Dice un sabio refrán: “Muerto el perro, se acabó la rabia”.

El significado es simple: cuando se suprime el origen de un problema, (la corrupción), desaparecen automáticamente los efectos, (daño irreversible a nuestros ecosistemas). Pero si el mal no se ataca de raíz, la amenaza siempre estará latente…

Hace más de dos años, un proyecto de nombre Cabo Cortés que pretendía construirse en las inmediaciones de Cabo Pulmo, un Área Natural Protegida en Baja California Sur, fue autorizado de forma ilegal por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La comunidad, Greenpeace y la ciudadanía dimos una lucha frontal y logramos que el 15 de junio de este año, a 6 meses de culminar su administración, el presidente Felipe Calderón, obligado por la presión de la sociedad, cancelara el mega complejo turístico de Cabo Cortés, a cargo de la empresa española Hansa Urbana.

No obstante, los responsables de aquel permiso ilegal, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental; Eduardo Enrique González Hernández, anterior titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), y el actual titular de la DGIRA, Alfonso Flores Ramírez, no han sido sancionados.

Es decir, con la cancelación de Cabo Cortés se evitó un efecto, una enfermedad, pero no se combatió el origen del problema: el gran virus de la impunidad con la que operan estos servidores públicos.

Mauricio Limón y Alfonso Flores no cumplieron con sus funciones y mandatos; violaron las facultades y disposiciones previstas en la legislación ambiental mexicana y a pesar de ello siguen emitiendo autorizaciones de impacto ambiental a su discrecionalidad.

El 8 de junio de 2011, Greenpeace y más de 5,000 ciudadanos presentaron un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra  ante el Órgano Interno de Control (OIC)  de la Semarnat.

A un año y dos meses de haberse interpuesto, no se tiene respuesta de esta denuncia.

Limón fue demandado por la falta de imparcialidad en sus declaraciones públicas, que reflejaban su apoyo al proyecto turístico español. A González Hernández se le denunció por expedir un nuevo resolutivo de Impacto Ambiental a favor de Cabo Cortés, en enero de 2011, cuando ya se había anulado un primer permiso para este proyecto por incumplir lo establecido en el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos. El resolutivo aprobado por González permitía a Hansa construir la dársena de una marina de 490 posiciones exactamente sobre las dunas costeras, contraviniendo el ordenamiento local.

El 13 de enero de 2012, Greenpeace presentó ante el OIC nuevas evidencias consistentes en correos electrónicos intercambiados en los meses de febrero a mayo de 2011, donde funcionarios de ProMéxico hacen referencia a una serie de reuniones entre el titular de Semarnat, Juan Rafael Elvira y Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, en los cuales resulta evidente el acuerdo entre la Semarnat y Hansa para salir públicamente para anunciar la nueva autorización dada por la Semarnat, que tendría algunos condicionamientos.

El 25 de abril de 2012, Greenpeace regresó por tercera vez ante el OIC, ahora para denunciar al nuevo titular de la DGIRA, Alfonso Flores Ramírez, por declararse incompetente para cancelar Cabo Cortés, a pesar de que en un oficio emitido el día 19 del mismo mes, Flores le informaba a Hansa que había incumplido nueve condicionantes (de veinte) establecidas en la autorización de enero de 2011. También, Flores violó el Reglamento Interior de la Semarnat que le faculta para revocar la autorización en materia de impacto ambiental a Cabo Cortés.

Estas son sólo algunas de las evidencias que demuestran los diversos abusos de autoridad cometidos por Mauricio Limón, Eduardo Enrique González, Alfonso Flores, y Juan Rafael Elvira, titular de la Semarnat, para beneficiar a Hansa. La conducta ejercida por estos funcionarios también viola el Código de Ética de los Servidores Públicos, que señala: “al asumir su cargo, el servidor público manifiesta su compromiso y vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo tiempo una responsabilidad por sus actos que se refleja en la satisfacción de las necesidades colectivas”.

El OIC de la Semarnat a través de su titular, Luis Armando Ibarrola, no atendió la denuncia presentada por Greenpeace en junio 2011 por lo que junto con Limón y Flores también ya fue denunciado por esta organización ante la Secretaría de la Función Pública, dependencia que ahora debe inhabilitar a estos funcionarios y hacer que rindan cuentas a la justicia y a la sociedad por su actuación en el caso Cabo Cortés, y que esto no se repita en futuros proyectos. 

Mauricio Limón debe renunciar inmediatamente para permitir a la Secretaría de la Función Pública que las investigaciones se lleven a cabo sin interferencia de la autoridad ambiental. El Sr. Rafael Morgan Ríos, Secretario de la Función Pública sabe perfectamente que “Justicia demorada es justicia denegada”. 

Mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando justicia; que este caso plagado de ilegalidades no se archive y que se castigue a los funcionarios públicos que defienden intereses privados. Sólo así podremos transitar hacia un estado de derecho ambiental en México. Sólo así nuestros ecosistemas dejarán de estar a merced de funcionarios que son más promotores privados que gestores ambientales.