Ya no tiene excusa el gobierno: debe frenar la contaminación del maíz

El pasado 18 de octubre, Greenpeace hizo del conocimiento público la versión del reporte Maíz y biodiversidad: los efectos del maíz transgénico en México, correspondiente al 31 de agosto. En la versión final, dada a conocer por el Secretariado de la CCA este 8 de noviembre en su página web, prácticamente se mantienen intactas las recomendaciones, salvo tres modificaciones de sintaxis que no cambian el sentido. Se añaden los comentarios de los tres gobiernos de América del Norte sobre el reporte. Éstos corroboran que las dilaciones en la publicación de este transcendental documento se basaban en intereses políticos (las elecciones de Estados Unidos) y económicos (posibles repercusiones sobre las industrias cerealeras estadounidenses).

Cabe recordar que la elaboración de este informe fue solicitada por comunidades de Oaxaca y organizaciones civiles, ante la nula respuesta del gobierno de México para resolver el problema de la contaminación genética del maíz mexicano, ocasionada por las importaciones de maíz transgénico procedente de Estados Unidos. Esta negligencia resultaba inaceptable por ser México centro de origen y diversidad del maíz.

Ahora que el informe reconoce este problema, sus causas y recomienda medidas precisas para resolverlo, nuevamente los funcionarios mexicanos comienzan a buscar excusas.

La táctica del avestruz

Recientemente, haciendo caso omiso al informe de la CCA, Javier Usabiaga, secretario de Agricultura, declaró: "México está listo para sembrar experimental y comercialmente maíz transgénico... tenemos gran potencial por la cantidad de variedades del grano" (Diario Monitor, 28 de octubre). Por otro lado, el mismo funcionario ya intentaba eludir sus responsabilidades respecto a las recomendaciones contenidas en el informe al señalar: "Las versiones que hay son descabelladas porque nadie conoce ese estudio" (Reforma, 27 de octubre).

Por otro lado, el secretario de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, buscó desacreditar el informe a través de un comunicado de prensa del 14 de octubre y advirtió: "Estas recomendaciones no son obligaciones legales que el país deba llevar a cabo y se trata de puntos de vista de los autores y de los comentarios de la sociedad en general, recibidos antes de su expedición final".

Al margen de la negligencia oficial, el Poder Legislativo debe implementar estas recomendaciones en el marco de la propuesta de ley de bioseguridad que actualmente discute en la Cámara de Diputados. Los legisladores no pueden darse el lujo de ignorar este estudio, el más importante a escala mundial que se haya realizado sobre los impactos de los transgénicos.