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La sociedad logra insertar temas clave en la Ley de Bioseguridad
Activista de Greenpeace desciende en rapel en la Cámara de Diputados para desplegar una manta de rechazo a la Ley Monsanto.
Ver imagenA la sesión acudieron el escritor Carlos Montemayor y los doctores Antonio Turrent, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y de la Academia Mexicana de Ciencias, y José Antonio Serratos, del INIFAP, quienes conversaron con legisladores.
Conocimiento de causa
"El interés de las empresas no es que las comunidades coman sino extender su número de clientes cautivos, expandir su control del mercado", reflexionó Montemayor. "Conforme la contaminación se extienda, Monsanto demandará pago de regalías de tal manera que estaremos cautivos de una expansión comercial y no de una mejora tecnológica ni mucho menos social".
Por su parte, Turrent declaró que la propuesta de dejar sólo algunas zonas libres de transgénicos significaría quitarle su espacio a los 62 grupos étnicos, la última generación de 300 grupos indígenas mesoamericanos creadores del maíz. "En la medida en que entren transgénicos estamos afectando el espacio vital en el que se desarrolla el proceso evolutivo del maíz. Esta ley es una amenaza a la seguridad del cultivo del maíz".
Serratos señaló la incompatibilidad entre una propuesta de ley que fomenta la biotecnología y una auténtica ley de bioseguridad. "No se puede ser juez y parte. Los legisladores deben escuchar a la pluralidad de opiniones tanto científicas, como culturales. Somos megadiversos no sólo biológica, sino culturalmente y los generadores de la biodiversidad deben participar en la protección tanto del maíz como de otras especies. Esta ley va a tener impactos a largo plazo pues agravará los problemas que ya tenemos con la contaminación transgénica".
Una medicina indispensable
Activistas de Greenpeace repartimos entre los legisladores una medicina llamada "AntiCorp", que contiene "Paramonsantol" y "Syngentrina", y es útil "contra el poder corporativo". En el instructivo se leía: "AntiCorp es una medicina de rescate de los virus Molinaris Horcasitus y Uilisis Adamus, los cuales provocan Monsantosis, padecimiento que lleva a los legisladores a creer que proteger los intereses de las corporaciones transnacionales significa el progreso de México. Esta dolencia es un mal crónico en la bancada del PAN y es altamente contagiosa: puede llevar a cenecistas a actuar contra campesinos; a pvemistas a actuar en contra del medio ambiente y en general a los legisladores a despreciar los derechos ciudadanos".
El medicamento recomendaba: "Con AntiCorp usted puede prevenir un ataque de Monsantosis a la hora de votar la Ley de Bioseguridad y puede prevenir el sometimiento de nuestra biodiversidad, nuestra salud y nuestra soberanía alimentaria al control corporativo. Tómese al momento de iniciar el debate..."
Acción ante el pleno
Un activista desciende ante el pleno de la Cámara de Diputados para rechazar la
"En lugar de actuar con precaución ante una tecnología poco conocida, panistas y priistas le han abierto las puertas acríticamente a esta tecnología patentada y monopolizada por unas cuantas compañías transnacionales, que podrán experimentar sin responsabilidad, sin límites claros y sin pedir permiso. Esta ley no ha previsto ningún mecanismo operativo para monitorear el destino de los transgénicos, ni para controlar y proteger nuestros alimentos, nuestros cultivos y nuestra riqueza genética", afirmó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.
El proceso mediante el cual se aprobó esta ley estuvo plagado de irregularidades impulsadas por los diputados panistas, como tomar decisiones sin el quórum necesario y no reconocer acuerdos previos.
"Esta ley deberá ser discutida y en su caso votada en el Senado, por lo que llamamos a la ciudadanía a participar y hacerse oír ante los senadores, para que nuestro país pueda contar con una verdadera Ley de Bioseguridad que proteja a los mexicanos de la incertidumbre y los riesgos transgénicos", señaló Areli Carreón, coordinadora de la campaña de Consumidores de Greenpeace.
"Lo único rescatable de esta ley es el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a saber qué hay en los alimentos través de un etiquetado, votado favorablemente por PRD, PVEM y algunos priistas. Como sociedad, seguiremos pugnando para que este derecho permanezca en la ley y se lleve a la práctica, pues sabemos que las empresas buscarán eliminarlo durante la discusión en el Senado", afirmó Pablo Uribe, coordinador de litigio del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
