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Publicado en El Economista
24 de septiembre, 2009
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) es una organización anacrónica -el cursi logo es indicativo- con un cuantioso presupuesto (5,500 millones de pesos). Opera desde antiguas inercias gremiales y por ajustes caprichosos; su ubicación en Guadalajara es uno de ellos. Carece de mandato claro y verificable, y sus acciones son dispersas y difíciles de escrutar a través de una rendición de cuentas metódica; también adolece de indicadores de desempeño consecuentes.
La captura de la institución por parte de grupos de interés hace que más de 50% de su presupuesto se destine a subsidios y rentas de una variedad excesiva.
No es posible saber objetivamente cómo la Conafor contribuye a hacer frente a desafíos clave para México: eliminar la deforestación, reducir emisiones de carbono, proteger cuencas y hacer competitiva a la industria forestal.
La reforestación ha sido inasible y difusa. No hay un solo gran proyecto de reforestación regional, como en China, Chile, Brasil y muchos otros, donde a simple vista se observen cambios dramáticos en el paisaje.
Los informes oficiales hablan de cientos de millones de arbolitos, miles de beneficiarios (rentistas), y millones de hectáreas atendidas, pero esas unidades de cuenta carecen de sentido y pervierten y confunden la misión de la Conafor.
No tiene códigos consecuentes de desempeño, a pesar de que hay una tarea vital que se encuentra dentro de sus capacidades humanas, técnicas y presupuestales.
Se trata de acabar asintóticamente con la lacerante deforestación del territorio nacional, haciendo que se acerque virtualmente a cero en 10 años. Es algo asequible e imperativo sobre cualquier otro propósito público en la agenda ambiental de este país.
Implicaría transferir los cuantiosos presupuestos empeñados hoy en día en subsidios improductivos, a contratos explícitos con propietarios de tierras vulnerables y de mayor valor ecológico y climático. Se pagarían los costos de oportunidad de la conservación, única manera de lograrlo.
Sería algo medible y fiscalizable con medios apropiados de vigilancia e información geográfica, y tal vez autofinanciable a mediano y largo plazos a través del mercado internacional de carbono (vía REDD).
Más allá de esto, y con una lógica estricta de generación de bienes públicos, Conafor sólo se justificaría emprendiendo proyectos logísticos serios y a gran escala de reforestación y restauración ecológica en cuencas y regiones de alta prioridad.
Es preciso decir que la producción forestal (maderables y otros) está en el ámbito de los bienes privados. Por tanto, debe ser “aserrín de otro costal” y desarrollarse en mercados competitivos a través de actividades empresariales con la debida regulación y apoyo. (Los propietarios de tierras -individual o colectivamente- también pueden ser empresarios, ¿o no?).