En el aniversario del accidente de Bhopal, repudian el uso de plaguicidas

Hace dos décadas, en las primeras horas del 3 de diciembre de 1984, ocurrió uno de los accidentes industriales más trágicos a escala mundial, en la fábrica de plaguicidas propiedad de la Union Carbide en la ciudad de Bhopal, India. Una cisterna explotó liberando 40 toneladas de isocianato de metilo, fosgeno y otros compuestos tóxicos formando una nube tóxica que avanzó a ras del suelo y penetró en los barrios pobres aledaños causando la muerte de 7 mil personas en los primeros días y de 15 mil en los años posteriores. Según un reporte de Amnistía Internacional, cerca de 100 mil personas aún sufren de enfermedades crónicas causadas por la exposición a los gases tóxicos. El lugar aún no ha sido limpiado y los barrios pobres vecinos siguen tomando agua contaminada.

Acciones, no palabras

La Campaña Internacional por Justicia en Bhopal -en la que participan organizaciones hindúes y grupos internacionales como la Red Internacional contra Plaguicidas (Pesticide Action Network) y Greenpeace- exigen:

-que Dow Chemical, quien adquirió la Union Carbide en el 2001, asuma su responsabilidad indemnizando a las víctimas y limpiando el lugar;
-que se realice una evaluación completa de los impactos causados a la salud y al ambiente;
-que se extradite desde Estados Unidos a Warren Anderson, exdirector de Union Carbide en la India, para que comparezca ante la corte hindú.

"Los plaguicidas representan un peligro a lo largo de todo su ciclo de vida", advirtió Fernando Bejarano, coordinador de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), quien recordó que también en nuestro país han ocurrido accidentes con estas sustancias: el incendio de la empresa Anaversa, en Córdoba, Veracruz, en mayo de 1991, que ha causado numerosas muertes por cáncer y efectos crónicos en la población; nunca se efectuó la limpieza del lugar ni se compensó a las víctimas, aunque la empresa cobró el seguro contra accidentes. Un segundo caso es el de la empresa formuladora de plaguicidas Artivi, en Juchitepec, Estado de México.

Un tercer caso es el de Tekchem, en Salamanca, Guanajuato, que produjo por décadas insecticidas organoclorados persistentes, lo cual creó problemas de salud y contaminación ambiental. En sus instalaciones, la empresa conserva 84 mil toneladas de residuos organoclorados que dejó Fertimex más 45 mil toneladas de azufre contaminado. Estas y otras sustancias se encuentran a la intemperie.

Un desorden

De acuerdo con un reporte de RAPAM, en México se autoriza el uso de plaguicidas que causan intoxicaciones sin exigir medidas de protección para los trabajadores y sus familias. También están aprobados 68 plaguicidas que pueden causar cáncer en humanos según la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, la Unión Europea y la EPA de Estados Unidos, 21 que alteran el desarrollo reproductivo, 33 que causan alteraciones hormonales, 21 que pueden debilitar el sistema inmunológico y 50 relacionados con problemas de infertilidad en machos. "El riesgo que corre la población no se justifica. Hay alternativas agroecológicas para el control de plagas que deberían recibir apoyos", declaró el coordinador de RAPAM.

"Accidentes como el de Bhopal o los ocurridos en México nos recuerdan la impunidad de las corporaciones químicas y la falta de aplicación del principio de el que contamina paga", señaló Marisa Jacott, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace, quien añadió que también se debe ejercer el derecho de conocer los riesgos de las sustancias tóxicas, las emisiones y descargas de residuos peligrosos y las alternativas que los eliminen, para en su lugar promover procesos de producción limpia.

México requiere una política en materia de seguridad química entendida como la "prevención de los efectos adversos, a corto y largo plazo, que presentan para los seres humanos y el medio ambiente, la fabricación, el almacenamiento, el transporte, el uso y la eliminación de productos químicos", tal y como lo recomienda el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química de las Naciones Unidas, coincidieron en señalar RAPAM y Greenpeace.