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Greenpeace produjo la primer silla presidencial certificada, es decir, elaborada con madera que cuenta con el sello FSC.
Ver imagenDurante la presentación, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS) y Greenpeace pidieron a Fox que asuma como prioridad la defensa y el cuidado de nuestros bosques y selvas, que apoye el manejo forestal comunitario y que garantice que su gobierno deje de contribuir a la tala ilegal y destructiva, adquiriendo únicamente productos de madera proveniente de bosques naturales certificados por el Forest Stewardship Council (Consejo de Manejo Forestal o FSC, por su sigla en inglés).
"En México, la falta de una política clara de conservación y de promoción del buen uso de los recursos forestales ha provocado la desaparición de la mitad de nuestros bosques en los últimos 50 años", dijo Alejandro Calvillo, director ejecutivo de Greenpeace México. "Esperamos que esta silla que entregaremos a Vicente Fox logre un cambio de actitud del gobierno y marque el inicio de una política de apoyo a las comunidades y ejidos que hacen buen manejo del bosque".
Promotores de la deforestación
México pierde 785 mil hectáreas de bosques y selvas cada año, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De acuerdo con la misma dependencia, políticas públicas erróneas han promovido el cambio de uso de suelo de los bosques para convertirlos en tierras de cultivo y potreros para ganado, lo cual causa el 82% de la deforestación. Con estas cifras, la FAO nos ubica con la quinta tasa de deforestación más grave del planeta, sólo superada por las de Brasil, Indonesia, Sudán y Zambia.
La segunda causa de deforestación en México es la tala ilegal (8%) y se debe principalmente a la falta de opciones de la gente que habita en los bosques para sobrevivir y a la actividad de mafias. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 70% de la madera que se vende en México proviene de bosques explotados en forma ilícita.
"Es preocupante que el gobierno federal promueva la tala ilegal al comprar grandes cantidades de madera cuyo origen no puede comprobar y que seguramente es obtenida de manera ilícita", denunció Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. "Esto no sólo provoca una gran pérdida de biodiversidad, sino que agrava la escasez de agua, la erosión del suelo y las inundaciones, entre otros efectos negativos. Además, desplaza del mercado a las comunidades que hacen un buen manejo forestal y no pueden competir con los precios falsamente baratos de la madera proveniente de la tala clandestina".
Consumo irresponsable
De acuerdo con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Economía, sólo el año pasado el gobierno mexicano gastó 57 millones de pesos en madera y materiales básicos relativos de madera, 10.5 millones de pesos de madera laminada y chapeada, mil millones de pesos en muebles de oficina, 3 millones de pesos en artículos de carpintería y 12.6 millones de pesos en armarios, gabinetes, depósitos y estantes.
"Si el gobierno desea resolver el problema de la deforestación en nuestro país y combatir la madera proveniente de la tala clandestina, debe apoyar a las comunidades que hacen buen manejo de sus bosques naturales", afirmó Magallón. "Un primer paso para hacerlo es establecer una política de compras ambiental y socialmente responsable, en vez de gastar más de mil millones de pesos en productos fabricados con madera proveniente de la tala ilegal y destructiva".
Actualmente, más de 30 comunidades y ejidos han sido certificados por la organización internacional FSC
"Estas comunidades y ejidos tienen un papel fundamental en la conservación de los recursos forestales. Por ejemplo, en la zona maya de Quintana Roo se reporta una tasa de deforestación de apenas el 0.1%, equiparable a la de zonas núcleo de áreas naturales protegidas donde la tasa de deforestación es menor al 0.5%", afirmó Sergio Madrid, del CCMSS. "Esto se debe a que las comunidades han hecho un buen manejo de su bosque desde 1984. El manejo forestal comunitario está probando ser una buena opción para conservar los bosques y selvas, al tiempo que permite vivir dignamente a la gente que los habita".
Y añadió: "Actualmente, el sello otorgado por el FSC es la única manera de garantizar que la madera no proviene de la tala destructiva o ilegal ya que para ser otorgado se vigila todo el proceso de producción, desde el cuidado del bosque hasta su llegada al usuario final".
Buen manejo
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aprobada en 2003, el gobierno, por medio de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), "promoverá la certificación del buen manejo forestal, y el apoyo a los propietarios forestales a fin de que éstos puedan obtener dicho certificado... [y también promoverá la] sensibilización de los compradores finales nacionales e internacionales de productos forestales en la compra responsable, con base no sólo en el precio y la calidad, sino también en la sustentabilidad de los recursos forestales y de esta forma coadyuvar a combatir la madera proveniente de la tala clandestina y la sobreexplotación".
"Vicente Fox y su gobierno tienen la responsabilidad de apoyar a las comunidades que hacen buen manejo de sus bosques naturales y dejar de promover la deforestación y la tala ilegal", afirmó Calvillo.
Greenpeace informó que el 16 de febrero pasado hizo llegar una carta al secretario de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, en la que le pedía promover la compra de madera certificada en todas las dependencias del gobierno. Dado que aún no hay respuesta, Greenpeace emprenderá una campaña de recolección de firmas para exigirle a Vicente Fox que su gobierno adquiera sólo productos forestales provenientes de bosques naturales certificados por el FSC.
¿De dónde salió la silla presidencial certificada?
La silla fue elaborada con madera proveniente de bosques naturales certificados por el FSC (certificado SW-FM/COC-101), pertenecientes a la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. Esta comunidad cuenta con un aprovechamiento forestal de 8 mil 449 hectáreas y una industria que genera entre 800 y 850 empleos permanentes para la extracción de madera (de pino, encino y oyamel), la fabricación de molduras y muebles, y la obtención de brea y aguarrás.
Debido a esto, Nuevo San Juan recibió en febrero pasado un reconocimiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Convención de Diversidad Biológica, por sus "extraordinarios esfuerzos para reducir la pobreza a través de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad".
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