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Monsanto soborna al gobierno de Indonesia para introducir transgénicos
Activistas de Greenpeace representan a legisladores del PRI y del PAN que son manejados por corporaciones biotecnológicas, como Monsanto.
Ver imagenMonsanto estaba acusada ante la justicia estadunidense de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés) por entregar un "pago ilegal" de 50 mil dólares a un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente indonesio, quien eliminaría un requerimiento de estudio de impacto ambiental.
El soborno fue pagado por un funcionario de Monsanto y fue contabilizado falsamente como un "gasto de consultoría" en los libros de la empresa, afirmó el asistente de la Fiscalía General, Christopher Wray. Pero no sólo eso, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) señaló que Monsanto habría repartido alrededor de 700 mil dólares a cerca de 140 funcionarios y a sus familiares. Muchos de los pagos realizados se habrían destinado a la compra de terrenos y para la construcción de una casa a nombre de la esposa del ministro de Agricultura, de acuerdo con la SEC.
Monsanto en México
Para Alejandro Nadal, investigador de El Colegio de México y experto en tema ambientalistas, este hecho no refleja el actuar de un empleado sino "un modus operandi de la empresa agroquímica". Por lo que México y los demás países donde Monsanto tiene presencia tienen la obligación de realizar auditorías para verificar de qué forma está operando esa firma.
Nadal consideró que este caso tiene "implicaciones tremendas para México porque en este momento se está discutiendo la ley sobre bioseguridad, asunto en el que esta compañía, con presencia en el país, juega un papel fundamental y quiere a como dé lugar la liberación de transgénicos en México".
El pasado 14 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), a pesar de las protestas al contenido realizadas por agrupaciones civiles, científicos e intelectuales.
Greenpeace ha dicho que la ley aprobada por los diputados no protege al medio ambiente ni a los campesinos que siembran maíz criollo, y sí promueve la apertura de los transgénicos para experimentación o siembra. La ley será turnada al Senado en febrero próximo, donde su primera versión ya había sido aprobada.
El investigador y analista dijo que Monsanto, que ha argumentado que el mercado es quien elige cultivar y consumir los transgénicos por sus virtudes y que explica que por ello la superficie cultivada con transgénicos está aumentando, ahora muestra cómo es que en realidad opera este negocio: "Lejos de jugar las reglas del mercado libre, Monsanto se basa en la corrupción, y las virtudes de los transgénicos parecen ser más claras cuando van acompañadas de sobornos".
Sancionada también por la SEC
La empresa agroquímica "aceptó asumir la responsabilidad por la conducta de sus empleados al pagar el soborno y hacer las falsas inscripciones en los libros y registros", afirmó el Departamento de Justicia en una declaración. "Monsanto también aceptó pagar una sanción monetaria de un millón de dólares", agregó.
Por separado, la empresa también llegó a un acuerdo que implica el pago de 500 mil dólares para poner fin a los procedimientos legales de la Comisión de Valores de Estados Unidos que también acusó a la empresa de violar la FCPA.
Además de pagar la multa, Monsanto acordó someterse a que las autoridades estadunidenses controlen sus actividades empresariales durante tres años. Durante ese tiempo, las autoridades estadunidenses no presentarán una acusación formal y después abandonarán el caso si la compañía cumple con todos los términos del contrato.
En un comunicado, la empresa afirmó lamentar las acciones de sus empleados pero aceptó la responsabilidad por el soborno: "Monsanto acepta la completa responsabilidad por esas actividades impropias, y sinceramente lamentamos que gente que trabajaba en nombre de la empresa se condujera de esa manera", afirmó el consejero de Monsanto, Charles Burson.
La compañía, una de las más impugnadas por los grupos ambientalistas por el manejo presuntamente incontrolado de los transgénicos, había reportado pérdidas por 40 millones de dólares durante su primer trimestre fiscal en la semana, aunque sus ventas se incrementaron 7 por ciento.
(La Jornada, 8 de enero de 2005.)
