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Por autorizar transgénicos para consumo humano sin estudios previos, activistas de Greenpeace clausuraron la Secretaría de Salud.
Ver imagenPara denunciar este atentado contra la salud pública, activistas de Greenpeace se encadenaron y clausuraron hoy simbólicamente la entrada principal de la Secretaría de Salud con una manta en la que se leía: "Esta Secretaría pone en riesgo su salud". Esta demostración pacífica comenzó a las 7 de la mañana. Los miembros de la organización ambientalista exigían que la dependencia se comprometiera a reevaluar las autorizaciones y los procedimientos con que éstas fueron otorgadas.
"Es increíble que llevemos por lo menos 9 años consumiendo transgénicos y que además de que nadie nos informa que nuestros alimentos han sido genéticamente modificados, la dependencia responsable de velar por nuestra salud no haya llevado a cabo los análisis de riesgo sanitario necesarios para garantizar que un transgénico utilizado como alimento no afectará la salud de los consumidores mexicanos", dijo Areli Carreón, coordinadora de la campaña de consumidores de Greenpeace México.
Las autorizaciones para la comercialización destinada a consumo humano de cultivos transgénicos de soya, papa, algodón, canola, jitomate y maíz corresponden a las siguientes empresas: 20 a Monsanto, 1 a Híbridos Pionner de México y 1 a Dow AgroSciences. Fueron otorgadas únicamente en calidad de "visto bueno" -sin evaluación y sin sustento legal- por la Dirección de Normalización Sanitaria de la Secretaria de Salud y posteriormente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Los 22 transgénicos aprobados de esta manera se encuentran en ingredientes como materia prima, aceites, harinas o jarabes usados en diversos alimentos procesados tales como conservas, panes, tortillas, alimentos de bebé, cereales, refrescos y cervezas, pero ninguna etiqueta nos lo informa.
Ocultamiento y engaño
"Con el hallazgo de estas autorizaciones queda además en claro que la Secretaría de Salud le ha mentido a la sociedad. Desde 1999, Greenpeace le solicitó a esa dependencia información sobre la introducción y el consumo de organismos transgénicos a nuestro país, en particular del maíz, y funcionarios de esta dependencia negaron en reiteradas ocasiones, por escrito y en documentos oficiales, tener evidencias del ingreso a nuestro país de productos biotecnológicos, cuando ellos mismos las estaban autorizando", afirmó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.
Las autorizaciones fueron otorgadas con base en la información suministrada por las propias empresas solicitantes. La Ssa no realizó evaluaciones de riesgo. Es decir, la información acerca de si dichos transgénicos pueden resultar alérgenos, tóxicos o representar algún riesgo para los consumidores mexicanos está basada en los estudios realizados por las propias empresas en el país de origen (en este caso Estados Unidos, donde numerosas organizaciones han señalado la laxitud con que se autoriza la liberación de transgénicos) y no mediante una minuciosa investigación científica y pública, independiente de los intereses de las empresas y realizada en nuestro país, en función de nuestros patrones de consumo y características.
Las empresas dictan criterios de salud
El "Procedimiento de evaluación de inocuidad de OGM destinados al consumo humano", elaborado apenas en diciembre de 2003, establece como primer requisito "contar con el documento de aprobación emitido por la autoridad competente del país de origen del OGM". Los evaluadores se limitan a realizar una "ponderación" que consiste en asignar una calificación a los posibles riesgos (insignificante, baja, media o alta) a partir de la información proporcionada por las empresas.
"Como sabemos, las transnacionales agrobiotecnológicas nunca han hecho evaluaciones de impactos en la salud de mediano y largo plazos. Y dado que sólo les interesan sus beneficios económicos, ¿qué tipo de información van a suministrar? Una evaluación de riesgo para la salud basada en lo que Monsanto pueda decir es una pésima broma", afirmó Carreón.
La Secretaría de Salud omite una serie de procedimientos y recomendaciones de la máxima instancia en este tema, el Codex Alimentarius, con lo cual la Ssa convierte la "evaluación" en una simulación, un mero trámite burocrático.
Ya en julio de 2003 el Codex Alimentarius recomendó no aplicar el concepto de "equivalencia sustancial" para evaluar riesgos, pues no se puede partir de considerar que un alimento convencional y uno transgénico son lo mismo. Precisamente, este es el concepto aplicado por la Ssa.
Mentiras de la Secretaría de Salud
- El 26 de abril de 1999, José Meljem Moctezuma, director general de calidad sanitaria de bienes y servicios de la Ssa negó "tener evidencia de introducción al país de productos biotecnológicos", pese a que él en persona firmó autorizaciones para su comercialización para consumo humano desde 1996 (oficio número 401/_576/99).
- Acerca de autorizaciones de maíz transgénico, en junio de 1999, José Campillo, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, respondió: "Esta Secretaría no ha autorizado el consumo de este producto en el país y [dado] que su importación es regulada por la Sagar, la que, hasta donde conocemos tampoco ha autorizado este producto" (oficio número 03/1215).
- Desde 1999 la Ssa consideró importante que la etiqueta de los alimentos indique si estos son o contienen transgénicos; incluso lo incorporó a la Ley General de Salud, pero no ha desarrollado las normas para aplicar esta medida (oficio número 03/1215).
- Luego de que Greenpeace presentara, el 13 de abril del 2000, una denuncia popular contra funcionarios de la Ssa por la introducción de productos o derivados de transgénicos sin efectuar el control sanitario legalmente obligatorio, Meljem respondió que no habían detectado situaciones que requieran medidas de seguridad especiales y que en el caso del maíz, la única solicitud que recibió había sido rechazada.
- El 17 de septiembre de 2003, Greenpeace presentó un procedimiento de queja por responsabilidad administrativa contra diversos funcionarios, incluido el secretario de Salud, porque, entre otros puntos, las normas sobre etiquetado no habían sido publicadas. El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud respondió que archivaría el expediente "por falta de elementos" (oficio número 12/1.0.3.0.1/690/2004).
Greenpeace exige a la Secretaría de Salud
- Cancelar inmediatamente las autorizaciones otorgadas.
- Retirar inmediatamente del mercado los productos que contenga esos transgénicos sin el procedimiento de evaluación adecuado.
- Acatar realmente las disposiciones del Codex Alimentarius para evaluar la inocuidad de los alimentos.
- Indicar de manera clara en la etiqueta de los alimentos si contienen o son derivados de transgénicos.