Noticia - 30 octubre, 2012
Nadie les dijo nada. Los productores de maíz criollo de los municipios de San Ignacio y Concordia, en Sinaloa, no fueron notificados sobre la existencia de un proceso de consulta para cambiar la forma de producción del maíz en la región ahora que la empresa Monsanto solicitó autorización para sembrar maíz transgénico con fines comerciales en las 700 mil hectáreas de cultivo de temporal en esta entidad.
Mucho menos les comentaron que para acceder y participar en dicha consulta era requisito indispensable contar con servicio de Internet y su respectiva computadora, porque la convocatoria lanzada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se encuentra en su página web.
De esta manera, a cientos de campesinos e indígenas, los mismos que durante miles de años ha conservado la riqueza de maíces mexicanos, les arrebatan la posibilidad de emitir una opinión, claro, por medio de la web, porque ya alzaron la voz para gritar su indignación por las violaciones a sus derechos y para exigir al Gobierno de este país niegue a Monsanto la autorización para sembrar maíz transgénico en todo el territorio de ese estado.
Los productores sinaloenses denuncian que el sesgo de la Senasica, que margina de la consulta pública a campesinos e indígenas que no tienen acceso a Internet, representa violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
De acuerdo con el Artículo 2º, Fracción XIV, se obliga a “establecer mecanismos para la participación pública en aspectos de bioseguridad materia de esta Ley, incluyendo el acceso a la información, (…) y la consulta pública sobre solicitudes de liberación de OGMs al ambiente”. Así mismo, el Artículo 108 obliga a realizar: “… los estudios y las consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los OGMs que se liberen al ambiente en el territorio nacional, y establecerá los mecanismos para realizar la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda la liberación de OGMs, considerando el valor de la diversidad biológica”.
Aquí no termina la indignación, de aprobarse las solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico para las 700 mil hectáreas del estado de Sinaloa, el Gobierno Mexicano no podrá garantizar la producción de maíz blanco libre de transgénicos para la alimentación de los mexicanos. ¿Dónde quedará el derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y la soberanía alimentaria de los mexicanos? Tampoco nadie nos ha dicho nada sobre eso.