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Tiendas de la Isla Dorada, completamente destruidas.

Tiendas de la Isla Dorada, completamente destruidas.

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El Poder Judicial, a través de la segunda sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, decidió proteger a fraccionadores y desarrolladores turísticos que destruyen manglares, aún cuando con ello ponen en riesgo a las poblaciones costeras y atentan incluso contra los propios desarrollos turísticos. El pasado 17 de octubre, dicha sala avaló la petición de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) de frenar la actualización de la norma oficial mexicana NOM-022 que protege los manglares. Así, Amdetur pretende seguir depredando impunemente ese ecosistema.

Ante esta decisión calificada de "irregular", la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dicidió interponer un "recurso de reclamación", cosa que hizo tres días después.

Consultado al respecto, Esteban Fernando Félix Pico, experto en manglares del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (Cicimar-IPN), advirtió que era un grave error del sistema de justicia en México amparar a los desarrolladores turísticos que buscan destruir los manglares de las costas del país, porque a corto plazo no hay manera de reponer manglares fuera de las áreas donde han crecido y su desaparición provoca desequilibrios ecológicos al eliminar fuentes naturales de nutrientes, "pero lo más importante es que los manglares son colchones naturales contra el embate de la naturaleza en forma de marejadas y huracanes, sobre todo ahora, que con el cambio climático estos fenómenos se han acentuado".

Añadió que en México existen manglares con más de mil 300 años de antigüedad, "una riqueza de la naturaleza que no debe ser borrada para construir un hotel o cualquier otra instalación".

En México existen 886 mil 760 hectáreas de manglares, y cada año desaparecen casi 10 mil, por lo que a mediados de la década pasada expertos elaboraron la NOM 022 que fue publicada en 2003. Antes de cumplir un año de publicada, fue modificada "ilegalmente por la Semarnat", lo cual fue denunciado en su momento por Greenpeace. Ahora que podía ser corregida esta irregularidad, Amdetur pretende que prevalezca la impunidad.
(Notas de La Jornada, 18 y 20 de octubre de 2006.)

Más información de la campaña impulsada por Greenpeace:

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