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Josefina Martín Olcina
"Para mí es un orgullo pertenecer a una ONG que ha hecho tanto por abrirle los ojos al mundo. Sus investigaciones son excelentes, sin ellas no sabríamos la verdad. Yo participo mandando la información y haciendo propaganda de Greenpeace. Como hobbie, me dedico a las ciberacciones. Creo que la gente debería empezar a preocuparse por su futuro". Tú también, únete a Greenpeace.
Con un "NO" espectacular, de 60 metros de diámetro dibujado en un campo de maíz del Estado de México, Greenpeace demandó al gobierno del presidente Fox que no autorice la siembra de maíz transgénico como pretende hacerlo antes de que termine su sexenio. Greenpeace reiteró que México debe proteger su rica diversidad de maíz ante el riesgo de contaminación genética.
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“Sabemos que las empresas e incluso el presidente Vicente Fox presionaron fuertemente a las autoridades de Agricultura y Medio Ambiente para que aprobaran estas siembras sin importar las consecuencias ambientales y los impedimentos legales. Es muy positivo que no hayan cedido y que hayan tomado una decisión en congruencia con el hecho de que todo México es centro de origen y diversidad del maíz y de que estas siembras eran totalmente ilegales”, declaró Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de transgénicos y agricultura sustentable de Greenpeace México.
Por tercera ocasión en un año (octubre de 2005, febrero de 2006 y ahora), Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences solicitaron la siembra de maíz transgénico, pese a que México tiene variedades nativas de maíz en todo su territorio y que las siembras transgénicas detonarían un proceso de contaminación genética irreversible del cultivo que es base de la subsistencia de millones de familias campesinas e indígenas.
“En estos momentos la transnacional Monsanto y las otras corporaciones están amenazando con impugnar la decisión. Frente a estas presiones las autoridades deben mantenerse firmes en este rechazo. Si de proteger al maíz mexicano se trata, cuentan con el apoyo de Greenpeace y de muchos otros actores”, dijo Ampugnani.
Los permisos no fueron aprobados porque aún no se han identificado los centros de origen y diversidad del maíz en México ni se ha creado el régimen de protección especial de maíz, requisitos señalados en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Estos dos aspectos fueron planteados por Greenpeace desde septiembre pasado, así como una amplia documentación científica que fundamenta las objeciones ambientales a los transgénicos: por ejemplo, aquellos que son tolerantes a herbicidas incrementan la aplicación del herbicida sobre las plantas, lo que contamina suelos y cauces de agua; aquellos que producen su propio insecticida (Bt) resultan ineficientes en el corto plazo pues generan resistencia en los insectos que buscan combatir y afectan a otros insectos; además, son inciertos los impactos de los transgénicos sobre sus parientes silvestres y sobre la salud de los consumidores.
Ahora, el siguiente paso del gobierno debe ser, por fin, establecer estrictas medidas de bioseguridad y realizar un monitoreo en todo el país para determinar el grado de contaminación genética debida a la importación de maíz transgénico estadounidense e incluso establecer una moratoria sobre las variedades transgénicas.
Por su parte, las corporaciones seguirán presionando en su propósito de penetrar y acaparar el mercado de semillas de maíz mexicano.
“El próximo gobierno no debe ceder a estos intereses, pues lo que está en peligro es nuestra seguridad alimentaria, nuestra independencia genética y el patrimonio de millones de mexicanos”, dijo Ampugnani.
Por tercera ocasión en un año (octubre de 2005, febrero de 2006 y ahora), Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences solicitaron la siembra de maíz transgénico, pese a que México tiene variedades nativas de maíz en todo su territorio y que las siembras transgénicas detonarían un proceso de contaminación genética irreversible del cultivo que es base de la subsistencia de millones de familias campesinas e indígenas.
“En estos momentos la transnacional Monsanto y las otras corporaciones están amenazando con impugnar la decisión. Frente a estas presiones las autoridades deben mantenerse firmes en este rechazo. Si de proteger al maíz mexicano se trata, cuentan con el apoyo de Greenpeace y de muchos otros actores”, dijo Ampugnani.
Los permisos no fueron aprobados porque aún no se han identificado los centros de origen y diversidad del maíz en México ni se ha creado el régimen de protección especial de maíz, requisitos señalados en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Estos dos aspectos fueron planteados por Greenpeace desde septiembre pasado, así como una amplia documentación científica que fundamenta las objeciones ambientales a los transgénicos: por ejemplo, aquellos que son tolerantes a herbicidas incrementan la aplicación del herbicida sobre las plantas, lo que contamina suelos y cauces de agua; aquellos que producen su propio insecticida (Bt) resultan ineficientes en el corto plazo pues generan resistencia en los insectos que buscan combatir y afectan a otros insectos; además, son inciertos los impactos de los transgénicos sobre sus parientes silvestres y sobre la salud de los consumidores.
Ahora, el siguiente paso del gobierno debe ser, por fin, establecer estrictas medidas de bioseguridad y realizar un monitoreo en todo el país para determinar el grado de contaminación genética debida a la importación de maíz transgénico estadounidense e incluso establecer una moratoria sobre las variedades transgénicas.
Por su parte, las corporaciones seguirán presionando en su propósito de penetrar y acaparar el mercado de semillas de maíz mexicano.
“El próximo gobierno no debe ceder a estos intereses, pues lo que está en peligro es nuestra seguridad alimentaria, nuestra independencia genética y el patrimonio de millones de mexicanos”, dijo Ampugnani.
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