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Josefina Martín Olcina
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Forcejeo en el Gobierno para autorizar la siembra ilegal de maíz transgénico
25 septiembre 2006
A cinco años de que se descubrió la contaminación transgénica del maíz, Greenpeace sembró una duda gigante, para exigir un monitoreo riguroso del alcance nacional de dicha contaminación.
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El 22 de septiembre, el secretario Mayorga reconoció que, ante la falta de un régimen de protección especial que proteja al maíz, las siembras con variedades transgénicas de este grano no podrían realizarse, al menos en lo que resta del 2006 (El Financiero, 21 de septiembre).
“En torno a un tema de seguridad nacional como es la liberación al ambiente de variedades transgénicas de maíz que pueden contaminar la diversidad de razas nativas y parientes silvestres de este cultivo, la Sagarpa no puede actuar de manera tan poco seria al grado de incluso desmentir a su titular”, expresó Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de Transgénicos de Greenpeace México.
En el desmentido, enviado a un periódico de circulación nacional, Sagarpa reitera su voluntad de atender la demanda de sembrar maíz transgénico “con criterios científicos y con base en el cumplimiento de la ley”. Sin embargo, hasta la fecha el Proyecto Maestro de Maíz, punta de lanza de las siembras transgénicas, no ha dado respuesta a los cuestionamientos científicos ni se ha apegado a los requisitos establecidos en la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
Por ello, prestigiados académicos y organizaciones civiles han cuestionado la premura con que se pretenden autorizar las solicitudes para la siembra experimental de maíz transgénico.
Incluso una voz calificadora de este proceso, el doctor José Sarukhán, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), señaló de manera oficial que lo prioritario es crear el régimen de protección especial de maíz, incluso antes de siquiera evaluar la posibilidad de sembrar maíz transgénico a escala experimental. También destacó la urgencia de crear la reglamentación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y definir los centros de origen y diversidad de maíz en México (oficio del 7 de agosto de 2006 dirigido a Francisco Mayorga, titular de Sagarpa).
“La intención de liberar maíz transgénico en las endebles condiciones jurídicas actuales ha generado una fuerte controversia en las secretarías mencionadas que sólo es posible entenderla como resultado de una instrucción presidencial que debe acatarse a cualquier costo, incluso desconociendo el marco legal por más deficiente que éste sea”, sostuvo Ampugnani.
Dicha instrucción presidencial podría llevar a desconocer opiniones de actores clave, como el doctor Sarukhán, y sólo aceptar la de aquellas dependencias gubernamentales interesadas en introducir tecnologías agrícolas no diseñadas para las condiciones de México que pueden provocar daños irreversibles en los ecosistemas y en la biodiversidad.
Corporaciones vs interés nacional
Para Greenpeace la introducción y la legalización de la siembra de maíz transgénico en México sólo busca satisfacer el interés de las corporaciones transnacionales, que pretenden obtener beneficios económicos a costa de la contaminación de los recursos genéticos públicos, patrimonio de todos los mexicanos.
Por ello, la organización ambientalista reitera sus demandas:
“En torno a un tema de seguridad nacional como es la liberación al ambiente de variedades transgénicas de maíz que pueden contaminar la diversidad de razas nativas y parientes silvestres de este cultivo, la Sagarpa no puede actuar de manera tan poco seria al grado de incluso desmentir a su titular”, expresó Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de Transgénicos de Greenpeace México.
En el desmentido, enviado a un periódico de circulación nacional, Sagarpa reitera su voluntad de atender la demanda de sembrar maíz transgénico “con criterios científicos y con base en el cumplimiento de la ley”. Sin embargo, hasta la fecha el Proyecto Maestro de Maíz, punta de lanza de las siembras transgénicas, no ha dado respuesta a los cuestionamientos científicos ni se ha apegado a los requisitos establecidos en la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
Por ello, prestigiados académicos y organizaciones civiles han cuestionado la premura con que se pretenden autorizar las solicitudes para la siembra experimental de maíz transgénico.
Incluso una voz calificadora de este proceso, el doctor José Sarukhán, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), señaló de manera oficial que lo prioritario es crear el régimen de protección especial de maíz, incluso antes de siquiera evaluar la posibilidad de sembrar maíz transgénico a escala experimental. También destacó la urgencia de crear la reglamentación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y definir los centros de origen y diversidad de maíz en México (oficio del 7 de agosto de 2006 dirigido a Francisco Mayorga, titular de Sagarpa).
“La intención de liberar maíz transgénico en las endebles condiciones jurídicas actuales ha generado una fuerte controversia en las secretarías mencionadas que sólo es posible entenderla como resultado de una instrucción presidencial que debe acatarse a cualquier costo, incluso desconociendo el marco legal por más deficiente que éste sea”, sostuvo Ampugnani.
Dicha instrucción presidencial podría llevar a desconocer opiniones de actores clave, como el doctor Sarukhán, y sólo aceptar la de aquellas dependencias gubernamentales interesadas en introducir tecnologías agrícolas no diseñadas para las condiciones de México que pueden provocar daños irreversibles en los ecosistemas y en la biodiversidad.
Corporaciones vs interés nacional
Para Greenpeace la introducción y la legalización de la siembra de maíz transgénico en México sólo busca satisfacer el interés de las corporaciones transnacionales, que pretenden obtener beneficios económicos a costa de la contaminación de los recursos genéticos públicos, patrimonio de todos los mexicanos.
Por ello, la organización ambientalista reitera sus demandas:
- Establecer el régimen de protección especial de maíz, previo a cualquier consideración de Sagarpa y Semarnat para autorizar la siembra experimental de maíz transgénico.
- Dicho régimen debe ser cero tolerante con las variedades transgénicas de este cultivo y ser el resultado de un ejercicio interdisciplinario y transparente de cara a la sociedad.
- Tomar en cuenta la abundante documentación científica que fundamenta los riesgos ambientales que conllevan los transgénicos que se pretenden autorizar.
- Realizar un monitoreo en todo el territorio nacional para determinar el grado de contaminación genética que vive el maíz mexicano tras una década de importación de maíz transgénico procedente de Estados Unidos.
Participa: di NO al cultivo de maíz transgénico en México
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