Nuestra organización recibió el pasado viernes 25 de noviembre un artefacto explosivo de fabricación casera, enviado a través del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), de donde Greenpeace recibe correo normalmente, y venía dirigido a un coordinador de campaña de la organización. El remitente que aparecía en el sobre era Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex. Al notar que el paquete contenía polvo negro, cables y algún tipo de dispositivo, el envío fue dejado en el patio de la oficina de la organización y se procedió a llamar a las autoridades.
De izquierda a derecha: José Rosario, del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh); Edgar Cortez, del Instituto Mexicanode Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Victor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México; Luis González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”; Ricardo Reynoso, del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor (EPC). Greenpeace / Iván Castaneira.
Es importante resaltar que no es la primera vez que Greenpeace se ve amenazado. Desde septiembre pasado, Greenpeace dio a conocer a miembros de la CDHDF y de la PGJDF algunas menciones de la organización en portales de grupos que reivindican atentados. Y en octubre varios de los integrantes de la organización recibieron un mensaje directo con amenazas de desaparición y muerte en caso de que fueran al estado de Guerrero. A raíz de este último correo, Greenpeace presentó una averiguación previa con la Fiscalía de Delitos contra la libertad de expresión, adscrita a la PGR, y de la cual aún no hay resultados. También sostuvo una reunión con el procurador Miguel Angel Mancera, quien aseguró que habría más vigilancia. A partir de ese momento, algunos policías dieron rondines intermitentes por los alrededores de la oficina.
Cabe señalar que nuestra constitución señala en su primer artículo que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Tomando esta ley y los acuerdos internacionales sobre la material como referencia, la propia Segob aprobó recientemente un acuerdo por el que se establecen las bases de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos, el cual establece que dichos deberes implican el establecimiento de las medidas necesarias para proteger las actividades que despliegan los defensores y las defensoras de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad. Hacer que esto se cumpla es, en primer lugar, responsabilidad de la Segob y la PGR, instancias de las cuales hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. Exigirla es una de las razones de esta conferencia.
Luis González, presidente de la CDHDF, remarcó: “es obligación de las autoridades garantizar el ejercicio del derecho humano a defender derechos humanos. Las agresiones contra defensores que quedan en la impunidad inhiben a la población del ejercicio de este derecho”.
En la conferencia también estuvieron presentes, Edgar Cortez, del Instituto Mexicanode Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Victor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); José Rosario, del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh); Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”; Sergio Madrid, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor; Ricardo Reynoso, del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) e Hilda Salazar, de la Red de Género y Medio Ambiente, entre otros.
Cabe señalar que Greenpeace es una organización pacificista, financiada por los ciudadanos y ciudadanas, y que durante toda su existencia ha llevado a cabo sus denuncias, protestas y acciones bajo el principio de la no violencia.
“Sabemos que el trabajo de nuestras campañas afecta fuertes intereses económicos y políticos, que nuestras denuncias siempre traen nombre y apellido de quienes destruyen el ambiente y que lo que hacemos implica riesgos en una democracia tan frágil como la nuestra. Sin embargo, este año como nunca Greenpeace ha sido objeto de ataques que reflejan la impunidad y la descomposición social del país”, afirmó Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.
Los ataques de Semarnat a Greenpeace comenzaron en marzo, cuando la secretaría utilizó todo el poder del Estado para descalificar y hostigar a esta organización. En septiembre, Greenpeace identificó que era mencionado en sitios de internet de grupos que se adjudican atentados, en octubre se recibieron amenazas de muerte por correo y se tuvo que suspender una actividad en Guerrero.
“De todo esto las autoridades han sido informadas con oportunidad, hemos levantado averiguaciones previas y solicitado medidas cautelares, sin embargo, la reacción ha sido muy lenta. ¿Qué más es necesario que suceda para que las autoridades actúen?, agregó Arendar”.
“Estos ataques si bien distraen nuestra atención, no van a lograr que dejemos de hacer nuestro trabajo: seguiremos defendiendo a Cabo Pulmo, vamos a detener las siembras comerciales de maíz transgénico, impulsaremos nuestra propuesta de revolución forestal y exigiremos frenar la exploración petrolera en aguas profundas. Y, por supuesto, además de nuestras campañas, haremos todo lo posible por fortalecer el trabajo y las redes entre organizaciones civiles para evitar que avance la impunidad, para que el miedo no se apodere de todos y para que no se nos arrebaten los espacios democráticos ganados. Exigimos resultados de las investigaciones iniciadas, exigimos que se informe a la ciudadanía sobre los nuevos escenarios que estamos viviendo y que se tomen con la seriedad que ameritan, exigimos que el Estado cumpla con su función de proteger y garantizar la vida de los ciudadanos, de los defensores de los derechos a un medio ambiente sano y de las organizaciones de la sociedad civil”, finalizó Arendar.
Organizaciones que expresan su solidaridad con Greenpeace
Homero Aridjis, Grupo de los Cien
Jorge V. Villalobos, Cemefi
Alejandro Calvillo, El poder del consumidor
Alejandro Villamar, RMALC
Odón de Buen, ENTE
Jose Antonio Ordoñez Díaz, Pronatura Mexico A.C.
David Kaimowitz, Fundacion Ford
Adán Mata del grupo de ejidatarios de Texcaliacac, Estado de México
Esperanza Salazar, Bios Iguana
Yolanda Alaniz, Comarino
Ingrid Spiller, Fundación Boell
Gustavo Alanís Ortega, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
Omar Vidal, WWF
Hilda Salazar. Mujer y Medio Ambiente.
Lorena Vázquez Ordaz, The Hunger Project México
Lydia Cacho, CIAM Cancún
Alternativas Pacíficas, AC
Miguel Angel García Aguirre, Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Elena Kahn, Guerreros verdes
Areli Sandoval Terán, DESCA Y Social Watch Mexico, DECA Equipo Pueblo, A.C.
Alma Margarita Oceguera Rodríguez, OSC Centro Cultural Esperanza Rodríguez, AC.
Gustavo Sánchez, Red MOCAF
Hilda Salazar, Red de género y medio ambiente
Carlos A. Vicente, GRAIN
Francisco Valdés Perezgasga, Instituto Tecnológico de La Laguna
Luis Bustamante, Unión de Grupos Ambientalistas de México
Grupo Financiamiento Mexicano
Conanp
Gerardo Bocco, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM
Gustavo Sánchez, de Red Mocaf
Dr. Alejandro Velázquez, Academic Liaison, UNAM-Canadá
Xavier Treviño Theesz, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
Jaime Navia, GIRA A.C.
Patricia Gerez Fernández, INBIOTECA, Universidad Veracruzana