Protesta contra la contaminación del maíz mexicano, durante la reunión de ministros de medio ambiente de Norteamérica.
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Montreal, Canadá —
Greenpeace, con grupos campesinos y representantes sociales de todo el mundo, demandó implantar reglas estrictas para las compañías responsables de contaminación y daños causados por los transgénicos. Esta petición, elaborada ante los delegados que asisten a la segunda conferencia del Protocolo de Cartagena, fue acompañada de canola transgénica encontrada en Japón, la cual fue entregada a Stéphane Dion, ministro de ambiente de Canadá, quien preside la reunión.
Tal y como lo predijeron los movimientos ambientalistas, campesinos y
sociales, las semillas transgénicas han contaminado los cultivos
alimenticios alrededor del mundo desde su introducción en 1996. En esta
década han ocurrido más de 50 incidentes de contaminación ilegal con
transgénicos, en 25 países de los cinco continentes, aunque se teme que
haya más casos no documentados.
Entre estos casos de contaminación transgénica ilegal se cuentan los
ocurrido con cultivos tradicionales de maíz en México, arroz en China,
soya en Brasil, papaya en Tailandia, algodón en India, canola en
Canadá, y el más reciente, de canola en Japón.
"Se han encontrado transgénicos en campos de agricultores que nunca
sembraron ni querían cultivos transgénicos cerca de sus campos. En
lugar de compensación, los productores agrícolas se han visto obligados
a pagar regalías a las compañías agroindustriales por el "uso" de sus
patentes", dijo Doreen Stabinsky, de Greenpeace.
Maíz transgénico capaz de desarrollar alergias (Starlink) ha
contaminado productos alimenticios en dos continentes, en tanto que los
granos manipulados genéticamente con fines farmacéuticos han sido
descubiertos en silos de cultivos cosechados en Estados Unidos.
Mientras, Estados Unidos continúa con la siembra de campos de
experimentación y el cultivo comercial de transgénicos que van desde
vacunas de cerdo hasta plásticos industriales.
La reunión del Protocolo de Cartagena, que arrancó hoy, concluye el
próximo 3 de junio. Greenpeace, como otras organizaciones, estará en
esta reunión vigilando las discusiones y señalando aquellos pasos que
constituyan un retroceso en las discusiones sobre bioseguridad.
La delegación ¿mexicana?
Por parte de México asiste una delegación que produce más incertidumbre
que confianza. Integrada por siete secretarías de estado (Sagarpa, Ssa,
Economía, SHCP, SEP, SRE y Semarnat), se negó a hacer pública la
postura que el gobierno mexicano defenderá en esta reunión. Más aún,
incorporó comop parte de la delegación a Víctor Manuel Villalobos
Arámbula, encargado de Asuntos Internacionales de la Secretaría de
Agricultura, quien se encuentra sometido a procesos tanto
administrativo como penal por haber excedido sus funciones en
encuentros internacionales, donde entre otras cosas firmó un "TLC
transgénico" en un intento por evadir los compromisos ya contraídos en
el Protocolo de Cartagena.
Además, en la primera reunión del Protocolo boicoteó en nombre de
México los consensos alcanzados, los cuales exigían mayor rigor en la
comercialización de los transgénicos producidos en países como Estados
Unidos y Canadá.
Sobre la posición de México, organizaciones campesinas y civiles han
demandado la defensa de estos puntos: establecer un régimen de
responsabilidad obligatorio para las empresas basado en el principio de
"quien contamina, paga"; que se establezca un fondo de compensación y
reparación de daños; que se especifique qué es un daño, quiénes son los
responsables y cuáles son los estándares de responsabilidad; que todo
ciudadano tenga acceso a las instancias judiciales para demandar la
reparación del daño.
Si bien en esta reunión los países no miembros del Protocolo y
promotores de los transgénicos presionan para que el etiquetado sea
ambiguo, es necesario que los países miembros, destacadamente México,
establezcan mecanismos para que los países importadores cuenten siempre
con información básica: si el producto es o contiene OGM; si el OGM ha
sido prohibido o aprobado bajo la legislación nacional del exportador;
identificación clara de modificaciones transgénicas que contengan o
puedan contener los bienes procesados importados; información sobre la
posible presencia accidental de OGM en embarques, entre otros.