Sí, en medio en un contexto de enorme descontento social y manifestaciones públicas frente a las que se ha utilizado la fuerza pública de manera desproporcionada, generando violaciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, protesta social e incluso integridad, diputados del PRI y PAN “descongelaron” un dictamen sobre “movilidad social” redactado en 24 de abril pasado en el que se cuestionó que garantizar el derecho de todo ciudadano a la movilidad podría ser interpretado también como un excelente pretexto o coartada para limitar el derecho a la libre manifestación.
¿De qué estamos hablando y por qué nos preocupa?
En el Artículo 11, donde se hace referencia a que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes” se añadió un párrafo en el que se dice: “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.”
miércoles, 03 de diciembre de 2014
© Ivan Castaneira
En el Artículo 73, sobre las facultades del Congreso, se agrega que “está facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Distrito Federal, de los estados y municipios en materia de movilidad universal, en los términos que establece la Constitución.”
Aun cuando la reforma constitucional señalada podría servir para garantizar el derecho a la movilidad, existe una gran preocupación de que a través de la Ley General de Movilidad y su reglamentación se busque generar una restricción más al derecho a la protesta social.
En la criminalización de la protesta han estado implicados todos los partidos políticos. Por ello llama poderosamente la atención, que en este contexto, el PRD señalé que se busca restringir la protesta, cuando en el DF se aprobó una Ley de Movilidad que sí pretende inhibirla. A la par, en los últimos dos años, la violencia policiaca contra manifestantes se ha convertido en un patrón sistemático en la capital del país.
Por si fuera poco, hay que destacar que aun sin existir esta Ley de Movilidad, de acuerdo con el informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS) “No tenemos miedo, defensores del derecho a la tierra atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado” de enero de 2013 a abril de 2014 se registraron en México 82 agresiones, esto representa un incremento del 100% respecto a las registradas en 2011 y 2012. La causa principal de las agresiones está ligada a mega proyectos eólicos, mineros, hidroeléctricos gasoductos y acueductos en zonas que afectan a comunidades, razón por la cual existe una gran oposición, misma que se ha intentado acallar con 39 amenazas, 15 agresiones físicas, 13 casos de criminalización, 12 intimidaciones y cuatro asesinatos de activistas tan sólo en ese periodo.
Es el escenario en el que actualmente nos encontramos, es preciso resguardar el derecho a la libertad de expresión y manifestación, ya que en semanas pasadas hemos visto actividades de la fuerza pública para “controlar”, “encapsular” o “detener” a manifestantes e iniciarles un proceso judicial aun cuando existe un registro de detenciones arbitrarias, represión y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades.
Por lo anterior, Greenpeace México y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social* refrendan que se deben garantizar y maximizar los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática y evitar cualquier pretensión de restringir ilegítimamente el derecho a la protesta. Hacemos un enérgico llamado al Congreso de la Unión para que durante la revisión de la reforma y su eventual proceso de reglamentación constitucional, evite aprobar cualquier disposición que busque inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Sobre tal proceso nos mantendremos vigilantes.
* Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social conformado por: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.