Ley Monsanto: prueba de fuego para los senadores

Al hecho de que esta iniciativa defiende los intereses corporativos y no los intereses de la nación se agrega que el proceso legislativo está plagado de ilegalidades, entre ellas el hecho de que los senadores de las comisiones dictaminadoras (Estudios Legislativos Segunda, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología) no elaboraron el dictamen que se disponían a aprobar. Debido a que las comisiones no se reunieron previamente a analizar la minuta que salió de la Cámara de Diputados para elaborar su dictamen se deduce que éste fue elaborado por Francisco Bolívar Zapata y Roberto Ortega Lomelín, dos de los principales promotores de la ley Monsanto.

"Los senadores han recibido alrededor de mil cartas de ciudadanos reclamando su derecho a saber lo que se comen. Igualmente, han recibido las recomendaciones y propuestas de científicos y académicos para mejorar la ley antes de aprobarla. Cuentan con el estudio de la CCA sobre maíz y biodiversidad y las recomendaciones que contiene. Diversas movilizaciones campesinas e indígenas han expresado un claro rechazo a la actual iniciativa de ley de bioseguridad. Sin embargo, contra toda lógica, ignorando a la ciudadanía, desechando lo que los científicos dicen y permitiendo que los promotores de los transgénicos se apropien del proceso legislativo, los senadores se disponen a aprobar hoy un dictamen con graves problemas", dijo Areli Carreón, coordinadora de la campaña de consumidores de Greenpeace México.

Mientras activistas disfrazados de ángeles entregaban a los senadores la posición de científicos independientes sobre esta iniciativa y les daban razones para no aprobar la actual iniciativa de ley de bioseguridad; activistas representando a demonios con el logo de la transnacional Monsanto los urgían a aprobarla ya.

"Tal parece que estamos intentando dialogar con una pared. Las razones de los senadores son inaceptables: los legisladores argumentan que es mejor aprobar ya una mala ley a no tener una ley pronto, olvidando que es su obligación aprobar la mejor ley posible, tomando el tiempo necesario para hacerlo. Los senadores argumentan que "Ninguna Ley es perfecta" y con ello pretenden justificar su irresponsabilidad al aprobar una ley con claras y graves deficiencias. Ante la falta de compromiso de los legisladores con los mexicanos y la carencia de mecanismos legales para que los ciudadanos les demandemos responsabilidad, el último recurso que tenemos es apelar a su conciencia, pues está en juego la soberanía alimentaria del país, la agricultura y la biodiversidad de México" dijo Carreón.

"El 24 de noviembre pasado se emitió una resolución de la Unión Internacional para la Conservación Mundial (IUCN, por su sigla en inglés) llamando a los países a establecer una moratoria a la liberación de organismos transgénicos al medio ambiente, en tanto pueda demostrarse que son seguros para la biodiversidad y la salud humana y animal. En Europa está disminuyendo el consumo de transgénicos, gracias a que el etiquetado obligatorio le permite a los ciudadanos decidir y estos han elegido rechazarlos en su dieta. Las autoridades europeas han establecido regulaciones restrictivas a los transgénicos, aun cuando no tienen una biodiversidad como la mexicana. Es absurdo que mientras la comunidad internacional y los países desarrollados se proponen limitar responsablemente esta tecnología por sus implicaciones ambientales y económicas, en México nuestros legisladores le extiendan a las corporaciones agrobiotecnológicas un cheque en blanco", dijo María Colín, asesora legal de Greenpeace.

Entre los problemas más importantes y graves de la actual propuesta de ley de Bioseguridad están que:

- propicia la liberación indiscriminada de transgénicos al ambiente sin mecanismos de monitoreo, de vigilancia, ni de responsabilidades para las empresas en caso de daños;
- no establece adecuados sistemas de protección e indemnización para campesinos afectados por contaminación o flujo genético;
- no establece el etiquetado claro de alimentos derivados de OGM;
- deposita sobre la ciudadanía la carga de la prueba, es decir, le pide a los posibles afectados que acompañen sus opiniones con evidencia científica y técnica;
- impide que las entidades federativas participen en la toma de decisiones durante el proceso de autorización;
- boicotea el Protocolo de Cartagena, en particular el Acuerdo Fundamentado Previo;
- No prevé mecanismos para dotar a las autoridades de capacidad en recursos humanos y materiales para llevar a cabo procesos de monitoreo, detección y vigilancia efectivos de OGM, entre otros.

"Hoy en el Senado sabremos por la votación de la Ley Monsanto cuáles senadores están comprometidos con un ejercicio legislativo serio y responsable con la sociedad y cuáles sirven a gran velocidad a los intereses privados de las corporaciones", finalizó Carreón.