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Denuncia Greenpeace a Calderón, Cárdenas y Elvira por infringir leyes sobre OGM
14 abril 2009
Greenpeace interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de los servidores públicos que, infringiendo la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), modificaron su reglamento para permitir las siembras experimentales de maíz transgénico en México, a pesar de que el país carece de un sistema de salvaguardas de bioseguridad eficiente y de que es el centro de origen y diversidad del maíz.
La violación de la LBOGM es constitutivo del delito de coalición de servidores públicos, previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal (CPF), que dice: “los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución, (…) se le impondrán de dos a siete años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Los funcionarios denunciados son: el jefe del ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Elvira Quesada, y el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, quienes de manera coordinada derogaron el artículo octavo transitorio del reglamento de la LBOGM para incumplir lo dispuesto en el artículo 2, fracción XI, relativo al Régimen especial de protección del maíz; y en el artículo 86, relativo a los centros de origen y diversidad genética.
“Estamos presentando estas denuncias penales porque lo que están haciendo las autoridades con el maíz no sólo es una amenaza para nuestra biodiversidad, sino que también es una abierta violación a las leyes aprobadas en nuestro país. Si quienes tienen que hacer cumplir las leyes y preservar nuestra biodiversidad y proteger a nuestro campo no lo hacen, es necesario que enfrenten su responsabilidad por estas omisiones y rindan cuentas pública y penalmente. ¡Basta de impunidad!”, afirmó Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.
“Con esta denuncia solicitamos a la PGR que tome las medidas precautorias establecidas en la LBOGM y en el CPF para impedir la continuación de los delitos denunciados, así como que se ejerza acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables de dichos delitos”, afirmó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.
El pasado 6 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados” (LBOGM), el cual reforma el artículo 65, adiciona los artículos 66 al 73, reforma el quinto transitorio y deroga el octavo transitorio.
“Con estas nuevas disposiciones, el ejecutivo federal le da la vuelta a la ley para evadir su responsabilidad de crear el régimen de protección especial al maíz o expedir los acuerdos que determinen los centros de origen y de diversidad genética, así como las medidas necesarias para su protección”, agregó Aleira Lara.
La decisión del gobierno mexicano de autorizar siembras experimentales de maíz transgénico en México es contraria incluso a las recomendaciones hechas por el organismo responsable de la biodiversidad en nuestro país, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Por medio de una comunicación escrita, fechada el 9 de mayo de 2006 y remitida al director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Conabio urgió a tomar medidas especiales respecto al maíz, así como al apego al principio precautorio, dado que “no todos los riesgos relacionados con los organismos genéticamente modificados en lo general ni en lo particular son conocidos”.
En el mismo sentido, en comunicaciones dirigidas a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), a la Sagarpa y a la Semarnat, el 7 de agosto de 2006, el coordinador nacional de la Conabio, dr. José Sarukhán Kermez, insistió en que es fundamental condicionar la autorización de las siembras de maíz transgénico a la determinación de los centros de origen y diversidad genética, así como al establecimiento de un régimen de protección especial al maíz, recomendaciones que fueron desechadas con la modificación al reglamento de la LBOGM.
Una cita textual y contundente de dicha carta enviada a las secretarías establece que: La CN-Conabio (Coordinación Nacional de la Conabio) se opone totalmente a una liberación comercial de maíz genéticamente modificado, ya que en este caso y con razones de mucho peso, el principio precautorio es ineludible por los riesgos tan graves en que se colocaría a las variedades de maíz en nuestro país.
El gobierno mexicano tiene un claro interés en que se otorguen permisos para la liberación de maíz transgénico en México, en el mismo sentido que las empresas productoras quieren comercializarlo en el mercado nacional; dejando de lado los estudios científicos que demuestran los daños al medio ambiente y a la biodiversidad que provocaría su siembra, así como los graves riesgos que éste representa para la salud humana.
“Mientras no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos y las normas oficiales mexicanas relativas a la bioseguridad del maíz, no será jurídicamente posible el otorgamiento de permisos de liberación de maíz transgénico al ambiente. Sin un sistema de bioseguridad debidamente instrumentado se carece de parámetros jurídicos, científicos y técnicos idóneos para garantizar la bioseguridad del maíz. De ser autorizada la siembra experimental de maíz transgénico, los funcionarios acumularían un precedente más de violación a la ley y, por lo tanto, tendrán que asumir responsabilidad legal ante todos los mexicanos”, finalizó Lara.
La violación de la LBOGM es constitutivo del delito de coalición de servidores públicos, previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal (CPF), que dice: “los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución, (…) se le impondrán de dos a siete años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Los funcionarios denunciados son: el jefe del ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Elvira Quesada, y el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, quienes de manera coordinada derogaron el artículo octavo transitorio del reglamento de la LBOGM para incumplir lo dispuesto en el artículo 2, fracción XI, relativo al Régimen especial de protección del maíz; y en el artículo 86, relativo a los centros de origen y diversidad genética.
“Estamos presentando estas denuncias penales porque lo que están haciendo las autoridades con el maíz no sólo es una amenaza para nuestra biodiversidad, sino que también es una abierta violación a las leyes aprobadas en nuestro país. Si quienes tienen que hacer cumplir las leyes y preservar nuestra biodiversidad y proteger a nuestro campo no lo hacen, es necesario que enfrenten su responsabilidad por estas omisiones y rindan cuentas pública y penalmente. ¡Basta de impunidad!”, afirmó Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.
“Con esta denuncia solicitamos a la PGR que tome las medidas precautorias establecidas en la LBOGM y en el CPF para impedir la continuación de los delitos denunciados, así como que se ejerza acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables de dichos delitos”, afirmó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.
El pasado 6 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados” (LBOGM), el cual reforma el artículo 65, adiciona los artículos 66 al 73, reforma el quinto transitorio y deroga el octavo transitorio.
“Con estas nuevas disposiciones, el ejecutivo federal le da la vuelta a la ley para evadir su responsabilidad de crear el régimen de protección especial al maíz o expedir los acuerdos que determinen los centros de origen y de diversidad genética, así como las medidas necesarias para su protección”, agregó Aleira Lara.
La decisión del gobierno mexicano de autorizar siembras experimentales de maíz transgénico en México es contraria incluso a las recomendaciones hechas por el organismo responsable de la biodiversidad en nuestro país, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Por medio de una comunicación escrita, fechada el 9 de mayo de 2006 y remitida al director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Conabio urgió a tomar medidas especiales respecto al maíz, así como al apego al principio precautorio, dado que “no todos los riesgos relacionados con los organismos genéticamente modificados en lo general ni en lo particular son conocidos”.
En el mismo sentido, en comunicaciones dirigidas a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), a la Sagarpa y a la Semarnat, el 7 de agosto de 2006, el coordinador nacional de la Conabio, dr. José Sarukhán Kermez, insistió en que es fundamental condicionar la autorización de las siembras de maíz transgénico a la determinación de los centros de origen y diversidad genética, así como al establecimiento de un régimen de protección especial al maíz, recomendaciones que fueron desechadas con la modificación al reglamento de la LBOGM.
Una cita textual y contundente de dicha carta enviada a las secretarías establece que: La CN-Conabio (Coordinación Nacional de la Conabio) se opone totalmente a una liberación comercial de maíz genéticamente modificado, ya que en este caso y con razones de mucho peso, el principio precautorio es ineludible por los riesgos tan graves en que se colocaría a las variedades de maíz en nuestro país.
El gobierno mexicano tiene un claro interés en que se otorguen permisos para la liberación de maíz transgénico en México, en el mismo sentido que las empresas productoras quieren comercializarlo en el mercado nacional; dejando de lado los estudios científicos que demuestran los daños al medio ambiente y a la biodiversidad que provocaría su siembra, así como los graves riesgos que éste representa para la salud humana.
“Mientras no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos y las normas oficiales mexicanas relativas a la bioseguridad del maíz, no será jurídicamente posible el otorgamiento de permisos de liberación de maíz transgénico al ambiente. Sin un sistema de bioseguridad debidamente instrumentado se carece de parámetros jurídicos, científicos y técnicos idóneos para garantizar la bioseguridad del maíz. De ser autorizada la siembra experimental de maíz transgénico, los funcionarios acumularían un precedente más de violación a la ley y, por lo tanto, tendrán que asumir responsabilidad legal ante todos los mexicanos”, finalizó Lara.
