Erradicar la tala en zona Ajusco - Xalatlaco requiere atención regional

Noticia - 26 julio, 2007
Paran acabar con la tala ilegal en la zona del Ajusco- Xalatlaco y en el Gran Bosque de Agua (GBA) se requieren medidas conjuntas entre los gobiernos del Distrito Federal, Estado de México y Morelos, por ello Greenpeace presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Evidencia de la tala ilegal en el Gran Bosque de Agua, encontrada durante la marcha para exigir que cese la tala que realizan bandas de talamontes en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, marcha realizada por indígenas de San Juan Atzingo, autoridades municipales, el delegado de la Profepa en el Estado de México e integrantes de Greenpeace.

Greenpeace le entregó al procurador Ignacio Loyola Vera, fotos y videos de 55 puntos de tala detectados en esa zona por medio de sobrevuelos y recorridos por tierra realizados entre febrero y mayo de este año, en los que se muestran evidencias claras de la tala ilegal.

En la denuncia, la organización ambientalista señala con base en una investigación propia, que las bandas de talamontes han afectado un área de al menos 2 mil 700 hectáreas de bosques en los límites de la comunidad de Santo Tomás - San Miguel Ajusco, al sur de la delegación Tlalpan, Distrito Federal y el municipio de Xalatlaco, Estado de México.

“Nuestra investigación muestra que la zona del Ajusco- Xalatlaco es la región del Gran Bosque de Agua más devastada por la tala ilegal, después del Parque Nacional de Lagunas de Zempoala (PNLZ), donde ésta actividad arrasó por completo con 300 hectáreas, del año 2000 a la fecha y ha afectado 3 mil hectáreas en total en el mismo periodo. En el contexto del programa de `Tolerancia Cero´, la Profepa ha realizado diversos operativos y se ha logrado inhibir esta actividad por el momento. Este es un paso adecuado para abordar el problema pero además se requieren tareas de inteligencia que permitan detener a los líderes de las bandas de talamontes y para eso es preciso que se involucren otras instancias del gobierno federal como la Procuraduría General de la República (PGR)”, explicó Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace.

La tala se desarrolla principalmente en la zona ubicada al sur de la carretera Ajusco-Xalatlaco, conocida como 'Paraje Agua Grande', que ha sido motivo de un conflicto agrario entre las comunidades de Santo Tomás - San Miguel Ajusco y Xalatlaco, y ha sido practicada por talamontes de ambas localidades. Otros parajes afectados son los alrededores del Volcán Quepil y del Volcán Malacatepec, Casa Blanca, las faldas del Volcán Ajusco y alrededor de las comunidades de Agua Cadena y El Capulín, Xalatlaco, Estado de México.

Los bosques de pino y de oyamel ubicados en zonas catalogadas como de alta y moderada importancia para la recarga hidrológica, son los más afectados por la tala, situación que pone en riesgo la principal fuente de agua de la ciudad de México, ya que tres cuartas partes del agua que se consume en el Distrito Federal son capturadas en el Gran Bosque de Agua.

Las rutas de la tala
La investigación demuestra que la madera ilegal obtenida por las bandas de talamontes del Distrito Federal es transportada en camiones por la carretera Ajusco-Xalatlaco, o por los múltiples caminos de terracería de la región, hacia aserraderos de San Miguel y Santo Tomás Ajusco. En cambio, las bandas de talamontes del Estado de México extraen la madera ilegal por el camino que va de la carretera Ajusco-Xalatlaco rumbo a El Capulín, continúan por el camino que va de esta comunidad hasta Fierro del Toro, Morelos y toman la carretera federal México- Cuernavaca hasta llegar a las bodegas o aserraderos ubicados en Tres Marías o en Huitzilac, Morelos.

“Es claro que la tala ilegal en la zona del Ajusco-Xalatlaco es parte de una problemática regional que involucra la extracción de madera en esta zona y en la del PNLZ, su procesamiento en San Miguel -Santo Tomás Ajusco, Tres Marias y Hutzilac, así como su venta final en Cuernavaca, Cuautla, Toluca y la Ciudad de México. Es preciso que el gobierno federal coordine a las autoridades del Distrito Federal, Estado de México y Morelos, para que actúen tanto en las zonas de tala como en las de almacenamiento, transformación y comercialización, para evitar que las bandas de talamontes sigan actuando, de no ser así, las bandas suspenderán temporalmente sus actividades o cambiarán su área de acción hasta que los operativos pasen. Con esta denuncia, esperamos que la Profepa tome la iniciativa en este sentido”, explicó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Greenpeace entregó la denuncia popular directamente al procurador Loyola Vera, durante una reunión en la que le solicitó: Abordar el problema de la tala ilegal en el Gran Bosque de Agua desde un enfoque regional, que involucre a los gobiernos del Distrito federal, Estado de México y Morelos. Dar continuidad a los operativos de inspección y vigilancia realizados en la zona durante los últimos dos meses y establecerlos de manera permanente.

Llevar a cabo, en coodinación con otras dependencias del gobierno federal, labores de investigación e inteligencia policial encaminadas a detener a los líderes de las bandas de talamontes y desmantelarlas. Investigar los hechos denunciados para deslindar responsabilidades.

El Gran Bosque de Agua alberga dos por ciento de la biodiversidad del mundo, brinda el agua para la zona más poblada del país y ayuda a controlar el cambio climático y mitigar sus impactos. Sin embargo, la tala ilegal y el crecimiento urbano, entre otras actividades, están ocasionando que este bosque desaparezca a un ritmo de nueve campos de fútbol por día. Si no actuamos ahora, vamos a perder estos bosques en los próximos 50 años.

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