En Tierra Blanca, la vida no vale nada…

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Noticia - 6 septiembre, 2013
La vida para los pobladores de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, se han vuelto cada vez más difícil. Mes con mes se enteran de un nuevo enfermo de Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Suena extraño pero es cada vez más común escuchar este grupo de palabras y preguntarse ¿por qué?

Nadie, ninguna autoridad de salud o estatal desde 1993 ha podido responderle a los veracruzanos que viven esta región del estado qué es lo que ocurre, qué hay en el ambiente, en el aire, tierra o subsuelo, que los está enfermando. ¿Es el agua, hay tóxicos? Las respuestas van desde lo absurdo hasta los dogmas pero ni un solo estudio multidisciplinario ha podido establecer qué hay en Tierra Blanca que ha provocado la muerte de más de 700 personas en 20 años, todos fallecidos por la misma causa, un mal renal. Para 2006, la insistencia de la población detonó que se instalara la primera clínica de hemodiálisis en la zona, para atendender a 12 personas.

Con grandes esfuerzos, el Comité Pro Desarrollo de la Cuenca Papaloapan, A.C y la Dra. Lilia Albert, hcieron un estudio de los casos existentes desde 1998 a 2003, mismo que se presentó en 2007, donde reportaba que las muertes se elevaban a 6 cada mes, rebazando el promedio nacional de este padecimiento y sin causas atribuibles a un factor en particular.

Resumen ejecutivo del estudio.

Ahora, con mayor investigación, la comunidad ha podido establecer que no sólo hay afectados en Tierra Blanca, sino que el polígono de afectación se extiende a 5 municipios más: Tierra Blanca, Cotaxtla, Cuitláhuac, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado, lo que incrementa la incertidumbre sobre el número real de afectados y defunciones por IRS.

Este año, el caso volvió a cobrar fuerza ante las intenciones del gobierno del estado, que encabeza Javier Duarte, de recortar los recursos financieros para la atención de los enfermos de IRC. El cierre por tres días de la clínica de hemodiálisis de Tierra Blanca el pasado 16 de agosto dejó como saldo una persona más fallecida. Sin atención médica ni estudios que permitan determinar que agente contaminante está mermando la salud de los veracruzanos en estos seis municipios, el futuro es muy poco alentador.

Ante los intentos del gobierno estatal por sofocar la exigencia de la población por el derecho a un ambiente sano y a la salud, el Comité Pro Desarrollo de la Cuenca Papaloapan, A.C; el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Veracruz, en contra del Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, por la violación sistemática al derecho humano a la salud que existe en el municipio de Tierra Blanca.

Las principales exigencias que se hacen al Gobierno del Estado de Veracruz en la queja presentada ante la CEDH son:

  • Que se otorgue atención inmediata, puntual, gratuita, eficaz e integral a los pobladores que padezcan Insuficiencia Renal Crónica o alguna otra enfermedad renal, y que esta atención sea permanente y conforme a los estándares que establecen la legislación interna y el derecho internacional.
  • Que las autoridades estatales de salud realicen un registro puntual de los casos de personas que hayan sido diagnosticadas con padecimientos renales e insuficiencia renal crónica en el Municipio de Tierra Blanca y lo hagan público.
  • Que se establezca un Fideicomiso para atender el problema hasta que existan pruebas fehacientes de que éste haya sido resuelto, con objeto de asegurar que existan recursos suficientes para su atención. En la administración de este Fideicomiso deberá participar la comunidad.
  • Que el Estado Veracruzano otorgue una reparación integral del daño a los afectados y a los familiares de quienes ya han fallecido por IRC, debido a la responsabilidad en la que ha incurrido al no dar solución suficiente y oportuna a esta problemática ambiental que aqueja la región desde hace más de veinte años.
  • Que se realice a la brevedad un estudio puntual, a cargo de un grupo independiente y multidisciplinario de expertos reconocidos, conforme a un protocolo validado que cumpla con lo que, para estos casos, establecen la Ley General de Salud y el Código de Bioética, de modo que se logre determinar las causas de IRC en esta comunidad.
  • El gobierno veracruzano tiene la obligación de auspiciar las investigaciones sobre la presencia en el ambiente de contaminantes que puedan ser causales de este problema de salud.
  • Que cuando estas causas se hayan identificado y comprobado, se establezca un programa adecuado que permita dar solución definitiva a esta problemática.

Ante estas circunstancias Greenpeace hace un llamado urgente al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte y al secretario de salud en el estado, Juan Antonio Nemi para que ordenen una investigación científica multidisciplinaria que permita identificar qué agentes tóxicos están disparando la presencia de IRC en la población veracruzana y detener este problema ambiental que está mermando la de salud de la población.