Percy Schmeiser, agricultor canadiense acusado por Monsanto de usar semillas patentadas.
Agrandar imagenCon este fallo, la Corte ha legitimizado que Monsanto y otras transnacionales sigan contaminando sembradíos de campesinos que no escogieron semillas transgénicas para sus cultivos y que puedan amenazar y demandar a los agricultores por este hecho. Durante miles de años, los campesinos de todo el mundo han tenido el derecho de decidir qué cultivos sembrar y bajo qué sistema agrícola hacerlo, pero el veredicto de la Corte cambia esta situación para beneficiar a las corporaciones, especialmente a Monsanto que controla alrededor de 90% de las semillas transgénicas sembradas en el mundo.
Antecedentes
En agosto de 1998, Monsanto interpuso la demanda contra Schmeiser, con lo cual reclamó derechos sin responsabilizarse del movimiento del polen de su semilla en el ambiente.
En marzo de 2001, la Corte Federal de Canadá consideró que Schmeiser había infringido la patente de Monsanto. Esta decisión fue muy controvertida, porque la Corte nunca tuvo evidencia de que el demandado sembrara deliberadamente las semillas transgénicas. Schmeiser ha apelado esta decisión en mayo de 2002 y en enero de 2004, pero la Corte ha mantenido su veredicto.
México en la mira
Desde 2001, cuando se hizo público que variedades nativas de maíz habían sido contaminadas por ADN de variedades transgénicas importadas de Estados Unidos, Greenpeace y otras organizaciones advertimos que por ninguna circunstancia se debería permitir que las transnacionales demandaran a los campesinos por "robo de genes", dado que ellos eran víctimas de la contaminación genética.
Las autoridades mexicanas no tomaron las medidas necesarias y, peor aún, permitieron que se creara un escenario propicio para que ahora la trasnacional Monsanto prosiga con ataques legales, pero contra campesinos mexicanos. De hecho, en Chiapas ya está amenazando a la gente del campo con desplegados de prensa en los que advierte al "Amigo agricultor" que el uso de soya transgénica está regulado por leyes y exige la firma de licencia de uso. No cumplir con tal requisito "es un delito federal que puede resultar en una pena de prisión de hasta nueve años y multas mayores", anuncia la trasnacional.
Los defensores de los transgénicos y nuestras dispiscentes autoridades han minimizado una y otra vez la posibilidad de que las corporaciones biotecnológicas entablen disputas legales contra los campesinos mexicanos. Hoy, el caso Schmeiser muestra que ese escenario es peligrosamente real.
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