Resultan escandalosas y burdas las argucias verbales utilizadas por Ricardo Juárez para justificar lo injustificable: la autorización de la obra que promueve Fonatur sobre un área de 377 hectáreas destinada a la conservación de la vida silvestre y que sólo podrían utilizarse para actividades turísticas "con altas restricciones ecológicas". No son imaginables tales restricciones para un proyecto que incluye un campo de golf profesional de 36 hoyos con dos pistas, una casa club, un centro comercial, un fraccionamiento para uso hotelero y residencial; un hotel y un club de playa, entre otras obras.
Con una argumentación que insulta a la lógica más elemental, Juárez afirma: "sólo con programas turísticos como éste puede asegurarse la conservación y rescate de las zonas naturales, debido a los escasos recursos de la dependencia para cumplir estas tareas". (Ninguna ley advierte que puede ser violada ante la escasez de recursos.)
De acuerdo con diversos estudios que han cuantificado los servicios que prestan los manglares como origen de la vida costera marina, se estima que por cada hectárea de manglar destruido se pierden al año 760 kilogramos solamente de camarón, sin contar muchas otras especies de importancia comercial que dependen de este ecosistema. Por ello, se calcula que el servicio proporcionado por cada hectárea de manglar tiene un valor anual estimado que va de 10,000 a 16,750 dólares. Además, este entorno actúa como zona de amortiguamiento y resguardo, lo cual evita la erosión y protege a las poblaciones de huracanes y tormentas.
Conviene recordar que los costos de la destrucción ambiental los absorbemos todos. Si en el caso de los manglares contamos con leyes eficaces, que los protegen acotando los proyectos depredadores, debemos hacer que se cumplan, sobre todo por parte de las autoridades ambientales.
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