"La tala ilícita se comete a plena luz del día, a unos metros de la
carretera, ante patrullas que no hacen nada cuando ven pasar a los
camiones repletos de madera. En esta zona siempre se escucha a las
motosierras trabajando", afirmó Héctor Magallón, coordinador de la
campaña de bosques y selvas de Greenpeace.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se ha contentado con
incluir a la región entre las 15 zonas críticas de tala ilegal en el
país, desoyendo las denuncias que por más de siete años ha realizado la
comunidad dueña de estos bosques. A estas denuncias se sumó la que
presentaron Greenpeace y la comunidad indígena tlahuica de San Juan
Atzingo el pasado 26 de abril, sin tener a la fecha respuesta alguna.
En sobrevuelos que realizó Greenpeace del 17 al 19 de mayo, con el
apoyo de la organización Light Hawk, resultó evidente que: a) algunas
zonas están siendo actualmente explotadas y otras se aprecian agotadas
y abandonadas, lo cual evidencia que la tala ilegal es una práctica
añeja en la zona; b) actualmente, la tala ilegal se concentra en la
zona norponiente del parque, dentro del Estado de México, y c) aún hay
bosques bien conservados dentro del área natural protegida y al sur de
la misma.
Por ello, Greenpeace reitera su llamado a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y, en particular a la Profepa, para:
- Frenar de inmediato la tala clandestina en la zona y realizar operativos permanentes de vigilancia.
- Inspecciones permanentes en los predios ubicados dentro y fuera
de esta área natural protegida, en aserraderos, talleres de carpintería
y a los vehículos que transporten madera aserrada o en rollo, sus
productos y subproductos. Exigir que acrediten la procedencia legal de
los productos.
- Asignar presupuesto suficiente para que estos operativos se
lleven a cabo a través de personal capacitado y con equipo suficiente.
- Investigar los hechos denunciados para deslindar responsabilidades.
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