Noticia - 8 febrero, 2010
El gobierno nipón violó una serie de derechos humanos internacionalmente garantizados al detener, en junio de 2008, a dos activistas de Greenpeace que evidenciaron la corrupción del programa de caza de ballenas de ese país, concluyó el Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas
Activistas de Greenpeace México exigen justicia para Junichi y Toru, frente a la Embajada de Japón.
Junichi Sato, coordinador de la campaña de ballenas de Greenpeace Japón, quien tiene todavía una acusación en su contra
Activistas de Greenpeace frente a la embajada de Japón en Estocolmo protestan para que los dos activistas de Greenpeace tengan un juicio justo
Pídele al gobierno de Japón un juicio justo para los activistas japoneses
Estas conclusiones establecen que en diciembre de 2009 el CDH informó al gobierno japonés que los derechos humanos de los activistas Junichi Sato y Toru Suzuki habían sido violados por el sistema judicial de este país y concluyó que Sato y Suzuki “actuaron teniendo en cuenta que sus acciones estaban en el interés del público, en su intento de exponer la malversación de fondos de la industria ballenera financiada por los contribuyentes”.
El organismo reconoce que los activistas cooperaron voluntariamente con la policía y con el fiscal japonés, pero que esta cooperación no fue reconocida. Además, agrega que el gobierno no valoró información esencial para el caso como los detalles de las actividades que realizaban los activista, la investigación que llevaron a cabo, las pruebas que reunieron o la ayuda que dieron a las autoridades niponas para investigar sus denuncias.
Junichi y Toru actuaron en interés público para exponer un escándalo de corrupción en el programa de caza de ballenas, el cual es financiado por los contribuyentes. Ahora está claro que esto no es sólo la opinión de Greenpeace, sino también del órgano competente de las Naciones Unidas. Greenpeace espera que los tribunales japoneses tomen nota de esta opinión y juzguen el caso en consecuencia.
El Grupo de Trabajo agrega en sus conclusiones que “el derecho de estos dos activistas del medio ambiente a no ser privado arbitrariamente de su libertad, sus derechos a la libertad de opinión y de expresión y el ejercicio de actividades legítimas, así como su derecho a participar en actividades pacíficas sin intimidación o acoso no fue respetado el sistema de justicia japonés”.
Agrega que el gobierno “ha infringido los artículos 18,19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y que a Sato y Suzuki se les había negado el derecho a impugnar su detención ante un tribunal independiente e imparcial en un proceso justo, por lo que solicitó que el resto del juicio se realice de manera imparcial.
Cabe destacar que grupos globales de defensa de los derechos humanos tales como Amnistía Internacional y Transparencia Internacional han cuestionado desde el principio, la legitimidad de la acusación de Japón contra los Dos de Tokio.
Como fase previa a la audiencia de Sato y Suzuki, que se realizará el próximos lunes 15 de febrero; hoy inicia una semana de protestas en las embajadas japonesas en todo el mundo. Además, a fines de esta semana, Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, viajará a Japón para observar el juicio contra los dos activistas de la organización ambientalista.
¡Firma aquí!
Haz una petición al gobierno japonés