Noticia - 7 septiembre, 2010
El complejo turístico “Paraíso del Mar” en La Paz, Baja California Sur debe detenerse inmediatamente toda vez que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa detectó diversos incumplimientos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y declaró como nula la autorización de impacto ambiental otorgada por dicha secretaría para la ejecución del proyecto demandaron las organizaciones Guardianes del Agua A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace México.
La Semarnat autorizó erróneamente en un área de alta fragilidad ambiental 3,922 unidades residenciales, un desarrollo hotelero con 2,050 cuartos, dos campos de golf de 18 hoyos cada uno, una marina exterior con 535 posiciones de atraque, una marina seca en un área de 3.38 hectáreas y diversas vialidades.
Al respecto, la 11ª sala regional metropolitana del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa encontró que la Semarnat no fundamentó debidamente la autorización concedida a “Paraíso del Mar; no señaló de forma exhaustiva con base en qué estudios dio la autorización; aprobó obras que no son de bajo impacto sobre manglares (según las disposiciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003 respectiva al aprovechamiento y conservación de manglares), y no consideró que el proyecto se asienta en un área decretada como zona forestal vedada, en la cual se prohíbe el desmonte.
Cabe señalar que el predio del proyecto está ubicado dentro del sitio Ramsar como humedal de importancia internacional, es hábitat de diversas especies en riesgo como el gallito marino, el tiburón ballena y los delfines nariz de botella. Dichas especies serán afectadas por la pérdida de su hábitat derivado de las actividades turísticas propias del proyecto propuesto.
La adquisición de los terrenos fue aprobada por el Congreso local durante la administración del entonces gobernador Leonel Cota y se realizó a un costo de 12.85 pesos el metro cuadrado.
“Propiciando el daño a ecosistemas valiosos, la Semarnat aprueba proyectos y pone en manos de inversionistas los recursos naturales de nuestro país. Asimismo facilita que funcionarios estatales puedan comercializar con dichos recursos. Leonel Cota Montaño anterior gobernador vendió terrenos en 13 pesos el metro cuadrado beneficiando a “Paraíso del Mar”, y ahora siguiendo la misma línea, Narciso Agúndez apoya el proyecto Cabo Cortés a pesar de las inconsistencias en la autorización de impacto ambiental otorgada por la Semarnat” dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace.
Afortunadamente “se vuelve a confirmar lo que todo el mundo sabe, salvo los especuladores inmobiliarios y las autoridades corruptas: que las autorizaciones ilegales tarde o temprano son revocadas” dijo Agustín Bravo, representante del Cemda.
“Lo sucedido con éste proyecto es una muestra trágica de como la especulación inmobiliaria no genera desarrollo sustentable”, abundó.
“Recibimos la noticia con beneplácito, sin embargo exigimos a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que cumplan y hagan valer la sentencia” finalizaron las organizaciones.