Por violar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el Código Penal Federal, así como el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología, organizaciones campesinas, ambientales y derechos humanos denunciaron al gobierno mexicano ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte