Ante la pasividad cómplice del gobierno mexicano, el 24 de abril de 2002, diversas comunidades indígenas de Oaxaca, así como el grupo Estudios Rurales y Asesoría (ERA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Unión de Grupos Ambientalistas (UGAM) y Greenpeace decidimos llevar el caso a instancias internacionales. Así solicitamos a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del TLC que estudiara los impactos ambientales de la contaminación genética del maíz en la Sierra Juárez de Oaxaca.

Confiábamos en que esta solicitud, hecha con base en la normatividad del Acuerdo para la Cooperación Ambiental para América del Norte (ACAAN), permitiría abrir un importante foro de discusión sobre el tema en el marco de la CCA. Pero sobre todo esperábamos que las recomendaciones que la CCA emitiera fueran útiles para remediar la contaminación existente y para prevenir su propagación.

Cabe señalar que la CCA tiene la autoridad para iniciar investigaciones independientes y preparar reportes sobre conflictos ambientales. Aunque no puede imponer obligaciones legales, sí emite recomendaciones para solucionar el problema estudiado. El procedimiento es el siguiente: la CCA se encarga de reunir la información proveniente de distintas fuentes, incluyendo consultas públicas con comunidades afectadas y propuestas de organizaciones no gubernamentales. Una vez elaborado, el informe se presenta al Consejo de la CCA (los ministros de medio ambiente de México, Estados Unidos y Canadá) y se publica en un plazo de 60 días, a menos que el Consejo tome una decisión distinta.

Participación pública (y sobre todo privada)

El proceso de elaboración del informe sobre contaminación genética del maíz permitió que las comunidades indígenas se pronunciaran al respecto y destacaran que para los mexicanos el maíz es mucho más que una semilla o un grano: es cultura, es historia, es nuestra identidad.

En sentido opuesto, otros actores tuvieron una activa participación. Por ejemplo, algunos miembros del grupo asesor (responsable de guiar al Secretariado en la elaboración del informe, de formular la declaración final sobre el mismo y de hacerle recomendaciones a los ministros) y algunos autores de los capítulos del reporte tenían fuertes conflictos de interés debido a sus compromisos con la industria agrobiotecnológica.

A esta irregularidad se sumaron una intensa presión de la industria agrobiotecnológica sobre la CCA y, hacia el final del proceso, el voto de Estados Unidos en contra de hacer público el informe.

Sí pero no

El escenario actual no podía ser más complejo. El informe reconoce de manera irrefutable la contaminación genética, así como la necesidad de realizar amplios y variados estudios ante la falta de información sobre los impactos de la contaminación y el potencial efecto multiplicador de ésta por la dinámica de movilidad de los transgenes, entre otros puntos. Pero hay un fuerte lobby alrededor de la CCA para que el informe no se haga público o al menos sea aligerado.

Esta situación reproduce, a escala trinacional, la misma historia que se ha vivido en México con el problema de la contaminación genética del maíz. También en nuestro país se ha ocultado la información, por ello las comunidades afectadas y muchas organizaciones agrarias y ambientalistas exigen transparencia y demandan acciones urgentes para proteger la pureza del maíz criollo, base de la identidad y la cultura de los mexicanos.


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