Junichi Sato, uno de los activistas japoneses detenidos por exponer el escándalo de la carne de ballena
Greenpeace presentó hoy un recurso legal en contra de la censura del gobierno japonés, solicitando a la Agencia de Pesquerías de Japón (FAJ) que no censure documentos obtenidos por Greenpeace a través de solicitudes de información referentes a la venta de carne de ballena.
Los documentos detallan las ventas de carne de ballena así como los contratos entre la FAJ y el Instituto de Investigación de Cetáceos (ICR). Sin embargo, la información liberada por la FAJ el 19 de enero de este año ha sido intensamente censurada (casi todos los renglones tachados con líneas oscuras), lo que inutiliza los documentos.
“Estos documentos oscurecidos que liberó el gobierno representan el nivel de secreto en el que se basa el programa de caza de ballenas”, dijo Jun Hoshikawa, director ejecutivo de Greenpeace Japón. "Estos (los documentos) son una muestra de las violaciones de la FAJ a la disposición y promesa de transparencia y rendición de cuentas".
Firmado también por Shokichi Kina, miembro de la Cámara Alta del Partido Democrático de Japón, Greenpeace presentó de manera formal el recurso para preparar la siguiente etapa en el caso de Junichi Sato y Toru Suzuki, (conocidos como “los dos de Tokio”) que se lleva en el tribunal de Aomori. Los dos activistas están en juicio por ejercer su deber como ciudadanos y exponer a la luz pública irregularidades dentro de un organismo público.
A pesar de la actual crisis económica, la peor en un siglo en Japón, la FAJ continúa subsidiando a lo que el ICR llama “cacería científica”, en expediciones al Santuario Ballenero Austral con alrededor de ¥500 millones de Yenes (que equivalen a 5 millones de dólares estadounidenses) al año. Los contribuyentes sostienen con su dinero a esta empresa no rentable e insostenible, sin embargo, la FAJ niega al público el derecho de conocer en que se gasta el dinero de los contribuyentes.
"El público tiene derecho a la información sobre la conducta inadecuada de los funcionarios del gobierno. Al exponer una malversación de fondos dentro de la flota ballenera japonesa, Junichi y Toru actuaron dentro de las antiguas tradiciones de los derechos humanos internacionales, y en el mejor interés del pueblo japonés", dijo el abogado de derechos humanos internacionales Richard Harvey.
La verdad sin censura es que este programa, financiado por los contribuyentes está científicamente en quiebra, y es ecológica y económicamente es insostenible. Nadie quiere o necesita de la industria ballenera, excepto un puñado de burócratas.
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