Solicitan ONG a legisladores que exijan publicación del informe sobre maíz de la CCA

Dicho estudio fue realizado a petición de las comunidades afectadas por la contaminación transgénica de maíces criollos y las organizaciones antes citadas y ha sido la investigación más cara, participativa y polémica en los diez años de vida de la CCA. Los peticionarios decidieron acudir a la CCA debido a que el gobierno mexicano no tomaba, ni ha tomado, ninguna medida para revertir esta contaminación ni para detener su fuente: las importaciones de maíz transgénico procedentes de Estados Unidos.

"Este es el primer esfuerzo de investigación trilateral sobre este tema, fue realizado por un grupo de expertos -la mayoría de ellos independientes- encabezados por el doctor José Sarukhán, fue pagado con recursos públicos provenientes de nuestros impuestos y se refiere al maíz, el cultivo más importante para México y base de nuestra alimentación. Es decir, es un tema de interés público que ningún gobierno tiene el derecho de vetar, por lo que la CCA no puede retrasar más la publicación de este informe, que está listo y debía haberse hecho público desde junio pasado", afirmó Liza Covantes, coordinadora de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace México.

Que nadie lo sepa

A pesar de que intereses corporativos buscaron influir en los resultados, el informe reconoce la contaminación transgénica del maíz mexicano y señala que la misma se propagará si se deja sin supervisión. Igualmente, admite que falta información y estudios, particularmente sobre impactos a la salud y posibles efectos en el medio ambiente. De estos resultados, se desprenden recomendaciones fundamentales como suspender las importaciones de maíz transgénico, reforzar la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México, educar a los campesinos para que no usen semillas contaminadas y etiquetar los productos transgénicos para consumo humano.

"Las autoridades tienen la obligación de dar a conocer esta información a la ciudadanía y acatar las recomendaciones de los expertos para proteger el maíz mexicano", afirmó Areli Carreón, coordinadora de la campaña de consumidores de Greenpeace México.

"Los nueve diputados encargados de elaborar el dictamen sobre la Ley de Bioseguridad deben solicitar a la CCA que haga público el estudio Maíz y Biodiversidad por dos motivos: primero, dicho estudio contendrá diversas recomendaciones que la Cámara de Diputados deberá observar para modificar y adecuar el marco jurídico actualmente vigente, y segundo, el estudio contiene información científica que servirá como fundamento para la Ley de Bioseguridad. Por lo tanto, sería irresponsable que la Cámara de Diputados se precipite y dictamine la ley de bioseguridad sin conocer el texto oficial del estudio elaborado por la CCA", afirmó Pablo Uribe, coordinador de litigio del Cemda.

El informe con las recomendaciones estuvo listo desde el 7 de junio y fue entregado a las autoridades ambientales de Canadá, Estados Unidos y México el 23 de julio. Desde entonces los ministros de Medio Ambiente han retrasado injustificadamente la publicación del informe y de las recomendaciones.

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