De la contaminación a la colonización genética

La propuesta Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), a punto de ser firmada por la Cámara de Diputados, podría llamarse la Ley de Colonización Genética para el Siglo XXI o Ley de Promoción y Gratificación de las Nuevas Colonias Genéticas. Esta ley asegura los intereses de una élite reducida en México, que representa los intereses de otros poderes económicos y políticos fuera y dentro del país. Su firma y ratificación significarían la apertura de un capítulo triste en la historia. No es una buena idea y no es una buena decisión firmar esta Ley, ni para el país ni para el mundo.

El "Dictamen a la Minuta Proyecto del Decreto" es un ejercicio de ofuscación y complicación burocrática, seudocientífica que sirve para justificar la ejecución de un designio dictatorial que borra a cualquiera que sugiera oposición a una nueva y poderosa forma de apropiación ilegítima de los recursos comunales y públicos, de los derechos de campesinos e indígenas, de la libertad y la soberanía del país.

La Ciencia detrás del llamado "debate"

Lo que sabemos. Sabemos que los nuevos organismos transgénicos (organismos genéticamente modificados u OGM) representan una intervención en la naturaleza viva sin precedentes. Dicha intervención es profunda y sus consecuencias no se restringen al momento y lugar en que se les produce, sino que pueden propagarse a través de las propiedades reproductivas de los organismos.

Sabemos también que no sabemos lo suficiente para predecir las consecuencias de la intervención transgénica. Los promotores de la propuesta ley tienen razón cuando dicen que no existe evidencia de daño causado por la liberación de los trangénicos al ambiente. Con tales declaraciones la población de México debería de estar alarmada, no satisfecha.

No existe evidencia porque no se ha puesto suficiente atención a los problemas obvios y esperables de la manipulación genética de la naturaleza viva. Aún en los países e instituciones más ilustradas y financieramente acomodadas no existe la capacidad física, ni los recursos intelectuales, ni el interés institucional o la decisión política necesarios para establecer los riesgos reales de los transgénicos.

Sabemos que nuestras instituciones académicas han sido transformadas desde dentro. En el área de transgénicos, lo que se llama "ciencia" es una práctica técnica basada en principios anticuados y un abuso de las propiedades naturales de reproducción. Esta práctica es protegida como cualquier práctica dogmática e insegura de su posición: toda oposición es rápida y violentamente silenciada.

Sabemos que, junto a nuestra incapacidad por ver -no se diga predecir- las consecuencias de la manipulación transgénica, tenemos una incapacidad de controlar esa manipulación. A pesar de los esfuerzos por suprimir la información al respecto, la falta de control sobre los transgénicos es detectada por cada vez más miembros de la comunidad científica y otros ciudadanos. Así como no se puede declarar inexistente por decreto, este problema no se resolverá con borrarlo de la ley.

Sabemos que los pocos y castigados esfuerzos por vislumbrar algún problema con los transgénicos indican que existen problemas potencialmente serios. Entre los 70,170 artículos que encuentro en una búsqueda de literatura científica, sólo uno contiene datos de la contaminación del maíz en México y 10 problemas de salud humana. De los 10 últimos, uno de Noruega muestra que cinco fueron son pagados por la industria y tres fueron escritos por el doctor Arpad Pusztai, de Escocia, retirado de su puesto de 30 años por presentar los resultados de sus estudios sobre los daños de los transgénicos en animales de laboratorio. Hacer estudios científicos de los efectos sobre la salud de la población requeriría de enfoques epidemiológicos que necesitarían un etiquetado para contrastar los transgénicos con sus contrapartes no manipuladas.

La ley propuesta sabe esto y tiene cuidado de proteger los intereses de la ofuscación y sugiere un laxo etiquetado que, lejos de permitir mayor conocimiento entre la población, encubriría aún más la situación, poniéndola en manos de "los expertos".

Sin considerar si los transgénicos son deseables o no y sin permitir la alternativa de decir un simple "No" a su liberación, esta ley promueve los intereses de quienes desean liberar transgénicos al ambiente, incluyendo la promoción de más investigación y de más apoyos.

Los orígenes y consecuencias del "debate"

Sería un error histórico que el Congreso firmara esta ley. Significaría cerrar una discusión que la gente desea entablar. Para los diputados, el error sería no considerar cuestiones fundamentales de soberanía e identidad nacionales, pero también no tomar en cuenta los orígenes de esta ley y sus consecuencias más allá del contexto nacional.

Los transgénicos no son nuevos: se ha intentado su liberación desde hace más de 20 años. Desde entonces la oposición a su liberación ha sido continua y creciente. En muchos países esta oposición se ha convertido en rechazo oficial, con el invariable apoyo de la población. En Estados Unidos, donde originan la mayoría de estos organismos la oposición es amplia y ha llegado a las legislaturas de más de diez estados. ¿Por qué, entonces, la urgencia por pasar una ley de promoción de la transgenia en México en este momento, sin consulta significativa y antes del receso de fin de año?

La única razón que encuentro es el interés de los que llevan invertidos 220,000 millones de dólares y casi un cuarto de siglo en una manipulación que no ha traído ningún beneficio económico. Es claro que ante la negación de los países más industrializados de pagar tal deuda de las corporaciones, el esfuerzo de esas corporaciones y del Departamento de Estado de EEUU es obligar a los países menos industrializados a recibir estos productos, para cubrir tal deuda. Esto es claro para cualquiera que (sin conflicto de interés) haya participado en las reuniones multilaterales al respecto en los últimos cinco años.

Los transgénicos producidos no satisfacen ningún problema de relevancia para México. Son un "hierro molecular", a través del cual es posible identificar a los seres vivos como "propiedad privada" de una u otra corporación. Por ejemplo, Monsanto ha publicado desplegados en Chiapas declarando su intención de ejercer, directamente o a través del gobierno, sus "derechos de propiedad" sobre maíces transgénicos que ahí se pudieran encontrar. La corte de Canadá estuvo de acuerdo este año con estos derechos de la corporación, por encima del derecho del campesino a mantener su semilla.

Estas razones explican la oposición a los transgénicos, oposición que la iniciativa de ley parece no haber registrado. Los esfuerzos por legitimar la supresión de esa oposición a través de una legislación que sólo contempla a los promotores de los transgénicos no hará más que recrudecerla.

México juega un papel para el mundo de transferencia múltiple. En primer lugar, es la fuente de los recursos genéticos para el mundo en varios grupos de plantas y animales, especialmente en el maíz, la segunda fuente más importante de alimento para el mundo. En el flujo inverso, México es uno de los grandes portales internacionales para la introducción de transgénicos al mundo menos industrializado. A través de instituciones pseudo-mexicanas como el CIMMYT, de corporaciones como Monsanto, Syngenta (Novartis) y Dupont y la mexicana Seminis/Savia, y a través de centros apoyados por el erario público, existe una marea de introducciones de transgénicos al mundo "en desarrollo" desde México. País tan delicado, juega a un tiempo el papel de depósito de la riqueza genética del mundo y de basurero internacional de productos de la transgenia. Esta ley legitimará esta contradictoria y dañina situación.

México representa la fuente más respetada de opinión respecto a estos temas en el mundo menos industrializado. El mensaje que México envíe al mundo con la firma de esta ley tendrá muy grande influencia para la introducción de los transgénicos a muchos otros países, que no tienen la capacidad científica o política para establecer criterios complejos de intervención en la discusión. Los promotores de la transgenia se harán cargo de difundir y aplicar su mensaje.

Por estas razones hago un llamado a los ciudadanos legisladores para que rechacen el proyecto de ley que se les presenta. Es la decisión más racional si se considera el balance entre los beneficios (hipotéticos y exagerados) y los riesgos (claros aunque precariamente establecidos). Sería la decisión políticamente adecuada, dadas las contundentes implicaciones negativas para la soberanía nacional, la sobrevivencia de campesinos e indígenas y para el liderazgo de México.

Hago un llamado a la comunidad académica y científica para que rechace los esfuerzos por socavar la libertad de investigación y expresión, la responsabilidad pública, y la independencia. Hago un llamado a la ciudadanía para que mantenga la vigilancia de sus recursos genéticos, que se encuentran en peligro.

Dice una comunidad campesina que nos honra con su correspondencia: "El maíz nos ha ayudado a sobrellevar muchos problemas a lo largo de las generaciones. Ahora el maíz está en problemas. Es hora de que nosotros ayudemos al maíz." Pienso que tienen razón.

Ignacio H. Chapela
Berkeley, California, 13 de diciembre de 2004