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Acción de Greenpeace en demanda de eliminar las emisiones de 
sustancias altamente tóxicas.

Acción de Greenpeace en demanda de eliminar las emisiones de sustancias altamente tóxicas.

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DF, México — Al comenzar a operar el Convenio de Estocolmo, medio centenar de países están comprometidos a reducir en forma continua la presencia de los compuestos más nocivos.

Este 17 de mayo entró en vigor el Convenio de Estocolmo. Eso significa que México y otras 49 naciones se verá en la obligación de impedir la producción, uso y liberación al medio ambiente de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), sustancias sumamente tóxicas que están ya en los tejidos de casi todos los seres humanos y que incluso llegan a regiones remotas del planeta.

Este Convenio, cuyo objetivo es la protección de la salud humana y el medio ambiente, se enfoca de manera prioritaria a doce COPs, aunque establece un mecanismo para añadir nuevas sustancias. Entre los principales COPs están nueve plaguicidas organoclorados, como el DDT; aceites industriales usados principalmente en la industria eléctrica, conocidos como PCB, y contaminantes que se producen de manera no intencionada como las dioxinas y furanos, generados durante la combustión de compuestos químicos con cloro.

Vigilancia cívica

Para garantizar que la entrada en vigor del Convenio de Estocolmo sea una victoria para el medio ambiente y para nuestro futuro, más de 50 organizaciones ciudadanas y especialistas entregaron una carta a las autoridades ambientales demandándoles formar un comité coordinador intersecretarial que permita la participación ciudadana y defina una política preventiva, como parte de la elaboración del plan nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo.

Las organizaciones ciudadanas demandan que el comité coordinador para la elaboración del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo establezca mecanismos claros de participación de la sociedad civil y defina una política ambiental preventiva, transparente, incluyente, que garantice el derecho público a la información sobre los COPs, con campañas masivas educativas sobre los riesgos a la salud y al ambiente, que promueva formas de producción limpia y alternativas a procesos (como la incineración) que generan este tipo de contaminantes. Además plantean la necesidad de realizar un monitoreo de los COP en el ser humano y en alimentos, entre otros puntos.

Estas organizaciones recuerdan que los países miembros del Convenio se comprometieron a realizar un plan nacional de aplicación durante los dos años siguientes a la entrada en vigor, y para ello pueden silicitar respaldo de diversas agencias que forman el Fondo para el Medio Ambiente Global. México pidió al Banco Mundial apoyo financiero para la preparación del Plan Nacional de Aplicación del convenio de los COPs, que bajo supervisión de la Semarnat, será administrado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, organismo creado por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Hay que recordar que México acordó en la Comisión de Cooperación Ambiental planes de manejo en la región de Norteamérica para algunos de los COPs incluidos en el Convenio de Estocolmo, como el DDT y el clordano -que ya no se usan en México- y los PCB -de los que se elaboró un inventario-, además están elaborando el plan regional sobre dioxinas y furanos. Sin embargo, estos planes requieren ser integrados en una estrategia más amplia de aplicación del Convenio de Estocolmo, a juicio de los firmantes de la carta, entre los cuales está Greenpeace y la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

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