Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el 13 de junio de hace ya dos años, esta organización ambientalista presentó ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Alfonso Flores y otros servidores públicos, por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Bioseguridad de OGM, al haber ignorado las opiniones técnicas –que en ese momento eran vinculantes- de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que dictaminaron la inconveniencia de otorgar el permiso de liberación comercial de soya genéticamente modificada.
El funcionario violó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados al otorgar permisos para la siembra de soya transgénica en fases comercial y piloto para los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán en 2012, por lo que será investigado por el Área de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, como exigió Greenpeace desde 2012.
El Órgano Interno de Control de la Semarnat notificó a esta organización ambientalista -a través de un oficio con fecha del 10 de junio- que encontró “elementos probatorios suficientes que permiten presumir la existencia de presuntas irregularidades administrativas por parte de Alfonso Flores Ramírez” quien actualmente sigue siendo funcionario público en la misma DGIRA.
En 2012, la Conabio, el INE y la Conanp, órganos técnicos adscritos a la Semarnat, recomendaron a la DGIRA actuar con cautela frente a dichas solicitudes, dado que el uso de glifosfato para las siembras de soya modificada representan un evidente riesgo de afectación a áreas naturales protegidas así como de afectación a la polinización.
“Lo que hizo el funcionario de la Semarnat fue faltar a sus obligaciones al violar los principios de legalidad e imparcialidad que rigen el servicio público, por lo merece ser sancionado de manera ejemplar, Flores debe ser destituido de su puesto e inhabilitado en el servicio público”, indicó María Colín, asesora legal de Greenpeace México.
“Hasta ahora, la irresponsabilidad mediante violación de leyes con la que los funcionarios actúan en numerosas ocasiones al otorgar permisos sin considerar los impactos negativos, ha sido una práctica acompañada de la impunidad. Por ello esta investigación es fundamental y será muy útil para la defensa del medio ambiente que se lleve a cabo de manera que concluya en una sanción. Esto dejaría un precedente importante para que cualquier funcionario – en este caso de Semarnat- recuerde que su mandato es velar por el medio ambiente”, abundó Colín.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos (art. 13) prevé sanciones que van desde la amonestación, la suspensión temporal del empleo, la destitución del puesto de plano, la inhabilitación temporal en el servicio público hasta por diez años cuando se cause daños o perjuicios a terceros.
Ficha técnica:
Ficha técnica funcionario de Semarnat investigado en caso de transgénicos.