Viena, 24 de agosto 2015.- Un tribunal internacional dictaminó hoy que el gobierno ruso rompió el derecho internacional al abordar un barco de Greenpeace y detener a su tripulación después de una protesta pacífica contra la extracción de petróleo del Ártico en 2013.

Greenpeace recibió con beneplácito el veredicto y espera que este fallo sirva para disuadir a otros países de medidas ilegales similares en el futuro.

El fallo de hoy afirma que por abordar el barco y detener a los activistas, las autoridades rusas violaron varios artículos de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y le deben una indemnización al Estado holandés como resultado.

En respuesta a la noticia, el asesor legal de Greenpeace Internacional Daniel Simons dijo: "Estamos contentos con el fallo de hoy, ya que establece un precedente importante. Los gobiernos existen para defender el imperio de la ley, no para actuar como agentes de seguridad armados para la industria petrolera. Este tipo de comportamiento no se limita a las autoridades rusas - en todo el mundo, los activistas ambientales se enfrentan a graves intimidación por parte de aquellos que desean silenciarlos.

"Esta protesta se produjo fuera de las aguas territoriales de Rusia y no tuvo ninguna característica que coincidiera con la definición legal de piratería o vandalismo. Esperamos que esto disuada a otros países de intentos similares de reprimir la disidencia, ya sea en tierra o en el mar ".

Fuerzas especiales rusas subieron a bordo del Arctic Sunrise el 19 de septiembre de 2013, un día después de que activistas de Greenpeace realizaron una protesta en contra de la extracción de petróleo del Ártico en la plataforma petrolera Prirazlomnaya, operada por la empresa estatal Gazprom. El Arctic Sunrise lleva la bandera de los Países Bajos, que inició este proceso, mientras que los 30 de la tripulación fueron encarcelados.

El panel de cinco árbitros dictaminó que la 'zona de seguridad' de 3 millas náuticas declarada por Rusia alrededor de la plataforma no es válida o exigible, y que no tenía otro fundamento jurídico para apoderarse del buque sin el consentimiento de los Países Bajos.

El embarque y cargos posteriores de la piratería y el vandalismo contra los "Arctic 30" llevó a una protesta internacional antes de su eventual liberación en diciembre 2013 bajo los términos de la amnistía oficial.