La comunidad de El Higo, en Veracruz, acompañada de sus autoridades, clausura de manera simbólica la empresa Altecín por pretender incinerar askareles y otros desechos peligrosos.
Ver imagen
Más imágenes
El Higo, Veracruz, México —
Habitantes y autoridades de El Higo, Veracruz, y Greenpeace exigen que no entre en operación una incineradora de desechos peligrosos en esa comunidad, toda vez que los permisos otorgados por la Semarnat están plagados de irregularidades.
Pese a que existen todos los elementos necesarios para cancelar los
permisos de operación de la empresa incineradora de residuos peligrosos
Altecín y trasladar los 169 tambos de askareles (policlorobifenilos o
PBC) almacenados en ese municipio para darles un tratamiento adecuado,
la Semarnat no toma las medidas legales para hacerlo, denunciaron
autoridades del Ayuntamiento de El Higo.
De hecho, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental en
la Semarnat, Francisco Giner de los Ríos, escribió una carta el 27 de
abril al titular de la Profepa, José Luis Luege Tamargo, en la que
admite que los permisos otorgados por la Semarnat para este proyecto
"han perdido su eficacia". No obstante, sólo recomienda que se retiren
los askareles del sitio cuando debería cancelar definitivamente este
proyecto.
Fallas federales, impactos locales
La asociación ganadera local rechaza este incinerador porque la quema
de los químicos tóxicos contaminará el ganado y su carne, lo cual
podría terminará con la actividad agropecuaria en la Huasteca, donde se
produce 60% de la carne vacuna para el consumo nacional y para
exportación.
Por su parte, los cañeros advierten que no podrán garantizar la calidad
del azúcar de la región con la planta incineradora operando. En la zona
se siembran 15 mil hectáreas de caña de azúcar con una producción de un
millón 250 mil toneladas al año y una importante generación de empleos.
Y tienen razón, el 90% de los contaminantes orgánicos persistentes que
acumulamos en nuestro cuerpo los hemos ingerido con los alimentos, por
eso nos afectan a todos ya que resisten la degradación natural,
persisten en el tiempo y muchas veces sus efectos en la salud tardan
años en manifestarse.
De hecho, con la autorización de este proyecto, la Semarnat infringió
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
la Ley de Desarrollo Regional y Urbano de Veracruz y el Convenio de
Estocolmo, que obligan a México a desarrollar opciones de menor impacto
ambiental y a eliminar las fuentes de generación de los COP.
En opinión de las autoridades del ayuntamiento, los intereses detrás de
la aprobación de este proyecto no tienen nada que ver con la
normatividad ambiental ni con la protección del medio ambiente. A ello
se suma que las autoridades federales no han querido informar a las
municipales de dónde provienen estos askareles.
Greenpeace llama a los responsables de la política ambiental a detener
de inmediato este tipo de autorizaciones para incinerar productos
clorados ya que esta comprobada la generación de sustancias mucho más
tóxicas para la salud y el medio ambiente (dioxinas y furanos) que las
que se pretende eliminar. En cuanto a los askareles, deben recibir un
tratamiento no térmico.
Detalles de esta información en el Centro de Prensa.