Pese a que Enrique Peña Nieto afirmó tener el compromiso de cumplir con las modificaciones constitucionales -realizadas en 2010- que fortalecerían los Derechos Humanos en México (1), la realidad ha sido otra.
Desde su primer día de gobierno se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes; investigación y persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos, así como la descalificación automática de los movimientos, criminalizando a quienes protestan (2).
En agosto de 2014, la Procuraduría General de la República informó que 22 mil 322 personas se encontraban en estatus de “no localizadas”, de las cuales 9 mil 790 fueron reportadas en el gobierno actual (3). En cifras reales, el gobierno de Peña ha tenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, como una práctica habitual para obtener información y confesiones bajo coacción (4).
Greenpeace es una organización ambientalista que actúa para proteger el medio ambiente, promover la paz y la justicia social y ambiental. Desde su fundación hace 43 años, estableció una serie de principios entre los que se encuentra la búsqueda de un mundo más verde, pacífico y justo para todos, una convicción moral por la que no puede ignorar actos que atenten contra la dignidad de las personas y el equilibrio de los ecosistemas.
- La gota que derramó el vaso: #YaMeCansé
El 26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, Guerrero, perdieron la vida seis personas, tres de ellas, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, 20 más resultaron heridas y 43 personas fueron desaparecidas, sin que a la fecha exista certeza de su paradero.
Ante la falta de resultados confiables en las investigaciones de las autoridades federales, la sociedad civil nacional e internacional ha expresado su repudio a estos lamentables hechos y se ha solidarizado con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, miles hemos tomado las calles en demanda de justicia.
Lamentablemente éste no es un hecho aislado. Ha habido un aumento exponencial en los conflictos socioambientales en México derivados de la explotación y mercantilización de los "bienes comunes naturales", el despojo, contaminación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas y sus recursos naturales que evidencian violaciones a los derechos humanos y crímenes impunes cada vez más recurrentes bajo el amparo de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
- Defensores de derechos humanos y criminalización de la protesta social
Desde 2013 y hasta abril de 2014, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha contabilizado un aumento en el número de agresiones a defensores ambientales: en menos de 16 meses se han registrado 82 casos en 22 estados de la República Mexicana, 4 ejecuciones extrajudiciales de defensores ambientales y comunitarios, 29 solamente entre enero y abril de 2014, en los cuales los agresores identificados en 37 casos fueron autoridades del Estado mexicano de los tres órdenes de gobierno (5).
- Destruyendo México con leyes laxas y pérdida de recursos naturales
Durante este segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto el medio ambiente se ha visto sacudido por una oleada de desastres. Por poner algunos ejemplos, Durango, Sonora, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa vivieron catástrofes ambientales que se suman a los mil 124 casos de daño ambiental ocurridos en lo que va del sexenio.
Estos “accidentes” son solo la punta del iceberg de la opacidad en la que actúan las industrias en México, donde la laxitud de las leyes les permite contaminar a cambio de multas irrisorias por concepto de “reparación del daño”, sin que se tomen en cuenta las externalidades.
Las “reformas estructurales”, impulsadas por Enrique Peña Nieto en el último año, concretaron cambios al marco legal hacendario, de las telecomunicaciones, la política electoral y el sector energético, en todos los casos se privilegiaron los intereses económicos empresariales y coartaron los derechos de millones de mexicanos.
La reforma energética y los cambios a las leyes secundarias – por decreto- en esta materia imponen nuevos retos para la defensa efectiva del derecho a un medio ambiente sano, ya que la legislación concede a las actividades extractivas el carácter de estratégicas, de interés social y de orden público; dando preferencia a la utilización de la técnica del fracking, la exploración y explotación de hidrocarburos, servicio eléctrico, la energía nuclear y la geotermia, frente a otras actividades, como la agrícola, forestal o de conservación; legalizando la ocupación temporal de tierras de propiedad privada, ejidal o comunal, bajo el riesgo de que se dañen las tierras y los recursos naturales por estas prácticas.
Los decretos presidenciales del 3 de noviembre debilitaron también un instrumento básico para la protección del ambiente: el ordenamiento ecológico territorial, excluyendo a las actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos de la obligación de cumplir con la fase de diagnóstico y pronóstico del ordenamiento regional y local.
En cuanto al deterioro que enfrentan los bosques y selvas de México no muestra mejoras comprobables. La actual administración carece de una política sólida que plantee soluciones reales para proteger, recuperar y manejar estos ecosistemas.
A pesar de que el presupuesto gubernamental destinado a la Comisión Nacional Forestal es de más de 7 mil millones de pesos en los últimos años (6), se desconoce el impacto directo y real que la inversión pública está teniendo sobre los bosques y sus dueños.
México tiene una característica especial y poco común a nivel global: alrededor del 60% del total de la superficie de bosques y selvas es de propiedad social; sin embargo, el apoyo y financiamiento para comunidades, ejidos y propietarios forestales continúan siendo marginales, comparados con la inversión en recursos y el impulso mediático que se le dan a otras acciones poco efectivas como la reforestación. El manejo forestal comunitario es una estrategia efectiva para mantener los bosques en pie, apuntalar el desarrollo económico y social, fortaleciendo la gobernanza de los territorios forestales y la paz social.
Pese a ello, las políticas públicas promueven la competencia entre el sector agropecuario y el forestal; impera la tramitología para obtener permisos, se somete a los dueños a trámites tortuosos y poco claros, a requisitos fiscales no equitativos desincentivando la continuidad de prácticas que ayudan a proteger los bosques y selvas.
Por otro lado, los impactos del modelo agroalimentario actual, con base en la agricultura industrial tiene graves impactos ambientales, sociales y de salud pública. El actual modelo de agricultura no garantiza el derecho constitucional de los mexicanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Las y los pequeños agricultores son excluidos de las discusiones sobre la definición de la política agrícola.
En materia ambiental el actual modelo de agricultura industrial se caracteriza por el uso excesivo y sin control de agrotóxicos, la mayoría de ellos prohibidos en la Unión Europea y Estados Unidos, incluyendo 42 pesticidas que se sospecha carcinógenos humanos, y 85 principios activos de uso agrícola.
Las políticas agrarias se han enfocado al sector industrial y las políticas dirigidas al sector rural son de corte asistencial: se trata a productores familiares como sujetos vulnerables y no como actores que contribuyen al desarrollo económico del país.
Los grandes industriales acaparan programas como Procampo. Apenas el siete por ciento de los agricultores que tienen menos de una hectárea reciben pagos de este instrumento, mientras que el 42 por ciento de los agricultores que son propietarios de 20 hectáreas de tierras o más perciben dichos beneficios.
Enrique Peña Nieto ha mantenido una indefinición hacia el cultivo del maíz transgénico. Las empresas transnacionales Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer han solicitado permisos para comercializar sus semillas patentadas en el país, mismas que se mantienen en estatus de evaluación de riesgo (8), a pesar de que científicos mexicanos han advertido impactos irreversibles para el medio ambiente y la sociedad si se aprueban los cultivos de maíz genéticamente modificado (9).
La verdadera solución para acabar con el hambre en el país es una reforma al campo con una visión de equidad y soberanía alimentaria que impulse un modelo de agricultura ecológica que proteja, mantenga y restaure la diversidad de la vida en la tierra; fomente la producción y conservación de semillas nativas e incentive la investigación pública y en la cual el control de la alimentación y la agricultura incumba a las comunidades locales, en lugar de las empresas transnacionales.
Greenpeace seguirá trabajando por todas las vías posibles para reforzar la legislación ambiental mexicana, a pesar del desinterés del Ejecutivo por proteger el medio ambiente. Además, no ignoraremos actos de injusticia que atenten contra la dignidad de las personas y el equilibrio de los ecosistemas.
Notas:
- Estrategia para la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/estrategia-para-la-implementacion-de-la-reforma-constitucional-en-materia-de-derechos-humanos/
- Control del espacio público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno. Abril 2014. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/217427394/Informe-Protesta-pdf
- Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Disponible en: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/ConsultaPublica y ‘‘No localizadas’’, 22 mil 322 personas en el país: subprocuradora Benítez, La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/08/22/politica/005n1pol
- World Report 2014. Human Rights Watch. Disponbible en: http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/mexico
- Cemda (Et. Al.) Informe sobre la “Destrucción del patrimonio biocultural de México por megaproyectos y ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equiparables”, documento presentado el 30 de octubre de 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 153° periodo de sesiones.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación. Disponible en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/DocumentosRecientes.aspx
- Propuesta para la reforma al campo en México. Red Mexicana por la agricultura familiar y campesina. Disponible en: http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/resources/Propuesta%20Red%20Agricultura%20Familiar%20_%20Reforma%20al%20campo_0.pdf
- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Disponible en: http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=5586
- Aprobación inminente de siembra a gran escala de maíz transgénico: Científicos alertan sobre la amenaza al maíz en su centro de origen y diversificación. La salud humana también está en riesgo. Disponible en: http://www.uccs.mx/doc/g/planting-gmo-corn_es
Más información con: Edith Martínez. Cel. 553939-3599. Of. 56879595 ext. 120; 
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