Este retraso merma el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita de los habitantes de la ciudad, denunciaron Greenpeace y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria quienes exhortaron a los magistrados (1) a que resuelvan a la brevedad este juicio y conserven el sentido original del dictamen de la Primera Sala que sienta dos precedentes trascendentales.
El primero de ellos es que se preserve la obligación del gobierno de consultar e informar a la ciudadanía en obras que así lo requieran y el segundo es que se reconoce el interés legítimo de las asociaciones civiles para interponer recursos legales en los temas que defienden.
El 2 de diciembre de 2011, la Primera Sala del TCADF anuló la Resolución Administrativa de la SMA-DF, que autorizaba la Evaluación de Impacto Ambiental, pues faltó someter el documento a consulta pública como lo obliga la ley Ambiental del Distrito Federal. Un mes después, el Gobierno capitalino y la empresa “Controladora Vía Rápida Poetas” apelaron esa sentencia alegando que se trata de una obra de interés público, el caso llegó a la Sala Superior y desde entonces no ha habido respuesta.
La magistrada Eugenia Quiroz fue la encargada de realizar el proyecto de sentencia y tardó 14 meses en elaborarlo. A finales de marzo envió su propuesta al resto de los magistrados, quienes llevan un mes con el asunto sin que tengan fecha próxima para resolverlo aun cuando la conclusión de la Supervía está planeada para mayo.
“Esperamos que los juzgadores adopten este tipo criterios a fin de que organizaciones de la sociedad civil, abocadas a la defensa y protección del medio ambiente y derechos humanos en general, podamos acudir a juicio sin que se desechen nuestros recursos legales y que los jueces y magistrados estudien de fondo los asuntos que plantean beneficios a la sociedad”, señaló María Colín, abogada de Greenpeace.
Por su parte, Margarito Miranda, abogado del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. lamentó que para el gobierno del DF y la empresa el derecho al libre tránsito tenga “cuota” e hizo un llamado a que la Presidenta del TCADF, Yasmín Esquivel Mossa se excuse de conocer este asunto, derivado de su vínculo matrimonial con José María Riobóo, uno de los empresarios que construye la Supervía. “Para evitar suspicacias por conflicto de intereses, la magistrada no debe participar en la resolución definitiva de este asunto, conforme a los artículos 81 y 84 de la Ley Orgánica del TCADF”, señaló.
Contactos:
Margarito Miranda, abogado del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., tel. 56596797 Ext. 227. /// Edith Martínez, coordinadora de prensa Greenpeace, tel. 56879595 Ext. 120 Cel. 04455-3939-3599. E-mail: 
(1) Los magistrados que conforman la Sala Superior del TCADF son: Yasmín Esquivel Mossa (Presidente del Tribunal), Victoria Eugenia Quiroz Pesquera (Ponente), Laura Emilia Aceves Gutiérrez, Cesar Casteñeda Rivas, María Marta Arteaga Manrique, Jesús Anlen Alemán y Jesús Raúl Amida Reyes.