Pese a que existen todos los elementos necesarios para cancelar los permisos de operación de la empresa incineradora de residuos peligrosos Altecín y trasladar los 169 tambos de askareles (policlorobifenilos o PBC) almacenados en ese municipio para darles un tratamiento adecuado, la Semarnat no toma las medidas legales para hacerlo, denunciaron autoridades del Ayuntamiento de El Higo.

De hecho, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental en la Semarnat, Francisco Giner de los Ríos, escribió una carta el 27 de abril al titular de la Profepa, José Luis Luege Tamargo, en la que admite que los permisos otorgados por la Semarnat para este proyecto "han perdido su eficacia". No obstante, sólo recomienda que se retiren los askareles del sitio cuando debería cancelar definitivamente este proyecto.

Fallas federales, impactos locales

La asociación ganadera local rechaza este incinerador porque la quema de los químicos tóxicos contaminará el ganado y su carne, lo cual podría terminará con la actividad agropecuaria en la Huasteca, donde se produce 60% de la carne vacuna para el consumo nacional y para exportación.

Por su parte, los cañeros advierten que no podrán garantizar la calidad del azúcar de la región con la planta incineradora operando. En la zona se siembran 15 mil hectáreas de caña de azúcar con una producción de un millón 250 mil toneladas al año y una importante generación de empleos.

Y tienen razón, el 90% de los contaminantes orgánicos persistentes que acumulamos en nuestro cuerpo los hemos ingerido con los alimentos, por eso nos afectan a todos ya que resisten la degradación natural, persisten en el tiempo y muchas veces sus efectos en la salud tardan años en manifestarse.

De hecho, con la autorización de este proyecto, la Semarnat infringió la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Desarrollo Regional y Urbano de Veracruz y el Convenio de Estocolmo, que obligan a México a desarrollar opciones de menor impacto ambiental y a eliminar las fuentes de generación de los COP.

En opinión de las autoridades del ayuntamiento, los intereses detrás de la aprobación de este proyecto  no tienen nada que ver con la normatividad ambiental ni con la protección del medio ambiente. A ello se suma que las autoridades federales no han querido informar a las municipales de dónde provienen estos askareles.

Greenpeace llama a los responsables de la política ambiental a detener de inmediato este tipo de autorizaciones para incinerar productos clorados ya que esta comprobada la generación de sustancias mucho más tóxicas para la salud y el medio ambiente (dioxinas y furanos) que las que se pretende eliminar. En cuanto a los askareles, deben recibir un tratamiento no térmico.

Detalles de esta información en el Centro de Prensa.