaló que, durante el tiempo que permanecieron detenidas, las mujeres fueron obligadas por los agentes a desnudarse.

“Nos hicieron que nos quitáramos toda la ropa. Yo les decía que por qué nos hacían eso, si no teníamos nada”, añadió.

“Fue humillante. Y a mis hijas les hicieron lo mismo. No tengo palabras para expresar ese sentimiento que traigo”, indicó.

Añadió que hasta las tres de la mañana les fueron tomadas sus declaraciones.

Finalmente, dijo, fueron liberados después de las cuatro de la mañana, luego de que el presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, solicitó la intervención del senador perredista Carlos Sotelo García, quien medió con el gobernador.

Margarita Bataz refiere que, durante la detención, a su hija le quitaron su teléfono celular, con el que había grabado escenas de lo ocurrido, y se lo devolvieron después dañado y con los archivos borrados.