El proyecto de Minera San Xavier amenaza la vida de los potosinos.
Alejandro Sánchez Hernández ha sido un fiel guardián de los intereses de Minera San Xavier, filial de la empresa canadiense Metallica Resources Inc., ya que todos los asuntos que en dicho tribunal se han tramitado en contra de la empresa han obtenido absurdas e infundadas resoluciones que incluso no han sido compartidas por los demás magistrados del tribunal.
Por este motivo, Pro San Luis Ecológico y Greenpeace interpusieron tres procesos de irresponsabilidad en contra de este funcionario público ante el Órgano de Control y Vigilancia del propio Tribunal (el 30 de agosto de este año), ante la Presidencia de la República (5 de septiembre) y ante la Procuraduría General de la República (5 de septiembre).
Cabe recordar que en 1999, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) otorgó a Minera San Xavier la autorización para el cambio de uso de suelo y el proyecto de explotación minera de oro y plata, bajo el sistema de tajo a cielo abierto y lixiviación a base de cianuro de sodio, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.
Desde aquel año, pobladores, ejidatarios, profesionistas, investigadores y grupos ambientalistas impugnaron la autorización. Fueron más de 5 años que requirieron los abogados defensores del pueblo Cerro de San Pedro para demostrar ante los tribunales mexicanos que el proyecto minero había sido autorizado en forma ilegal.
El 1 de septiembre de 2004, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró que la autorización violaba las leyes mexicanas, las normas oficiales en materia ambiental y el Decreto de Ordenación y Desarrollo de los municipios de San Luis Potosí y de Cerro de San Pedro. Por ello, el Tribunal del Poder Judicial ordenó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que anulara la autorización minera.
Inconforme, Minera San Xavier interpuso un amparo y consiguió el apoyo de los tribunales para que fuera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la autoridad que resolviera sobre la solicitud anulada.
El 5 de octubre de 2005 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió sentencia definitiva y resolvió que, en definitiva, la autorización violaba las leyes mexicanas, sus normas oficiales y los decretos citados, por lo que ni en forma condicionada procedía la autorización. Asimismo, ordenó a la Semarnat acatar este fallo.
No obstante, el entonces Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Ricardo Juárez, emitió una nueva autorización a Minera San Xavier, consciente de que violaba las leyes de nuestro país e incumplía las resoluciones de los más altos tribunales mexicanos.
Debido a estas irregularidades, Greenpeace y Pro San Luis Ecológico demandan que el gobierno de Felipe Calderón dé seguimiento a todas las denuncias y actúe de manera inmediata y decidida para proteger el patrimonio nacional y restaurar la credibilidad de los tribunales y autoridades ecológicas, a los cuales tanto daño han ocasionado funcionarios corruptos que sólo han buscado promover sus propios intereses.
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