10 pesos por metro cuadrado, precio oficial para destruir manglares

En la reunión pública de información que tuvo lugar el 10 de noviembre como parte del proceso de evaluación y autorización del proyecto "Puerto de Manzanillo, Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010", los representantes de la API, promoventes del proyecto, informaron que la Semarnat les exigió depositar 10 millones de pesos ante el Fondo Nacional Forestal como medida de compensación por el desmonte, dragado y rellenado de casi cien hectáreas de humedales para ampliar el puerto.

Las obras (dragado, construcción de siete posiciones de atraque, ampliación de patios de almacenamiento y áreas para manejo de contenedores, construcción de vialidades) afectarán de manera directa y permanente 98 hectáreas del humedal e implican el desmonte de 75.6 hectáreas de manglares, selva baja y otros tipos de vegetación características de este tipo de ecosistemas.

No salen las cuentas

"¿Con qué criterio determinó la Semarnat que el pago único de cien mil pesos por hectárea de humedales y manglares compensa la pérdida de los servicios ambientales que brinda este ecosistema?", cuestionó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques y selvas de Greenpeace México. "El valor estimado de los servicios ambientales que los manglares y humedales de nuestro país proporcionan tan sólo a las pesquerías va de 10 mil a 16 mil 750 dólares, ¡por año!, sin incluir otros servicios que brindan como la protección frente a la erosión de la línea costera, contra huracanes e inundaciones, purificación del agua, regulación del clima, entre muchos otros. La API ni siquiera realizó estudios sobre los beneficios ambientales que proporciona el manglar y el humedal de San Pedrito".

Las organizaciones Bios Iguana, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace recordaron que este proyecto fue rechazado el año pasado por la Semarnat ya que la NOM-022, relativa a la protección de humedales costeros en zona de manglar, prohibía explícitamente dragar, talar y rellenar manglares y humedales y establecía una franja de 100 metros para llevar a cabo actividades que los pudieran afectar. Sin embargo, el 7 de mayo pasado la Secretaría modificó ilegalmente dicha norma, estableciendo que todas esas restricciones pueden ser omitidas siempre que los interesados paguen una "compensación".

Con lo que guste cooperar

"La modificación de la norma 022 fue ilegal ya que no se sometió a consulta de la sociedad como establecen las leyes Federal de Metrología y Normalización y Federal de Procedimiento Administrativo, entre otras", afirmó Pablo Uribe, director de litigio del Cemda. Asimismo, "exigimos saber con qué criterios científico y legal fijó la Semarnat esta irrisoria compensación. Ahora sabemos cuánto vale el medio ambiente para la autoridad responsable de protegerlo".

Por su parte, Esperanza Salazar, de Bios Iguana, explicó: "Las graves carencias del estudio de impacto ambiental presentado por API se reflejan en las absurdas medidas de compensación que propone, como apoyo a un campamento tortuguero y un cinturón ecológico de diez metros de ancho alrededor del puerto. Es sencillamente inaceptable. La ampliación del puerto debe considerar otras opciones de desarrollo que mitiguen el daño sobre humedales y manglares y que puedan ser referente y modelo para otras obras portuarias".

Dicho estudio esboza argumentos económicos y deja de lado el tema central: el impacto ambiental del proyecto. Este señalamiento no es banal. "Cifras oficiales de INEGI indican que la degradación ambiental nos cuesta cada año más de 10% del producto interno bruto. Los supuestos beneficios económicos del proyecto no pueden continuar siendo pretexto para destruir nuestros ecosistemas, pues está visto que este criterio beneficia a unos pocos y los daños los pagamos todos", advirtió Magallón.

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