El gobierno da luz verde a la devastación de manglares

Con sólo cuatro líneas añadidas a la norma oficial NOM-022, el gobierno da vía libre a todos los proyectos que devastan manglares. Así materializa su pretención de no poner ningún obstáculo ambiental a los planes de desarrollo económico, aun cuando éstos destruyan los recursos naturales.

En el Diario Oficial del 7 de mayo de 2004, la Secretaría e Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el "acuerdo que adiciona la especificación 4.43 a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003", el cual irónicamente en su creación pretendía establecer las "especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar".

Dicha adición establece: "4.43 La prohibición de obras y actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22 y los límites establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre que en el informe preventivo o en la manifestación de impacto ambiental, según sea el caso se establezcan medidas de compensación en beneficio de los humedales y se obtenga la autorización de cambio de uso de suelo correspondiente".

En la realidad, este acuerdo confiere carácter legal a todos los proyectos que han arrasado con los manglares de México, los cuales cayeron en la ilegalidad desde abril de 2003, cuando entró en vigor la NOM-022. Dicha norma no logró contener la oleada depredadora en zonas como el municipio Benito Juárez, en Quintana Roo, donde se ha documentado una gran variedad de ilícitos (cambios ilegales en el uso de suelo, por ejemplo) que ahora adquirirán el status de legalidad a costa de los recursos naturales de la región y de un ecosistema fundamental para la zona y para los arrecifes coralinos, como es el manglar.

En opinión de la Semarnat, la norma era deficiente, pues "no establece la figura de compensación que deberá utilizarse para la autorización de la obra o actividad en el procedimiento de impacto ambiental... (compensación que) permitirá aumentar la superficie de manglar en beneficio de los recursos naturales y las personas por los servicios ambientales que dichos ecosistemas proveeen".

Sin embargo, la norma fue diseñada expresamente para proteger un ecosistema fundamental que se encontraba en riesgo. De acatarse la norma, no habría necesidad de compensación alguna. Los infractores tendrían la obligación de restaurar lo afectado, además de recibir las sanciones que correspondieran. A partir de ahora, no serán delincuentes ambientales, sólo deberán "arreglarse" con los funcionarios de la Semarnat.

Permisos para delinquir

La modificación de la NOM-022 no es más que la puesta en práctica de la intención expresada por la Semarnat en 2003, que se resumía en una frase: generar recursos cobrando impuestos a los delincuentes ambientales. A pesar del repudio que mostraron las organizaciones ambientalistas a semejante propuesta, la dependencia comenzó a aplicarla.

Un ejemplo de esta lógica fue el del hotel Playa Real en Cancún, promovido por Fernando García Zalvidea, hermano del edil de ese municipio, Ignacio García Zalvidea. Las obras comenzaron antes de que la dependencia federal diera respuesta a la Manifestación de Impacto Ambiental, requisito indispensable para iniciar cualquier proyecto. Debido a esto la Semarnat ordenó la cancelación de la obra el 21 de enero de 2004. Sin embargo, una semana después, el 29 de enero, la delegación estatal de la Profepa autorizó la continuación de las obras a cambio de un millón 200 mil pesos, recursos que fueron destinados a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Usos de la Biodiversidad (Conabio).

Más lamentables resultaron los argumentos del director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Ricardo Juárez, al autorizar el 23 de febrero de 2004 la tercera etapa del proyecto Costa Cancún (promovido por Fonatur). Torciendo los concepos ambientales y efectuando una interpretación discrecional de la NOM-022, avaló un proyecto que necesitaba arrasar con 377 hectáreas de manglar destinadas a la conservación de la vida silvestre, las cuales -si acaso- sólo podrían ser destinadas a actividades turísticas con "altas restricciones ecológicas".

El funcionario se justificó: "Sólo con programas turísticos como éste puede asegurarse la conservación y rescate de las zonas naturales, debido a los escasos recursos de la dependencia para cumplir estas tareas".

"Es aberrante que la propia Semarnat argumente motivos económicos para permitir la destrucción de uno de los ecosistemas más importantes y frágiles de nuestro país. Ni siquiera en términos económicos conviene su devastación, ya que se estima que cada año los manglares de nuestro país proporcionan beneficios con un valor que va de 8 mil 860 millones a 14 mil 850 millones de dólares (de acuerdo con el valor estimado que proporciona cada hectárea de manglar en servicios a la pesca)", argumentó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Por si esto fuera poco, los manglares fungen como barreras contra la erosión y protegen a las poblaciones costeras de huracanes y tormentas, actuando como zona de amortiguamiento y resguardo.

Según un estudio publicado en la revista Nature (marzo de 2004), los altos índices de destrucción del manglar en el Caribe mexicano pueden afectar gravemente la producción pesquera y la integridad de los arrecifes, uno de los ecosistemas más visitados por los turistas.

"Queremos recordarle a las autoridades ambientales que su función es proteger el ambiente, que nadie los puso donde están para fungir como promotores turísticos, mucho menos si esto tiene como primera consecuencia la destrucción de los ecosistemas", señaló Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.


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