Cada año, talamontes asesinan a dos inspectores forestales

“Greenpeace lamenta profundamente el enfrentamiento entre inspectores de Probosque y talamontes de Xalatlaco y, sobre todo, el saldo de inspectores muertos y heridos. Este no es un hecho aislado. Desde 1991, al menos 30 inspectores forestales han muerto en el país por cuestiones relacionadas con su trabajo (en promedio dos inspectores asesinados cada año).  Es decir, en 15 años se ha asesinado al equivalente a 10% del total de la plantilla de inspectores en todo el país. Es urgente que el gobierno federal, a través de la Profepa, asuma el control del combate a la tala ilegal y para hacerlo necesita recursos y atribuciones suficientes”, explicó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques y selvas de Greenpeace México.

Cabe señalar que Probosque, la instancia involucrada en el enfrentamiento del jueves 29, surgió de un convenio entre federación y gobierno mexiquense para delegar las labores de inspección y vigilancia forestal, pero Probosque ha sido ineficaz en su cometido. En los casi tres años que lleva funcionando, la tala ha aumentado: en la parte mexiquense de lo que Greenpeace llama el Gran Bosque de Agua es donde se presentan los más graves problemas de deforestación (el Gran Bosque de Agua se extiende por 120,000 hectáreas de Estado de México, Morelos y Distrito Federal).

“La tala se ha agravado, como lo muestra la deforestación de 250 hectáreas en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y en zonas del Izta-Popo”, dijo Magallón.

De acuerdo con la Profepa, en México se producen 7 millones de metros cúbicos (m3) de madera proveniente de la tala clandestina realizada principalmente en 15 zonas críticas, 3 de las cuales están en Estado de México, una de ellas en el Bosque de Agua.

Actualmente, la Profepa carece de autonomía, recursos y facultades suficientes para hacer su trabajo. Tiene alrededor de 300 inspectores para vigilar los 56 millones de hectáreas de bosques y selvas del país. Es decir, a cada inspector le corresponden más de 180 mil hectáreas, lo que equivale a la mitad del estado de Tlaxcala. Actualmente, los inspectores carecen de equipo y de atribuciones para investigar o portar armas para su defensa, pese a que generalmente se enfrentan a bandas de talamontes.