DF, México —
El gabinete presentado por el presidente electo Felipe Calderón permite prever que prevalecerán los conflictos de visión entre dependencias y que el medio ambiente no recibirá la atención prioritaria que requiere, señaló la organización ambientalista Greenpeace México.
“Mientras en la Secretaría de Medio Ambiente se designa a Juan Elvira,
que durante la gestión que llega a su fin fue de los escasos
funcionarios con conocimiento y sensibilidad sobre la problemática
ambiental y con disposición al diálogo con las organizaciones, en la
Secretaría de Agricultura se designa a Alberto Cárdenas, abierto
promotor de los transgénicos, de los intereses turísticos a costa de
ecosistemas como el manglar, de empresas sucias a costa de los recursos
naturales y de las comunidades como el caso de Minera San Xavier, y del
desmantelamiento técnico y “empanizamiento” de la Secretaría. Para
completar el cuadro, en la Secretaría de Turismo se deja a Rodolfo
Elizondo, quien se ha dedicado a promover megadesarrollos turísticos en
zonas frágiles, con escasos recursos y a costa de los manglares y de la
ley. Mientras Elvira puede ser una buena señal, otros funcionarios son
señales de alarma y de continuidad, es decir, de que detener la
destrucción de los ecosistemas no será una prioridad”, afirmó Patricia
Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.
Hay
dos temas fundamentales que para Greenpeace es urgente analizar en el
contexto del gabinete presentado y de lo que en el discurso ha
enfatizado el futuro presidente:
a) La relación entre pobreza y
medio ambiente. En su discurso de hoy y en otras ocasiones, el
licenciado Felipe Calderón ha señalado que el “deterioro ambiental
está directamente asociado a la miseria, a la falta de ingreso digno,
especialmente en las comunidades indígenas y campesinas”. Esto es
correcto, pero sólo en un sentido: el daño ambiental si bien es
generalizado, afecta más a los pobres dado que ellos dependen de manera
más directa de los recursos naturales. Son ellos quienes viven en los
bosques, en el campo, en zonas vulnerables y en las costas. Si los
ecosistemas se degradan, ellos pasan de pobres a pobres y damnificados
ambientales. Sin embargo, el deterioro ambiental en nuestro país está
fundamentalmente vinculado a las leyes laxas y su mala aplicación, a la
no responsabilidad de las empresas, a la visión de corto plazo, a que
se privilegian los intereses particulares, a que se ha seguido un
modelo de desarrollo basado en la industria sucia, a que no se toma en
consideración el estado de los ecosistemas antes aprobar proyectos de
aprovechamiento. Así, en realidad lo correcto es decir que el deterioro
ambiental está directamente asociado al modelo de desarrollo industrial
y al abandono en que se mantiene a las comunidades, legítimas dueñas de
los recursos naturales del país.
b) El desarrollo turístico y el
medio ambiente. Greenpeace percibe que hay una intención de continuar
promoviendo los megadesarrollos turísticos sin tomar en cuenta el
estado de los recursos naturales, en particular la protección de los
manglares y el beneficio de las comunidades que viven en las zonas
costeras. Esto es un error estratégico, una visión de claro corto plazo
y de privilegiar el interés privado más que público. Los desarrollos
turísticos que actualmente se están promoviendo en la zona del Golfo de
California, por poner un ejemplo, se acabarán el agua dulce de una
región de por sí semidesértica, destruirán los manglares de la zona
–fundamentales para no acabar con las pesquerías- y atraerán nueva
población para la que no hay servicios, por mencionar sólo algunos
impactos de largo plazo que ningún hotel, campo de golf o mall puede
paliar.
“Es necesario que la protección del medio ambiente se
vuelva un eje transversal de la política pública, necesidad que no se
ve que vaya a satisfacerse con los nombramientos hechos hasta ahora.
Llamamos al licenciado Felipe Calderón a trabajar para evitar el
alarmante nivel de deterioro de nuestros ecosistemas, que, como hemos
señalado anteriormente, equivale a 10 por ciento del PIB. No hay otra
manera de hacerlo que apoyando a las comunidades, dándole mayor peso a
la política ambiental, cumpliendo la ley y priorizando los intereses
públicos en vez de los privados”, señaló Arendar.
Sobre la Semarnat
Sobre
el secretario Juan Elvira, Greenpeace considera que habrá interlocución
y diálogo con las organizaciones y da su voto de confianza para que
este diálogo se transforme en voluntad política y medidas reales para
detener el deterioro ambiental.
Sin embargo, sobre el programa
Proárbol, que el funcionario ha señalado como su prioridad, Greenpeace
advierte que éste puede encaminarse al fracaso –exactamente igual que
la política forestal del sexenio que termina- si no corrige su enfoque.
Es un acierto destinar más recursos para la conservación de los bosques
a fin de contrarrestar los apoyos que promueven su conversión en
potreros y tierras de cultivo, principal causa de la deforestación en
México. Sin embargo, es un error destinar estos recursos a que los
campesinos "reforesten" y siembren árboles en lugar de maíz o frijol.
Las
campañas de reforestación han fracasado rotundamente: de los árboles
que se siembran sobrevive la cuarta parte. México tiene todavía 56
millones de hectáreas de bosques (25 por ciento del territorio), por lo
que enfocarse a "sembrar" no impide que los bosques que existen sigan
desapareciendo ya que este programa no atacaría las razones de fondo de
su deforestación. Por último, la gente que vive en los bosques necesita
subsistir y mantener a sus familias así que en cuanto dejen de recibir
los apoyos de Proarbol, volverán a talar para vender la madera y
sembrar maíz y frijol para comer.
Greenpeace propone que a
partir del presupuesto de 2007 se destinen 10 mil millones de pesos
anuales a la conservación de los bosques (actualmente se destinan 2 mil
millones), pero para promover el manejo forestal sustentable (MFS) de
comunidades y ejidos que en conjunto poseen 80 por ciento de los
recursos forestales del país. En las zonas donde las comunidades
practican el MFS, la tasa de deforestación es menor a la de las áreas
naturales protegidas y sus habitantes pueden vivir dignamente por lo
que ellos son los principales interesados en conservar sus recursos.
Sin embargo, solo 8.7 por ciento de los bosques y selvas de México se
han incorporado a esta práctica por lo que el 65 por ciento no recibe
ningún apoyo y es susceptible de ser talado y transformado en zonas
agrícolas. Los bosques deben ser una prioridad sí, pero desde la
perspectiva de conservar los que aún existen. En vez de Proárbol, lo
que se necesita es reforzar los programas como Procymaf y Coinbio y
aquellos que vayan encaminados a promover el MFS.