Científicos y organizaciones señalan riesgos por la ley Monsanto

Porque no establece un régimen claro de responsabilidades ante daños que la liberación de organismos genéticamente modificados o transgénicos pueda ocasionar; porque no establece un mecanismo claro de consulta pública; porque no dota a estados y municipios de facultades para participar en las decisiones sobre las liberaciones de OGM, entre otras muchas razones, esta iniciativa de ley debe ser discutida y modificada, señalaron durante una reunión con senadores los críticos a la "ley Monsanto".

"Esta ley adolece de muchos y graves defectos. Demandamos a los legisladores tomarse el tiempo necesario para elaborar una ley de bioseguridad que realmente le sirva al país. Los únicos que tienen prisa porque esta ley salga tal y como está son los que se benefician con ella, es decir quienes desarrollan las semillas transgénicas patentadas, comenzando por la trasnacional Monsanto", afirmó María Colín, asesora legal de Greenpeace México.

El doctor Alejandro Nadal, coordinador del programa de ciencia, tecnología y desarrollo de El Colegio de México y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), enfatizó el hecho de que esta iniciativa no contempla mecanismos para fincar responsabilidades en caso de daños a terceros en sus bienes o en su salud, al medio ambiente o a la diversidad biológica. Bajo la redacción actual, quienes causen contaminación transgénica no incurrirán en ilícitos ni tendrán obligación de reparar los daños, lo cual, lejos de crear certidumbre jurídica, sienta las bases para numerosos conflictos sociales pues deja en la indefensión a consumidores y campesinos, además de desproteger al medio ambiente.

"Basta un ejemplo para observar la gravedad de la situación. Supongamos que un productor agrícola usa OGM en sus terrenos. Compró semillas transgénicas de un fabricante con permiso para comercializarlas y liberarlas al medio ambiente. Las usa conforme a las instrucciones del fabricante. Supongamos que tiene un vecino que es productor orgánico certificado y que exporta a Japón. Si hay flujo génico entre los dos cultivos, el productor orgánico perderá su certificación. En ese caso, sufrirá daños económicos cuantificables. Pero no hay responsabilidad del productor que sembró semillas genéticamente modificadas y que contaminó al productor orgánico. Tampoco hay responsabilidad del fabricante de esas semillas. Es decir que hay indefensión para productores convencionales y orgánicos, así como para los consumidores y el medio ambiente", expuso Nadal.

"El régimen de responsabilidades es lo que permite mantener un equilibrio sano entre el proceso de innovación tecnológica y la protección a la salud y el medio ambiente. Sin un régimen del responsabilidad objetiva no hay incentivos para que empresas y laboratorios adopten medidas para reducir o eliminar los riesgos. La actual propuesta de ley de bioseguridad rompe este equilibrio. Eso no le sirve a la nación", agregó el científico.

Derechos ciudadanos y etiquetado

Por su parte, Gustavo Alanís, presidente del Cemda, explicó: es necesario establecer un régimen claro de protección especial para el maíz criollo y mecanismos de participación pública para evitar conflictos sociales. Se deben respetar los derechos de los ciudadanos con un etiquetado claro de transgénicos y sus derivados. Además, es indispensable respetar las facultades de estados y municipios para declarar su territorio como zona libre de OGM.

Asimismo, se debe tomar en cuenta el estudio "Maíz y Biodiversidad" de la Comisión de Cooperación Ambiental, el cual recomienda que se fortalezca la moratoria a la siembra de maíz transgénico y que las importaciones de transgénicos se hagan de forma segregada etiquetando de manera clara y precisa las importaciones de material genéticamente modificado.

"¿Qué intereses hay detrás de la prisa legislativa? ¿Qué es primero, las transnacionales o los intereses de los mexicanos?", cuestionó Alanís.

La respuesta a estas interrogantes la proporcionaron los promotores de la ley Monsanto, quienes han tenido pleno acceso a los senadores -incluso en sesiones oficiales de comisiones unidas-, que nuevamente intentaron imponer sus puntos de vista en esta sesión a la cual no estaban convocados.

"Le pedimos a los legisladores rehusarse a que Monsanto tome decisiones que le corresponden al Senado. Es mentira que esta ley va a dar certidumbre jurídica y generar mecanismos reales de bioseguridad. Esta ley lo que hará es poner en bandeja de plata nuestra agricultura a la transnacional Monsanto, legalizando la contaminación transgénica. Lo que está en juego es la soberanía del país", finalizó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.

Los senadores Verónica Velasco, del PVEM, y Armando Chavarría, del PRD, presidentes de las comisiones de medio ambiente y de ciencia y tecnología, respectivamente, se comprometieron a tomar en cuenta las observaciones críticas para enriquecer la minuta de ley.