Autoridad ambiental respaldó tráfico ilegal de 28 delfines

Los delfines están enlistados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, en inglés) dentro de un apartado que establece que sólo sería posible comercialos en estricto apego a las leyes de la nación exportadora. En particular, este requisito no fue cumplido. En un oficio fechado el 28 de junio del 2003, Waeta Ben Tabusasi, premier de la Provincia de Guadalcanal (de donde salió el cargamento de cetáceos), en Islas Solomon, afirma: "En cuanto a la pregunta de si se extendió permiso para realizar comercio de exportación... la respuesta es: Negativo".

Pese a ello, pasada la medianoche del 21 de julio, el cargamento de delfines llegó a Quintana Roo.

Por otra parte, el Alto Comisionado de ese país, Brian Baldwin, declaró: "La policía y otras fuerzas del Estado se han colapsado y esto ha permitido que algunos se aprovechen de sus compatriotas y de los recursos naturales. La captura de los delfines y su explotación es un ejemplo de lo que está sucediendo".

Más aún, la introducción de los 28 delfines de la especie Tursiops aduncus a México, 13 hembras y 15 machos, gracias a las negociaciones del subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Raúl Arriaga, contravino el plan del manejo del parque nacional Punta Nizuc, la Ley General de Vida Silvestre y la Convención CITES que establece que para comprar especies de países no miembros de esta Convención se deben cumplir todos los requisitos establecidos en las leyes nacionales del país exportador. Tan solo para que saliera de Islas Solomon este cargamento, debería contar con el visto bueno de autoridades locales y de una autoridad científica de CITES, lo cual no ocurrió.

Aunque el subsecretario Raúl Arriaga estaba al tanto de estas irregularidades avaló el permiso de importación, lo cual es grave, en opinión de las organizaciones ambientalistas.

La propia Dirección General de Vida Silvestre, dependiente de la subsecretaría que dirige Arriaga, señaló: "Los ejemplares deberán permanecer en estricto confinamiento y no podrán ser liberados al medio silvestre ya que se trata de una especie exótica". Eso contradecía el sentido de su importación para el delfinario del Parque Marino Punta Nizuc, que por ser un área natural protegida no permite la introducción de especies exóticas.

A lo anterior se suman las condiciones del traslado de los delfines, que provocaron la muerte de dos ejemplares.

Por todo ello y en apego a diversas disposiciones legales, las organizaciones ambientalistas demandaron que se anule el permiso de importación, se decomisen los delfines, se obligue a la empresa importadora a regresarlos a las Islas Solomon y se investigue la participación del subsecretario Raúl Arriaga en la violación de las leyes nacionales e internacionales.