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El gobierno y Chevron-Texaco pretenden devastar las Islas Coronado
"La aprobación de este proyecto por parte de las autoridades ambientales demuestra un claro contubernio entre el gobierno mexicano y la transnacional Chevron-Texaco. Es una decisión tan irregular en lo jurídico como negativa en lo ambiental, que lo único que puede explicarla es que la Semarnat nuevamente subordina el interés de la ciudadanía, la protección de nuestros recursos y la salud de la población a los intereses corporativos", afirmó Arturo Moreno, coordinador de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Decidido a gobernar sin la ciudadanía
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Semarnat, desechó todos los comentarios realizados por las organizaciones y decidió no realizar los estudios necesarios para evaluar el impacto ambiental del proyecto.
Así, al aprobar la MIA de Chevron-Texaco esta dependencia infringió varias disposiciones legales como la norma oficial 059-ECOL-2001 relativa al cuidado de especies bajo protección especial (en las islas hay especies endémicas de flora y fauna, entre ellas el lobo marino, la foca pinta, el ratón venado, la salamandra delgada, el petrel de Leach, el cormorán de doble cresta y ahí se encuentra la mayor colonia de anidación en el mundo del mérgulo de Xantus, un ave marina protegida en México y Estados Unidos. Además, las islas son área de descanso y reproducción para especies migratorias).
Asimismo, la Semarnat ignoró flagrantemente varios artículos de la ley que debe normar su actividad, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Es el caso del artículo 34, que garantiza el derecho de todo interesado a proponer medidas de prevención y mitigación a la manifestación de impacto ambiental; el artículo 35, que OBLIGA a la Semarnat a asegurarse de que los proyectos a los que dará autorización cumplen con esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas vigentes; y el reglamento de la LGEEPA sobre Evaluación del Impacto Ambiental, que dice que la Secretaría debe responder a las observaciones hechas por la sociedad.
El derecho a la participación ciudadana también está consignado en el Artículo 8 de nuestra Constitución y en el Principio 10 de la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, firmado por México, que reconoce la necesidad de la participación de la sociedad en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente.
Se otorgan licencias para devastar
La Semarnat sigue demostrando mayor interés en promover inversiones que en cumplir su función principal: garantizar el cuidado de los recursos naturales y su aprovechamiento sustentable. El abandono de sus principales obligaciones y el manejo discrecional de las normas y leyes ambientales queda en evidencia al observar todas las irregularidades en que incurrió durante el proceso de aprobación de la MIA:
- originalmente, Chevron-Texaco presentó una MIA de otro proyecto ubicado en Valladolid, Yucatán. Aunque la DGIRA se niega a reconocer esta anomalía, en el recurso de revisión se anexó una copia de la primera MIA,
- la DGIRA afirma que la "información adicional y complementaria" que presentó Chevron-Texaco sirvió para aceptar su proyecto, pero esta información nunca fue puesta a disposición del público,
- la Semarnat no realizó una revisión seria y profesional del sitio donde se pretende construir el proyecto,
- los "expertos" de Semarnat no fueron capaces de identificar las especies de Islas Coronado e ignoraron el hecho de que 97% de la vegetación corresponde a especies nativas,
- no se tomó en cuenta el exhorto del Congreso del 23 de julio de 2003 que solicita que: .... "la (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) ... promueva el decreto para la creación del Área Natural Protegida de las islas del Pacífico de Baja California, integradas por islas San Benito, isla Cedros, isla Guadalupe, isla San Martín, isla San Jerónimo, islas Todos Santos e islas Coronado" para declarar a la Islas Coronado como ANP,
- se ignoraron los impactos que tendrá la regasificadora en las especies enlistadas en la NOM-059,
- la DGIRA resalta que "de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles (...), las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Sin embargo, hasta la fecha la MIA contiene 54 páginas en idioma inglés,
- a su vez, aunque la LGEEPA establece que se debe publicar un extracto del proyecto en los 5 días siguientes a partir de la fecha en que se presente la manifestación, esto no ocurrió,
"Sin suficiente evidencia, la DGIRA aprueba ilegalmente una MIA insistiendo en considerar a Islas Coronado Sur un área muy alterada por actividades humanas de gran impacto, pese a que los estudios exhaustivos de erradicación de especies introducidas y las labores de conservación muestran lo contrario. Los supuestos expertos que envió ni siquiera pudieron identificar a las especies de flora y fauna que se encuentran en las islas. Peor aún, se niega a reconocer el hecho de que el conjunto de las tres islas representan un mismo ecosistema debido a su cercanía, la interrelación que existe en el área y los procesos ecológicos que ahí ocurren", afirmó Alfonso Aguirre, del GECI.
"A la DGIRA le bastó una visita turística de dos días para estudiar el área donde se pretende construir este proyecto que no beneficiará a los bajacalifornianos. Proyectos similares han sido rechazados en Estados Unidos, debido a los elevados riesgos que representan para la población y los pocos empleos que generan", declaró José Luis Sánchez, del Comité Estatal Ciudadano de Baja California.
Las organizaciones que interpusieron el recurso de revisión exigieron a las autoridades revertir la autorización de la MIA, toda vez que no hace uso de la mejor ciencia disponible, omite información determinante para la evaluación correcta de impacto ambiental y tiene severas fallas metodológicas. Esto significa que no tiene valor como instrumento para tomar la mejor decisión en términos de identificación exhaustiva y completa de los impactos ambientales, su prevención y mitigación, así como el análisis de alternativas e impactos acumulativos.
Por otra parte, mientras son inciertos los beneficios socioeconómicos prometidos por el proyecto, es real el riesgo para una serie de actividades económicas sustentables -acuacultura, educación e investigación ambiental, ecoturismo y pesca ribereña comercial y deportiva- que han convivido por décadas en armonía con la conservación ambiental del sitio. A esto se suma la vulneración de la soberanía nacional al entregar una parte del territorio nacional a una compañía extranjera en una zona fronteriza cercana de una base norteamericana (con embarcaciones y armas nucleares) y precisamente para una infraestructura estratégica para los Estados Unidos. Y es que las plantas de regasificación de gas natural licuado que se pretenden instalar en Baja California solamente satisfacerán la demanda energética de California.
