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Greenpeace realizó una protesta en Puerto Los Cabos, proyecto de 
desarrollo turístico que amenaza el abasto de agua de la región.

Greenpeace realizó una protesta en Puerto Los Cabos, proyecto de desarrollo turístico que amenaza el abasto de agua de la región.

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Con un tono inusual en este sector, el nuevo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Gómez Mont, anuncia que la dependencia dejará de administrar los Centros Integralmente Planeados (CIP) de Cancún, Los Cabos e Ixtapa; ahora deberán costearlos los empresarios y gobiernos locales. Y añade: “Comprar barato, sobornar, destruir el sitio luego de aumentar la densidad permitida, es el deporte nacional del turismo en México”, en abierta crítica a los empresarios turísticos. (Milenio, 25 marzo 2007)

El funcionario pone como ejemplo el que ya es todo un clásico en la historia de la corrupción de la industria turística: los dos hoteles Riu de Cancún, cuya construcción en 2002 se realizó sin contar con la evaluación de impacto ambiental y destruyó la playa, además de sobrepasar la altura permitida. La empresa hotelera fue protegida por el entonces alcalde Juan Ignacio García Zalvidea en tanto que el Procurador Federal de Protección al Ambiente, José Campillo García, se negó a derribar la obra porque le pareció "una solución muy drástica" y en lugar de eso pactó el pago de una multa de tres y medio millones de dólares.

Gómez Mont no duda al respecto: “Los 14 pisos de más del Riu debieron derrumbarse, porque proyectos como esos echan a perder un destino. Al municipio le costó mucho más ampliar las obras para darle los servicios a esos hoteles, que lo que pagaron de multa”.

Como segundo ejemplo cita el caso de un empresario que compró un lote para construir un hotel en el nuevo CIP Litibú, en Nayarit, y quiere edificar 600 cuartos donde sólo le autorizaron 300. Al advertirle que no puede hacerlo, recibió el reclamo: “¡Cómo! Pero si tú antes estabas del otro lado”, haciendo referencia al pasado como constructor de viviendas de Gómez Mont.

Un tercer caso: un amigo del funcionario lo invitó a pasar un fin de semana en un condominio de lujo en Puerto Vallarta. Cuando llegaron resultó que no había agua, que sábados y domingos se restringe el líquido en esa zona debido a la sobredensificación. Quien construyó ese edificio sabía del problema y aún así prosiguió con la obra. ¿Cómo consiguió los permisos?

Otro más: en Los Cabos, Baja California Sur, donde también hay problemas con el líquido, no hay planta de tratamiento de aguas que soporte la sobredensidad poblacional.

Gómez Mont afirma que ahora el Fonatur será menos dueño, menos inmobiliario y mucho más promotor de inversiones. Sin embargo, no se trata de atraer a quien sea.

“No queremos ser un país abierto a cualquier clase de inversionista. Hay quienes crean buenos empleos y quienes crean malos; quien viene a hacer negocio y quien sólo viene a lucrar. Son los que tienen los hoteles, los aviones, las agencias de viajes y funcionan como Todo Incluido; no producen derrama económica en el destino ni pagan IVA. ¿Para qué los queremos?” pregunta Gómez Mont y explica: “El Todo Incluido bajó el promedio de tarifas en Cancún”.

Los manglares

Gómez Mont se declara en contra de las modificaciones recientemente aprobadas por el Congreso a la Ley General de Vida Silvestre que ahora prohíben destruir los manglares, entorno que se encuentra en muchas de las playas del país y que regularmente ha sido destruido para edificar hoteles, marinas, campos de golf, desarrollos inmobiliarios y complejos turísticos.

El funcionario se pronuncia por una legislación más flexible, pero castigando severamente a quien no la respete. “Tan malo es prohibir como abusar. A quien abuse hay que meterlo a la cárcel si desaparece el manglar de su terreno”, sostiene.

Adiós a Cancún y Los Cabos

Gómez Mont considera que los CIP han sido un subsidio para los empresarios. Por lo tanto, Fonatur saldrá primero de Cancún y Los Cabos, y después de Ixtapa. Continuará apoyando los CIP de Huatulco, Oaxaca, y Loreto, Baja California Sur, pues éstos no han logrado consolidarse.

Para 2007, Fonatur tiene un presupuesto de 60 millones de pesos pero su gasto corriente es de 850 millones y el mantenimiento de los cinco CIP le cuesta 200 millones. “Fonatur no está hecho para ganar dinero, pero hasta ahora ha vivido de vender su patrimonio... Hay que acabar con el paternalismo”. Comenta que en Los Cabos les quedan menos de cinco hectáreas y en Cancún aún tienen unos cuantos proyectos y, sin embargo, siguen pagando el mantenimiento de todo el CIP.

Su propuesta consiste en crear en cada CIP un fideicomiso integrado por el gobierno estatal, el municipio y la iniciativa privada, al que Fonatur le vendería los servicios de mantenimiento a través de su filial MBO. Los recursos para el fideicomiso deben salir de aportaciones de cada uno de ellos, de cuotas que deberán pagar los dueños de condominios, casas y comercios, así como de la administración de las terminales marítimas que, en el caso de Los Cabos, con sus ingresos puede mantener al destino y todavía le sobra dinero. También propone incrementar de 2 a 3 por ciento el impuesto al hospedaje.

En Los Cabos ya iniciaron las mesas de negociación y en Cancún comenzarán después.

Ante las posibles resistencias y presiones, Gómez Mont aclara:

“Esta idea no es mía, es un mandato de la Auditoría Superior de Hacienda. Y la principal orden la está dando el Congreso al decirme: Para esto no te doy lana. Que Fonatur tenga que vender terrenos para pagar la raya está cañón. Yo no vine a hacer política, no me preocupa la chamba. Tengo un buen patrimonio, nombre y prestigio, y no los voy a arriesgar. A mí el presidente me invitó a un proyecto que se llama México y en ese estoy”, concluye.

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