Si el presidente Enrique Peña Nieto decide aprobar las siembras de maíz transgénico en fase comercial en territorio nacional estará violando el derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano y a los derechos culturales de los mexicanos.
Por ello, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Convergencia de Organismos Civiles, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., El Poder del Consumidor, Greenpeace, y ciudadanos a título personal, presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja contra Peña Nieto y otros funcionarios por la eventual aprobación de las solicitudes de siembra en fase comercial de maíz transgénico en los estados de Tamaulipas y Sinaloa, presentadas en septiembre del año pasado por las trasnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences (1).
Las organizaciones piden a la CNDH que solicite de manera urgente medidas cautelares para que el gobierno federal y las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se abstengan de otorgar los permisos y dictámenes favorables para tal fin.
“Si Peña Nieto le apuesta a aprobar estas solicitudes, estará violando derechos humanos fundamentales y condenando a los mexicanos a carecer de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, denunció María Colín, asesora legal de Greenpeace.
“La última reforma constitucional de reconocimiento pleno a los derechos humanos integrales obliga al Estado Mexicano a garantizar el derecho a la salud de toda la población del país y demanda la aplicación ineludible del principio precautorio. Confiamos en que el actual gobierno mexicano, consciente de sus responsabilidades constitucionales sea garante de ese derecho irrenunciable que nos corresponde a todos y niegue los permisos solicitados por empresas transnacionales económicamente poderosas”, declaró Ana María Salazar, abogada del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.
"Con el otorgamiento de los permisos comerciales de maíz transgénico estaríamos enriqueciendo a dos o tres empresas a cambio de poner en peligro nuestra salud, cultura y cocina”, señaló Lorena Velazco, asesora legal de Convergencia de Organismos Civiles, A.C.
“El maíz transgénico es una amenaza para nuestro país como centro de origen de esta semilla y para nuestra cultura alimentaria. Amenaza tanto a los agricultores como a los consumidores, a los primeros les expropiaría el control de las semillas que han desarrollado por 9 mil años dejándolo en manos de una transnacional, para los consumidores sería un riesgo no evaluado a nuestra salud y la pérdida de nuestra riqueza culinaria declarada Patrimonio de la Humanidad”, advirtió Alejandro Calvillo de El Poder del Consumidor.
“Las autoridades mexicanas no pueden garantizar que no habrá más casos de contaminación de variedades nativas de maíz y sus parientes silvestres, además de afectación a insectos polinizadores. Como consumidores es vulnerado nuestro derecho a elegir qué productos deseamos consumir, debido a que la legislación en materia de salud y de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (OGM) no prevé su etiquetado, asimismo tampoco existen mecanismos de trazabilidad (2) para poder seguir su rastro dentro de los canales de comercialización y, en caso de que se detectaran incidentes de riesgo o evidencia de daño a la salud humana ante nuevos datos científicos o técnicos que surgieran a futuro será imposible retirarlos del mercado”, alertó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
Además del Presidente de la República, otras autoridades denunciadas en la queja son: Enrique Martínez y Martínez, titular de la Sagarpa, Enrique Sánchez Cruz, director general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat, Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem); Mercedes Juan López, secretaria de Salud, Mikel Arriola Peñalosa, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y quien resulte responsable, entre otros (3).
Estos funcionarios no pueden ignorar los argumentos y las recomendaciones de expertos sobre la urgencia de detener el avance de los cultivos transgénicos. El Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación recomendó el regreso a la moratoria sobrelas pruebas de campo y en el cultivo comercial de maíz transgénico con el fin de proteger la biodiversidad del maíz, dado que se concluye que el maíz GM implica riesgos para la biodiversidad de las variedades nativas, además de no ser una respuesta para problemas reales a los que se enfrenta la agricultura mexicana, como son las sequías y la producción en suelos pobres, declarando además que el cultivo de maíz GM más bien supondría un paso atrás en la consecución del derecho a la alimentación (4).
Cabe recordar que la legislación en materia de bioseguridad tiene como base el Principio Precautorio (5) especialmente al ser centro de origen y de diversidad genética del maíz, debiendo entender como “centro de origen” de plantas cultivadas, una zona geográfica en donde se encuentra un máximo de diversidad del cultivo y en el que coexisten o coexistieron sus parientes silvestres (6).
Llaman a ciudadanía a sumarse a esta queja
La queja presentada por las organizaciones puede ser replicada por la ciudadanía a título personal y por otras organizaciones interesadas ya que son los derechos de todos y cada uno de los mexicanos los que están en riesgo. La queja completa, así como un resumen de la misma y los pasos a seguir para presentarla se encuentran disponibles para descargarlos en la página www.greenpeace.org a partir de este lunes 25 de marzo.
“Cada uno tenemos el derecho y el poder de exigir una agricultura y una alimentación libre de transgénicos, hagamos efectivo el poder de la gente a través de nuestra participación”, invitó Aleira Lara.
Fuentes:
1.- En septiembre de 2012, Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences presentaron seis solicitudes de liberación comercial para la siembra de maíz GM, con características de resistencia a insectos (Bt) y tolerante al herbicida glifosato (RR), para los estados de Tamaulipas y Sinaloa, en extensiones de hasta 351,284 y 700,000 hectáreas, respectivamente.
2.- De acuerdo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la trazabilidad, definida en el Reglamento 178/2002 “es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso o un ingrediente, (que) reviste una importancia decisiva para la protección de los consumidores.
3.- Lista completa de funcionarios denunciados: Enrique Peña Nieto. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Enrique Sánchez Cruz director general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Hugo Fragoso Sánchez, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del SENASICA ; Francisco Javier Trujillo Arriaga, director general de Sanidad Vegetal del SENASICA; Mercedes Juan López, secretaria de Salud; Mikel Andioni Arriola Peñalosa, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Rocío del Carmen Alatorre Eden-Wynter, comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la COFEPRIS; Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Alfonso Flores Ramírez, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT; Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y quien resulte responsable.
4. http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2011/junio/OLIVIER%20DE%20SCHUTTER%20DECLARACION%20FINAL_2.pdf
5.- La Declaración de Río de Janeiro, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, consagró el Principio Precautorio, bajo el siguiente texto: "Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".
6.- Serratos Hernández, José Antonio, “El origen y la diversidad del maíz en el continente americano”, Greenpeace, segunda edición, septiembre de 2012, México, D.F., p. 6.
Mayor información con:
Greenpeace: Angélica Simón, al 56879595 ext.115; al 04455 4084 5320 o al correo 
CAM: Ana María Salazar, al 55440508; al 04455 2260 9954 o al correo, 